Hace 10 años: esto pasaba el 19 de julio

“Gracias, chicos, parece que estuviéramos firmando la paz en Siria”, ironizó Cristina Kirchner cuando los periodistas de la Casa de Gobierno se arremolinaron a su alrededor para cubrir el anuncio más esperado de aquel jueves: la Nación le había prestado a la provincia de Buenos Aires $600 millones para que cumpliera con el pago de los aguinaldos. Los estatales bonaerenses, que paraban por séptimo día para reclamar contra la división en cuotas, anunciaron que levantaban las medidas futuras.

Junto al gobernador Daniel Scioli, la presidenta y el ministro de Economía nacional, Hernán Lorenzino, Silvina Batakis —la actual, por entonces a cargo de Economía bonaerense— se sacó la foto la que acompañaría un comunicado: “El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, con este esfuerzo adicional del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, podrá completar el pago del medio aguinaldo la semana próxima, acortando así el plazo previsto para el 15 de agosto”.

El dinero, que se sumaba a un bono para los proveedores emitido por La Plata, salía del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. “Son recursos de nuestros trabajadores para los trabajadores”, interpretó la presidenta.

Al comenzar su segundo periodo, Kirchner había prometido reducir los subsidios al transporte público y aquel jueves cumplió: su ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, difundió que se ponía un tope de casi $1.000 millones por mes. Y también aclaró a quién le tocaría pagar la cuenta de esa reducción: “Por los mayores costos que puedan generarse en el futuro, cada jurisdicción decidirá si cambia la tarifa o asigna compensaciones del propio presupuesto”, explicó Randazzo.

Eso significaba principalmente el gobierno de Scioli en la provincia de Buenos Aires y el del líder de la oposición, Mauricio Macri, en CABA. Y tenían dos opciones: aumentar las tarifas o agregar fondos a sus presupuestos para cubrir las diferencias.

El dinero ya no lo pedirían las empresas según sus estimaciones: lo otorgaría la Nación a partir de información propia sobre el uso del transporte público. Eso era posible gracias a la implementación de la tarjeta SUBE, que había adoptado buena parte de los usuarios de trenes, subtes y colectivos. Los que faltaban tendrían ahora un estímulo extra, o una penalización: en el área metropolitana los pasajes se mantendrían en $0,80 para trenes y $1,10 para colectivos sólo con la tarjeta, y los que no tuvieran la SUBE —que hace poco se volvió difícil de conseguir— tendrían que pagar en cambio $1,50 y $2.

Luego de cuatro días a puro aumento, el blue bajó de $6,75 a $6,60. Eso dejó la diferencia con el dólar BCRA en 44%, un margen enorme pero mucho más pequeño que el actual.

Mediante tres decretos, Kirchner disolvió la Administración de Programas Especiales, que con casi $1.200 millones de presupuesto cubría los gastos de las obras sociales por tratamientos médicos complejos. Al incluirla en la Superintendencia de Servicios de Salud, a cargo de Liliana Korenfeld, quien había echado a varios aliados de Hugo Moyano en los pocos meses de gestión que llevaba, el gobierno profundizó su pelea con el secretario general de la CGT.

Moyano —pero también los antimoyanistas— reclamaba al gobierno retenciones impagas y demoras en la distribución de fondos de la APE. “No descartamos hacer una movida judicial en conjunto con el resto de los gremios”, advirtió. “Hay retrasos importantes en los tratamientos complejos”.

El video se viralizó en poco tiempo. Dura menos de tres minutos y muestra a cinco policías en el patio de la comisaría de General Güemes, a 50 kilómetros de la ciudad de Salta. Someten a torturas a dos detenidos, en el piso, apenas vestidos y esposados por la espalda. A uno le tiran baldazos de agua a la cara; al otro lo asfixian con una bolsa de nylon en la cabeza.

El escándalo por la difusión de las imágenes fue tal que el ministro de Seguridad de Salta, Eduardo Sylvester, denunció a los policías ante la justicia.

Unos 3.200 kilómetros al sur, otros policías, los santacruceños en paro desde dos semanas atrás, acamparon frente a la gobernación para intensificar su protesta. Kirchner había enviado a la Gendarmería para cumplir la seguridad afectada por los huelguistas, que no lograban un acuerdo salarial con el gobernador Daniel Peralta. “Queremos dignidad”, decía una de las pancartas que se veían desde el despacho principal del edificio.

En España continuaban las protesta contra el ajuste que continuó a la crisis financiera del país rescatado por la UE. Unas 100.000 personas marcharon en Madrid, y otras miles en Barcelona, Valencia, Sevilla y Bilbao entre otras 80 ciudades. La situación era tan extrema que se produjo la unidad histórica de las centrales sindicales de diferentes ideologías: las Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores.

Mientras la gente gritaba “Que el próximo parado sea un diputado”, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, forzaba su mayoría absoluta entre esos representantes para sacar adelante la reforma que incluyó aumentos del IVA entre el 3% y el 13%, recortes en el seguro de desempleo y eliminación de los pagos navideños a los empleados públicos.

Mientras en el mundo Sacha Baron Cohen estrenaba El dictador, luego del éxito de Borat, en Munich se cumplían 75 años de la muestra nazi sobre “arte degenerado”, impulsada por el ministro de Propaganda de Adolf Hitler, Joseph Goebbels. Ni destruidas ni vendidas por calderilla al extrajero, estas 650 obras de más de 120 artistas proscriptos —entre ellos Paul Klee, Max Ernst y Otto Dix— se convirtieron en ejemplos de “arte indeseable” en el III Reich.

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