Un nuevo caso de censura tiene lugar en la Venezuela de Nicolás Maduro. Este lunes la dictadura chavista retiró de la programación de TV por suscripción al canal alemán Deutsche Welle (DW), luego de un informe en el que ese medio denuncia la corrupción en el seno del régimen y los nexos con el crimen organizado.
En un video de poco más de un minuto, el medio alemán se refiere al informe del año pasado de Transparencia Internacional que ubica a Venezuela como el segundo país más corrupto del mundo.
DW informa, además, que “políticos de alto rango participan en el Cartel de los Soles, una red criminal compuesta principalmente por militares”. “Trafican cocaína, oro minado ilegalmente y extorsionan. Los involucrados han hecho muchísimo dinero”, señala la cadena alemana en sus redes sociales.
Y agrega: “El Cartel de los Soles cuenta con el apoyo de alcaldes y gobernadores en regiones clave para el narcotráfico. No se sabe si Maduro juega un papel activo, pero el poder judicial está involucrado en el engranaje y tiende a ser permisivo con el Ejecutivo del presidente”.
En el informe, el periodista de la Deutsche Welle también habla de la “mafia estatal venezolana”.

Tras la publicación de este trabajo, la dictadura chavista no tardó en responder. El ministro de comunicación e información del régimen, Freddy Ñáñez, calificó de “fake” esa información y denunció a la agencia de noticias alemana por difamar y propagar odio contra Venezuela.
Horas después, varios periodistas informaron que el régimen había retirado a la cadena alemana de la programación en televisión.
“El canal 770 de simple TV ha dejado de transmitir la señal de @dw_espanol en Venezuela. Más censura. Más silencio”, denunció el periodista del diario Tal Cual, Víctor Amaya.
Varios usuarios comenzaron a replicar la información y otros confirmaron que ya no veían en su programación la versión española del medio alemán.

El pasado mes de noviembre, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció que en Venezuela, “igual que por muchos años”, se mantiene el “constante y sistemático régimen de censura” que “genera autocensura entre los medios” independientes.
Según dijo entonces la SIP, en el país caribeño “al menos dos emisoras salen del aire cada mes” por orden del ente regulador del Estado, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), a cuyo “criterio discrecional” están sujetos medios televisivos y radiales.
“Los periodistas se ven asediados por el régimen, son acosados y amenazados cuando intentan cubrir protestas sociales o denuncian irregularidades y corrupción”, aseveró la SIP.

De acuerdo con datos preliminares de Espacio Público suministrados en enero a la agencia EFE, el año pasado se registraron 383 violaciones a la libertad de expresión. Asimismo, la ONG reportó que la cifra en enero de este año fue de 24.
En una nota de prensa, la ONG señaló que la mayoría de las violaciones documentadas fueron “actos de censura, intimidación y ataques a periodistas, medios de comunicación, activistas y organizaciones de la sociedad civil”.
Aseguró que el Estado “se mantiene como el principal victimario y agresor a la libre expresión en el país”, al señalar a instituciones, cuerpos de seguridad y funcionarios, además de “simpatizantes del oficialismo”, entre los responsables de estas violaciones.
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