
El caso judicial contra Magis TV en Argentina estableció un precedente inédito en la lucha contra la piratería audiovisual en la región. Por primera vez, una resolución judicial ordenó a Google la desinstalación o inhabilitación de una aplicación considerada ilegal directamente en los dispositivos Android de los usuarios, una medida sin precedentes en el país.
El fallo, dictado en septiembre de 2024 por el juez Esteban Rossignoli, titular del Juzgado de Garantías N.º 4 de San Isidro, marcó un quiebre en la manera de abordar los delitos digitales y la protección de los derechos de autor.
Origen del caso Magis TV
La investigación sobre Magis TV se inició en el marco de la Operación 404, coordinada por el Ministerio de Justicia de Brasil y con apoyo de la Alianza contra la Piratería Audiovisual y LALIGA de España. El objetivo principal fue desactivar plataformas que distribuían contenidos audiovisuales sin autorización, obteniendo beneficios económicos a partir de suscripciones y ventas de dispositivos que venían con la aplicación preinstalada.
Durante los operativos simultáneos se bloquearon 675 sitios web, se inhabilitaron 14 aplicaciones y se intervinieron otras plataformas como Mospy TV y Federico TV.

En Argentina, la causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos (UFEIC), liderada por el fiscal Alejandro Musso. Tras meses de ciberpatrullajes y análisis de redes digitales, los investigadores detectaron el circuito de comercialización de “TV Boxes” con Magis TV instalada.
Los allanamientos realizados en Buenos Aires y Misiones permitieron secuestrar cientos de dispositivos, computadoras preparadas para la retransmisión y documentación bancaria vinculada a los pagos de suscripciones.
Los principales acusados, Leopoldo Peña, Kevin Bentancur y Hugo Mospan, enfrentan cargos por violación de la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual. El expediente contempla penas de hasta seis años de prisión, con agravantes por la facilitación del acceso ilegal y la presunta asociación ilícita.
Entre las pruebas reunidas, los fiscales documentaron el funcionamiento de una red organizada que proveía acceso a señales de televisión pagas y eventos deportivos de manera ilícita.

Un fallo histórico y la orden dirigida a Google
El punto central de la causa fue la decisión judicial que fue más allá del bloqueo de dominios. El juez Rossignoli exigió a Google que interviniera de forma directa en el software instalado en los dispositivos Android operados con IP argentina. Esta orden, inédita en la jurisprudencia local, se justificó por razones de seguridad digital y resguardo de los derechos de autor.
La medida no se orientó a sancionar a los usuarios finales, sino a desarticular la infraestructura tecnológica que sostiene el negocio ilegal de la piratería audiovisual.
Especialistas en derecho digital observan que la resolución sienta un nuevo estándar para la cooperación entre la justicia y las grandes empresas tecnológicas en casos de delitos informáticos.
“La Justicia ya no se limita a bajar sitios web, sino que avanza sobre la infraestructura tecnológica que sostiene el negocio ilegal”, alertó un experto consultado por la fiscalía. El proceso penal continúa en marcha, con los imputados procesados y la posibilidad de que el expediente sea elevado a juicio oral durante 2026.

El caso Magis TV se está consolidando como uno de los antecedentes más relevantes en la región para la persecución de la piratería digital.
Más allá de la aplicación puntual de la medida sobre una plataforma específica, el fallo de San Isidro deja abierta la puerta a futuras intervenciones directas sobre dispositivos y aplicaciones en defensa de los derechos de propiedad intelectual y la seguridad de los usuarios.
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