En la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una investigación judicial sacudió la mañana con un operativo que buscó dar un golpe a la estructura del juego ilegal. Bajo el nombre de “ROMBO SUR”, la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar (FEJA), encabezada por el fiscal Juan Rozas, concretó una serie de acciones que apuntaron a desmantelar espacios de captación de apuestas clandestinas.
En el marco de una causa, caratulada bajo el artículo 301 bis del Código Penal, la Fiscalía logró ubicar puntos utilizados para la explotación de juegos de azar sin autorización, situados en la zona sur porteña y en abierta infracción al sistema de regulación vigente.
Una vez identificados los domicilios, el fiscal solicitó las órdenes de allanamiento, que el juez Nicolás Repetto, titular del Juzgado 26, autorizó según el procedimiento formal.
De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae, durante las tareas, las fuerzas intervinientes lograron neutralizar el funcionamiento de distintas estructuras involucradas en la explotación ilegal de apuestas, incautando evidencia que será clave para profundizar la investigación.
Entre los elementos secuestrados figuran dispositivos electrónicos —utilizados tanto para la captación como para la administración de apuestas—, sumas de dinero, documentación y registros operativos vinculados con la actividad prohibida.
Como resultado de los procedimientos, una persona resultó detenida por su presunta intervención dentro de la organización investigada, y se analizará su rol a partir del material recolectado.
Además, las autoridades precisaron que el operativo “ROMBO SUR” integra la estrategia institucional de la FEJA para mejorar la persecución penal del juego no autorizado en la jurisdicción. Por el momento, las autoridades continúan el análisis de la información reunida, sin descartar próximas medidas en torno al caso.
La coordinación entre la Policía de la Ciudad y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal, con la participación de Lotería de la Ciudad (LOTBA) como organismo regulador y técnico en fiscalización, permitió que los operativos se llevaran adelante con simultaneidad en cuatro locaciones.
Apuestas ilegales
En agosto, el fiscal Juan Rozas, que encabeza la unidad judicial para investigar este tipo de delitos vinculados al juego ilegal, advirtió que se estimaba la existencia de más de 100 sitios de apuestas ilegales y relató el cierre de casi 400 plataformas en el último año.
“Hemos recibido denuncias de chicos que, tras perder grandes sumas de dinero, desarrollaron problemas de salud mental y debieron ser internados en centros de rehabilitación”, explicó el funcionario judicial sobre la gravedad de la situación.
Hasta el momento, 27 influencers han firmado un acta de acuerdo de reparación integral del perjuicio, comprometiéndose a las acciones mencionadas. La figura de reparación integral del perjuicio busca restaurar el daño, recomponer el lazo social y rehabilitar al infractor, enmarcándose en la perspectiva de la justicia restaurativa.
Celebridades como Wanda Nara, Elián Valenzuela (L-Gante), Bárbara Silenzi, Florencia Vigna, Sasha Ferro, Lola Tomaszeuski, Mario Laurens, Traniela Campolieto, Mariano de la Canal, Facundo Guarino, Ignacio López, Gabriel Orcellet, Romina Uhrig, Mariano Nahuel Valenzuela, Tomás Álvarez y Nicolás Voutrinas Fontán, entre otros, estuvieron involucrados en la difusión del juego ilegal desde las redes sociales y tuvieron que alcanzar con la fiscalía un acuerdo reparatorio.
Ese beneficio fue otorgado de manera excepcional, siendo la intención de la Justicia exponer esos contenidos en colegios, y en todos los espacios donde puedan generar un impacto preventivo.
Las investigaciones se originaron tanto por denuncias de particulares como por presentaciones de LOTBA S.E. y la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos, además de actuaciones de oficio de la fiscalía especializada.
No obstante, el fiscal aclaró: “Si alguno reincide, no accederá a este beneficio, y enfrentará un proceso penal, porque aquí hay un delito, que es el artículo 301 bis del Código Penal, con penas de 3 a 6 años de prisión”.
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