¿Las redes sociales se pueden usar como prueba en un divorcio o es invasión a la privacidad?

Cuando un matrimonio llega a su fin, abundan los interrogantes sobre cómo el contenido digital puede influir en el proceso legal. Cada día, más personas introducen capturas, publicaciones, mensajes y registros digitales en los tribunales de familia, con la esperanza de fortalecer sus argumentos en el proceso de divorcio.

Pero cuáles son los límites legales para utilizar contenido de redes sociales como prueba y dónde termina el derecho a presentar evidencia y comienza la protección de la intimidad personal. Dudas que aquejan a muchos en este tipo de situaciones.

En el caso de Colombia, el bufete de abogados Integrity Legal resalta que la información personal, incluyendo la que circula en redes, goza de protección especial bajo la Ley 1581 de 2012, dedicada a la tutela de los datos personales.

Esta normativa prohíbe el tratamiento y uso no autorizado de datos, aplicándose tanto a publicaciones como a mensajes, fotos, videos y comentarios que figuren en estas plataformas.

El Código Penal, en su artículo 269F, tipifica la “violación de datos personales”, sancionando el acceso ilegal a cuentas privadas. De acuerdo con el abogado de familia Jimmy Jiménez, “el hecho de que una publicación sea visible no significa que todo en redes sea libre para usar”.

Además, añade que si una cuenta es privada o se accede de forma fraudulenta, “cualquier prueba obtenida de esa manera puede ser rechazada en juicio e incluso acarrear sanciones penales”.

Un panorama que cambia si se trata de una publicación de difusión libre y hecha desde la cuenta del titular, en ese caso si “puede ser presentada en el proceso”.

La admisión de publicaciones, mensajes y archivos provenientes de redes sociales en un proceso de divorcio en Colombia depende de la observancia de los lineamientos consagrados por el Código General del Proceso (CGP). Tales pruebas deben aportar valor a la resolución del conflicto jurídico, y para ello se exige que cumplan tres grandes condiciones:

1. No vulnerar derechos fundamentales: el contenido presentado como prueba debe haber sido obtenido sin violar la intimidad ni los derechos de protección de datos personales. Si la prueba nace de una intrusión a cuentas protegidas, se considera ilícita y corre el riesgo de ser desestimada.
2. Ser útil, pertinente y conducente: las pruebas deben tener relevancia para la cuestión discutida en el proceso. Es decir, deben aportar evidencia clara sobre situaciones debatidas —como infidelidad, ocultamiento de bienes o conducta parental— y presentarse puntualmente dentro de los plazos legales.
3. Ajustarse a los tiempos procesales: la evidencia digital debe entregarse en las fases de prueba dispuestas por la ley. Su introducción fuera de término puede resultar en su inadmisión.

La Corte Constitucional, en la sentencia T-550/2012, subraya que los jueces pueden aceptar publicaciones de redes sociales como pruebas, siempre que estas no generen una afectación desproporcionada de la privacidad.

Las redes sociales suministran una variedad de datos que pueden resultar decisivos en un proceso de divorcio. Entre los usos posibles figuran:

• Evidencia de infidelidad o doble vida: publicaciones, historias o fotos que comprueban una relación paralela o contradicen declaraciones presentadas al tribunal.
• Irregularidades financieras: fotografías, videos o estados que delatan gastos opulentos o movimientos de bienes no reportados, cruciales en la discusión sobre liquidación de sociedad conyugal o pensiones alimenticias.
• Conducta parental y custodia: publicaciones que muestran comportamientos indebidos o negligencia, que pueden incidir directamente en la tenencia y régimen de visitas de los hijos.
• Amenazas o acoso digital: mensajes, publicaciones o interacciones hostiles que puedan demostrarse y que afectan la convivencia o la seguridad de uno de los excónyuges.

A fin de garantizar la validez y autenticidad de las pruebas digitales, expertos recomiendan estricta rigurosidad en su recolección y manejo. Algunas recomendaciones clave incluyen:

• Utilizar solo contenido público, limitando la búsqueda de evidencia a publicaciones accesibles sin necesidad de vulnerar la privacidad.
• Documentar detalladamente la prueba. Las capturas de pantalla deben contar con la fecha, la hora, el nombre del perfil y el URL de la publicación. Es conveniente respaldar los archivos con metadatos o enlaces originales.
• Consultar siempre a un abogado, quien puede evaluar la pertinencia, utilidad y legalidad de la prueba antes de presentarla, asegurando que se cumpla con los requisitos del CGP.
• Evitar manipular la prueba en cualquier forma. Alteraciones en capturas de pantalla, ediciones de textos o contextos falsificados pueden resultar en la nulidad de la prueba y sanciones para quien las presente.
• Proteger la privacidad propia, configurando de manera restrictiva los perfiles personales y evitando publicar información sensible durante el proceso legal.
• Evitar publicaciones negativas o que escalen el conflicto, procurando limitar comentarios sobre la expareja y absteniéndose de publicar fotografías, videos o información sensible que pueda afectar el resultado del proceso.
• Actuar con celeridad, ya que las publicaciones pueden eliminarse fácilmente. Apenas se detecta contenido relevante, conviene recolectarlo y preservarlo.