Reino Unido estudia implantar chips con inteligencia artificial en delincuentes para predecir delitos

El gobierno británico, liderado por el primer ministro Keir Starmer, ha iniciado un controvertido debate sobre el uso de tecnologías avanzadas en la vigilancia y control de personas condenadas.

En una reunión celebrada el mes pasado en Londres, la ministra de Justicia, Shabana Mahmood, presentó una serie de propuestas que buscan modernizar el sistema penal del Reino Unido, reducir la población carcelaria y mejorar el seguimiento de quienes cumplen penas fuera de prisión.

Entre las ideas más llamativas debatidas con grandes tecnológicas como Google, Amazon, Microsoft, IBM y Palantir, se encuentra el posible uso de chips subcutáneos con inteligencia artificial capaces de rastrear movimientos e incluso predecir comportamientos delictivos futuros.

Estas propuestas, presentadas en un evento organizado por la asociación Tech UK, han provocado un inmediato rechazo de organizaciones defensoras de los derechos civiles.

Las sugerencias incluyeron también robots para el traslado de reclusos, superordenadores que analicen patrones históricos de delitos y algoritmos predictivos que alerten a las autoridades sobre posibles reincidencias.

Para la ministra Mahmood, estas tecnologías podrían ser clave para abordar una crisis penitenciaria que ha llevado al límite la capacidad de las cárceles británicas.

“Queremos abrir un diálogo con la industria tecnológica para explorar soluciones modernas que hagan más eficaz el sistema judicial”, declaró Mahmood. Su colega, James Timpson, ministro de Prisiones, añadió que “la tecnología bien aplicada puede fortalecer la justicia y mejorar la reinserción”.

Pero no todos comparten ese entusiasmo. Donald Campbell, representante de la organización Foxglove, especializada en derechos digitales, advirtió que estas propuestas podrían violar la privacidad de los ciudadanos.

Experiencias anteriores con sistemas de predicción de delitos, como los usados en Estados Unidos, han demostrado fallos graves y sesgos discriminatorios, especialmente contra minorías étnicas.

Por ello, expertos en ética tecnológica han pedido extrema cautela al gobierno británico y transparencia en el desarrollo de cualquier iniciativa.

Uno de los puntos más criticados del encuentro fue la participación de gigantes tecnológicos y compañías privadas que operan cárceles, como Serco, sin que se hagan públicas sus propuestas o compromisos.

Las empresas invitadas evitaron hacer comentarios tras el evento, aunque se ha anunciado una segunda reunión para este martes, donde podrán presentar formalmente sus ideas durante 20 minutos cada una.

Este tipo de colaboración ha sido señalado como problemática por defensores de derechos humanos, que temen una “privatización de la justicia” encubierta bajo promesas de eficiencia digital.

Aunque las ideas todavía están en fase de exploración, el gobierno ya ha mostrado inclinación por implementar reconocimiento facial en espacios públicos y otros sistemas automatizados.

En enero, Starmer declaró que la inteligencia artificial “puede transformar los servicios públicos”, y en informes recientes ha recomendado ampliar su uso en seguridad ciudadana.

La ministra Mahmood ha intentado calmar las críticas señalando que “todo está en discusión” y que el objetivo es encontrar un equilibrio entre innovación tecnológica y protección de los derechos humanos. Sin embargo, asociaciones como Liberty y Privacy International exigen que el debate sea público y se base en evidencia, no solo en promesas de Silicon Valley.

Mientras tanto, el Reino Unido se convierte en uno de los primeros países en plantear, abiertamente, el uso de tecnología invasiva y predictiva como parte del sistema judicial, una tendencia que podría tener repercusiones en todo el mundo.