Una investigación permitió desarticular una logística sofisticada de transporte y distribución de estupefacientes. El caso involucra a un comerciante y a su pareja modelo como presuntos líderes de la organización narcocriminal radicada en Salta, que se dedicaba al tráfico de marihuana entre Orán y la capital provincial.
Según informó el sitio oficial del Ministerio Público Fiscal, en el marco de una serie de juicios abreviados homologados entre octubre y noviembre de este año, el Tribunal Oral Federal N°1 de Salta dictó penas de hasta 7 años de prisión para los implicados.
El 25 de noviembre, el magistrado Mario Marcelo Juárez Almaraz condenó a Benjamín Michel Delgado a 7 años de prisión por transporte de estupefacientes agravado y resistencia a la autoridad.
Previamente, el 28 de octubre, los jueces Juárez Almaraz, Marta Liliana Snopek y Gabriela Elisa Catalano sentenciaron a José Burgos a 5 años de prisión por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, lo declararon reincidente y ordenaron el decomiso de 7 millones de pesos destinados al pago de la droga incautada. En la misma jornada, Roberto Carlos Leiton recibió una condena de 4 años por transporte agravado y resistencia a la autoridad.
Otros dos miembros de la banda ya habían sido condenados en septiembre. Juan Alberto Romero recibió 6 años de prisión por transporte agravado y resistencia a la autoridad, según dispuso la jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez.
En el caso de Ángela Cuenca, el juez de revisión Rabbi Baldi Cabanillas homologó un acuerdo que le impone arresto domiciliario, dado que está a cargo de tres hijos menores, uno de ellos con discapacidad.
La investigación, coordinada por el fiscal Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal Florencia Altamirano, se inició en noviembre del año pasado tras un informe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria basado en datos de un informante anónimo.
El operativo clave se realizó el 5 de febrero, cuando la Fiscalía ordenó la detención de los principales integrantes de la organización. Ese día, la banda se desplazaba en una camioneta Toyota Hilux y un Citroën C3, utilizando la modalidad de convoy con “coche puntero” para evadir controles. Al detectar la presencia policial en el acceso a la ciudad de Salta, el segundo vehículo giró en “U” y emprendió una fuga a más de 180 kilómetros por hora, arrojando paquetes de droga por las ventanillas.
La persecución se extendió hasta la finca San Juan de Dios, en la provincia de Jujuy, donde la Policía halló el auto abandonado y detuvo a Romero. Leiton y Delgado lograron escapar, pero fueron capturados posteriormente: Leiton el 20 de febrero en Orán y Delgado el 10 de octubre tras un accidente en la ruta 50. Burgos fue detenido el mismo 5 de febrero en un allanamiento simultáneo, cuando intentó huir de su vivienda en la zona norte de Salta. En su poder se encontraron 250 gramos de marihuana y un bolso con los seis millones de pesos destinados al pago de la droga.
La estructura de la organización, según la auxiliar fiscal Altamirano, estaba encabezada por Gustavo Tolaba y su pareja, la modelo Martina Oliva, quienes coordinaban los viajes y negociaban la droga con proveedores en la frontera con Bolivia, en Aguas Blancas.
Oliva, además de participar en los traslados, gestionaba las finanzas y realizaba transferencias millonarias a los transportistas. Cuenca, pareja de Delgado, facilitaba la comunicación entre los vehículos, mientras que Leiton y Romero se alternaban como transportistas y nexos con los proveedores.
Entre octubre de 2024 y fines de enero de 2025, la banda realizó 31 viajes, de los cuales 28 tuvieron como destino la casa de Burgos, donde se concretaba el pago y la distribución de la marihuana. El Ministerio Público Fiscal destacó que las transferencias recibidas en las cuentas familiares de Oliva, provenientes de Burgos, alcanzaron montos millonarios.
Mientras los líderes Tolaba y Oliva aguardan el juicio oral y público ante el Tribunal Oral Federal N°2 de Salta previsto para febrero de 2026, el caso revela la sofisticación y el alcance de las redes de narcotráfico en el norte argentino, así como la coordinación entre fuerzas de seguridad y el sistema judicial para su desarticulación.
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