Tras ser destituida por el jury de Enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires, la ex jueza Julieta Makintach presentó un recurso de inaplicabilidad de ley ante la Suprema Corte bonaerense. En un escrito de 42 páginas, al que accedió Infobae, su defensa sostuvo que la sentencia que la removió del cargo “violó de modo sistemático y acumulativo” garantías constitucionales esenciales y que el proceso estuvo “viciado de parcialidad”.
El planteo, que será tratado por el jurado el próximo 10 de diciembre, puso el foco especialmente en la figura de la presidenta del jury, la ministra de la Suprema Corte bonaerense Hilda Kogan, cuyo rol —según el escrito— habría afectado la imparcialidad del tribunal.
El recurso, firmado por su abogado Darío Saldaño, cuestionó desde el inicio la legalidad misma del proceso. Alegó además que la acusación se construyó sobre conceptos “vagos” como “conductas impropias”, “irregularidades institucionales” o “afectación a la credibilidad pública”.
“Una acusación así formulada viola el principio de legalidad disciplinaria”, afirmó el escrito, que acusó al jury de actuar “en una carrera contra el tiempo para lograr la destitución a cualquier costo”.
La defensa también remarcó que durante el juicio político se rechazó prueba clave, se negaron careos, se impidió el acceso a material probatorio ofrecido por Makintach y se le permitió declarar solo 15 minutos, sin preguntas ni posibilidad real de defenderse.
El punto más contundente del recurso gira en torno a Hilda Kogan, presidenta del jury y ministra de la Suprema Corte. Para Makintach, su participación torna inválido todo el proceso: recordó que ella había intervenido previamente en la causa al disponer su suspensión disciplinaria y que evaluó el mismo material que luego sirvió de base para la acusación.
Esto —afirmó la defensa— significa que la ministra ya tenía “opinión emitida”, lo cual la inhabilitaba para presidir el juicio político y para intervenir ahora en la revisión judicial del caso.
“La Dra. Hilda Kogan evaluó hechos, prueba y responsabilidad de la ahora recurrente en la instancia anterior. Revisar esos mismos aspectos implica ser juez de su propio fallo, prohibición absoluta en un sistema de garantías”, señalaron.
Además, remarcaron que Kogan ya había sido recusada durante el desarrollo del jury, recusación que fue rechazada pese a que, según la defensa, existían “conductas que permitían presumir parcialidad manifiesta”.
Por eso pidieron formalmente que, en esta etapa recursiva, sea apartada: “Es imperioso el apartamiento de la Dra. Hilda Kogan para garantizar un tribunal imparcial y preservar la validez del recurso”.
Otro de los puntos críticos es la actuación simultánea de varias partes acusadoras: la Procuración, el Colegio de Abogados de San Isidro y los representantes de un denunciante particular.
Aunque formalmente definidos como “adjutores”, la defensa sostiene que actuaron en los hechos como acusadores plenos, generando un clima de “tres contra uno” que vulneró la igualdad de armas.
“Durante todo el jury, la jueza Makintach debió defenderse frente a tres acusadores. No es proporcionado ni equilibrado”, afirmó el escrito donde no se reconoce su destitución.
El recurso también sostiene que la acusación nació de titulares periodísticos falsos —como “filmación clandestina del juicio Maradona”— que luego habrían sido replicados por la Procuración sin sustento jurídico.
Aseguró otra vez que no hubo filmación ilegal, que no existía prohibición normativa y que Makintach ni controló ni tuvo dominio sobre registros audiovisuales ajenos.
Finalmente, la defensa afirmó que la sentencia del jury vulneró el estado de derecho y el sistema republicano y habilitó la intervención de la Suprema Corte bonaerense, y eventualmente de la Corte Suprema nacional.
“Los gravámenes al debido proceso son más graves que cualquier conducta atribuida a Makintach”, concluyó el escrito.
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