Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha anunciado la creación de la Oficina de Inteligencia Legislativa, una entidad estatal destinada a integrar inteligencia artificial (IA) en la elaboración y análisis de leyes.
El objetivo principal de esta iniciativa es aumentar la eficiencia en la redacción de normas, un proceso que las autoridades emiratíes consideran lento y costoso bajo los métodos tradicionales.
Según cifras oficiales, la implementación de IA podría permitir que la emisión de nuevas leyes se acelere hasta en un 70%, gracias a la automatización de etapas clave del proceso legislativo.
La decisión fue comunicada por el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente del país y emir de Dubái, como parte de una estrategia nacional para acelerar la modernización de su sistema legislativo.
El jeque afirmó en la red social X que este nuevo sistema legislativo “cambiará la forma en que creamos leyes, haciendo el proceso más rápido y preciso”.
Una base de datos legislativa automatizada
De acuerdo con la agencia oficial emiratí, la Oficina de Inteligencia Legislativa desarrollará un “mapa legislativo integrado” que incluirá leyes federales y locales, sentencias judiciales, procedimientos administrativos, servicios públicos y sistemas digitales.
Esta plataforma estará conectada con bases de datos globales para monitorear legislaciones internacionales, identificar vacíos normativos y proponer nuevas regulaciones con base en análisis predictivos.
El sistema utilizará big data para observar el impacto que las leyes tienen sobre la ciudadanía y la economía. Al conectar esta infraestructura con centros de desarrollo internacional, Emiratos Árabes buscaría una actualización dinámica del marco legal en función de cambios sociales, económicos y tecnológicos.
También se prevé que la interoperabilidad entre entidades públicas mejore el acceso a la información legislativa y reduzca duplicidades entre marcos normativos existentes, favoreciendo procesos más ágiles y coordinados.
Colaboración multisectorial y participación ciudadana
Además del componente tecnológico, el plan contempla la creación de plataformas interactivas que permitirán a ciudadanos y actores del sector privado participar en debates sobre legislación.
La Oficina trabajará en coordinación con autoridades locales, organismos federales y empresas privadas. El objetivo es construir lo que las autoridades han denominado el primer sistema legislativo inteligente del mundo, en el que los procesos de redacción, análisis, actualización y evaluación de leyes estén integrados bajo un modelo digital.
Comparación con otros modelos: el caso de Cataluña
El uso de inteligencia artificial en la administración pública no es exclusivo de EAU. En España, la Generalitat de Cataluña lanzó AI4JUSTICE, una herramienta de IA destinada a agilizar la redacción de sentencias judiciales.
Según datos oficiales, este sistema permite a los jueces redactar sentencias simples en 20 minutos, una tarea que anteriormente requería hasta dos horas.
En ese sentido, con la implementación de AI4JUSTICE, se estima un ahorro de hasta 12.000 horas anuales para un grupo de 20 magistrados, lo que se traduce en una reducción de costos de aproximadamente 552.000 euros.
La herramienta se aplica, en su fase inicial, a procedimientos repetitivos como conflictos derivados del tráfico aéreo o reclamaciones sobre cláusulas de suelo. Utiliza búsquedas semánticas para analizar jurisprudencia previa y redactar fallos consistentes con casos similares.
Perspectivas de implementación
En el caso emiratí, la integración de IA en el sistema legal supone un modelo más centralizado, enfocado en la vigilancia del impacto normativo y en la predicción de necesidades legislativas futuras.
En cambio, el enfoque catalán prioriza el ahorro de tiempo operativo en los tribunales, con aplicaciones acotadas a casos específicos.
Ambos modelos podrían servir de referencia para otros gobiernos interesados en aplicar inteligencia artificial en la gestión pública. La experiencia acumulada en estas iniciativas ofrecerá datos relevantes sobre los límites, ventajas y riesgos de automatizar funciones tradicionalmente reservadas a operadores jurídicos humanos.
La evolución de estos proyectos será clave para entender el papel que puede asumir la inteligencia artificial en la legislación y justicia del siglo XXI.
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