El jury de enjuiciamiento que evalúa la conducta de la jueza Julieta Makintach llega a su capítulo decisivo este martes: a las 10 de la mañana, en el Anexo de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, en La Plata, se dará a conocer el veredicto sobre las acusaciones que pesan contra la magistrada, quien no asistirá al proceso.
La causa que motivó el jury se originó cuando, a fines de mayo, se difundió un tráiler de un proyecto audiovisual que registraba escenas vinculadas al juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. En ese material puede verse a la jueza llegando a los tribunales de San Isidro, ofreciendo una entrevista en su despacho y siendo filmada dentro de la sala donde se desarrollaban las audiencias. Esa difusión terminó provocando la nulidad del debate oral que investigaba responsabilidades por la muerte del astro.
La acusación principal, formulada por la Procuración General y sostenida durante el proceso por la fiscal Ana Duarte, señala que la magistrada habría hecho un uso indebido de recursos estatales y actuado en beneficio de un proyecto personal, en perjuicio de la independencia del procedimiento judicial.
En palabras citadas por la prensa, la fiscal acusó a Makintach de “mentir, presionar y abusar del poder”. Por su parte, el Colegio de Abogados de San Isidro acompañó la postura acusatoria y solicitó la destitución de la jueza.
El marco probatorio fue uno de los ejes del juicio político: el tráiler difundido en mayo funcionó como prueba central y varios testigos de relevancia fueron convocados y declararon ante el jurado. Entre quienes prestaron testimonio figuran Julio Rivas (abogado de Leopoldo Luque), Fernando Burlando, el fiscal Patricio Ferrari, Gianinna/Giannina Maradona, el titular del Tribunal Oral N°3 de San Isidro, Maximiliano Savarino, y el exalumno de la imputada Jorge Barrera.
También declaró una persona identificada como amiga de la sindicada, María Vidal Alemán. En el desarrollo del proceso, el magistrado Savarino fue mencionado en una denuncia por presunto falso testimonio.
La defensa de Makintach rechazó las imputaciones y pidió la absolución. En forma subsidiaria, la defensa solicitó que se acepte la renuncia que la jueza había presentado anteriormente como alternativa a la destitución. Frente a las acusaciones, la propia magistrada sostuvo que “no había documental” y afirmó que “El que hubo, ya salió a la luz y no era mío”, dijo en declaraciones a Infobae.
Además de pedir la separación definitiva del cargo, atribuyó a la jueza la comisión de infracciones a la Ley de Magistrados y la imputación por delitos del Código Penal. La acusación formal incluyó siete presuntas infracciones a la normativa provincial y tres delitos tipificados en el Código Penal: malversación de fondos (art. 248), incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 157) y violación de secreto (art. 260).
Mientras se espera la lectura del veredicto, la situación administrativa y penal de la jueza permanece en curso: está suspendida en su cargo, fue apartada de la cátedra que dictaba en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y enfrenta una causa penal que se tramita en la UFI N°1 de San Isidro.
La posible resolución del jury —que, como se recuerda, puede terminar en destitución, sanción, suspensión o absolución— quedará ahora en manos de los cinco legisladores bonaerenses que integran el cuerpo.
La audiencia final está fijada para este martes a las 10 en el Anexo de la Cámara de Senadores bonaerense, en la ciudad de La Plata. La expectativa por la determinación es alta entre quienes siguieron las audiencias públicas, donde la Fiscalía solicitó la destitución y la defensa solicitó la aceptación de la renuncia y la absolución.
Con la lectura del fallo se conocerá si el jury estima que las conductas atribuidas a Julieta Makintach constituyen causal suficiente para apartarla del Poder Judicial o si, por el contrario, se decide por otra alternativa prevista en el procedimiento de enjuiciamiento. El veredicto, por tanto, marcará el cierre —al menos en esta instancia— de un proceso que tenía como punto de quiebre la filmación y difusión de un material audiovisual que condicionó el normal desarrollo del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.
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