Una pareja de pastores evangelistas está en la mira de la Justicia de Tucumán por un presunto engaño a una jubilada de 85 años. Según la investigación, habrían aprovechado la vulnerabilidad de la mujer -que recurrió a ellos en busca de ayuda espiritual- para manipularla y quedarse con su casa.
El hecho ocurrió en la ciudad de Bella Vista, a unos 30 kilómetros de San Miguel de Tucumán. Los imputados enfrentan cargos por “usurpación por engaño, circunvención de incapaz y privación ilegítima de la libertad”.
Según publicó La Gaceta, los pastores evangelistas conocían a la víctima desde 2023. La maniobra fraudulenta comenzó este año, cuando la anciana percibió ruidos extraños en su casa y, creyendo que tenían un origen sobrenatural, solicitó ayuda a la pareja.
Tiempo después, la sobrina de la víctima denunció una extraña situación ante la Justicia, luego de que vecinos le advirtieran que desconocidos habían ingresado a la casa y retirado pertenencias de la mujer. Más tarde, comprobó que en realidad se habían quedado con la vivienda.
Y es que, según la investigación, en junio de este año, después de una reunión religiosa, llevaron a la jubilada ante un supuesto policía que le hizo firmar un boleto de compraventa de su casa por $1.000.000. Sin embargo, solo le entregaron $15.000.
Así, entre finales de ese mes y comienzos de julio, se apropiaron completamente de la casa: la expulsaron, trajeron sus propios muebles, cambiaron la titularidad de los servicios e incluso iniciaron obras de remodelación.
El episodio tuvo un giro aún más inquietante: tras desalojarla, la anciana fue llevada a la casa de la madre de la imputada, donde la mantuvieron incomunicada en una habitación cerrada con llave. Le quitaron su documentación y su tarjeta de débito, controlando también el cobro de la jubilación. Esta situación se extendió hasta el 28 de julio.
Además, los imputados ejercieron presión sobre la jubilada para que entregara su vivienda, advirtiéndole que, de no hacerlo, quedaría sola y en situación de calle.
Tras la investigación, el MPF de la provincia imputó a la pareja, ambos de 34 años. Podría haber una imputación contra una tercera persona involucrada, cuya identidad aún no fue revelada.
Además, si bien la fiscalía había solicitado tres meses de prisión preventiva, el juez finalmente dictó 20 días de arresto domiciliario, al considerar que la imputada tiene a su cargo un hijo menor con discapacidad.
También se ordenó la restitución provisoria de la vivienda, ubicada en Manuela Pedraza al 700, en un plazo máximo de cinco días corridos.
El caso se encuentra a cargo de la Unidad Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, bajo instrucciones del fiscal Diego López Ávila.
Según el medio citado, un informe médico incorporado a la causa por el MPF advierte que la mujer presenta “un perfil de vulnerabilidad que la hace influenciable y manipulable por terceros”.
En ese sentido, señalaron que existía una “evidente relación de superioridad ejercida por los acusados”, quienes aprovecharon la confianza depositada en ellos.
Y agregaron: “La víctima, pese a ser propietaria, se encuentra viviendo en condiciones precarias junto a una sobrina, incluso compartiendo la cama. No cuenta con recursos para alquilar o adquirir otra vivienda”.
Los imputados, identificados como una docente y un empleado de una empresa privada, están obligados a devolver la vivienda. Si no cumplen con la medida, a partir del 2 de diciembre las autoridades podrían intervenir con la fuerza pública.
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