Uno de los asesinos del triple crimen de General Rodríguez está al borde de la muerte en la cárcel

El triple crimen narco de General Rodríguez, que ocurrió 17 años antes de las brutales muertes de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, partió a la historia del hampa argentina en dos.

El caso es casi tan cruento como el de Florencio Varela. El 13 de agosto de 2018, los cadáveres de los empresarios farmacéuticos Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina fueron hallados en una zanja de aquella zona, casi una semana después de su desaparición. Habían sido ejecutados a tiros; al inspeccionarlos, los forenses detectaron signos de graves torturas. Descubrieron, también, que los tres cadáveres fueron conservados en un freezer antes de ser descartados.

Hoy, Marcelo Schillaci, uno de los asesinos del caso, condenado a prisión perpetua junto a su hermano Víctor y los hermanos Cristian y Martín Lanatta, se encuentra al borde de la muerte en prisión. Está internado desde julio de 2024 en el hospital penitenciario de la cárcel de Ezeiza con un grave cuadro de salud centrado en su hígado, considerado incurable.

A través de su defensa, a cargo de la abogada Patricia Croitoru, Schillaci reclama salir con un pedido de prisión domiciliaria que se encuentra en tratamiento.

La abogada Croitoru, que representa a pesados como “Patán” Nacuse y Martín “Banana” Espiasse, reclama su prisión domiciliaria en base a su cuadro médico.

De acuerdo a documentos presentados ante la Justicia, Schillaci tiene antecedentes de hepatitis C, cirrosis, hemorragia digestiva por varices esofágicas y techo gástrico, hipertensión portal, plaquetopenia, hiperbilirrubinemia, anemia, litiasis vesicular, varicocele izquierdo y epididimitis derecho.

Así, en julio de 2024, fue internado en el Hospital Penitenciario por un episodio de hemorragia digestiva alta, en medio de este “conjunto de patologías crónicas clínica y etiológicamente relacionadas- que derivan en complicaciones muy severas”, continúa un informe del caso.

La Procuración Penitenciaria intervino en la situación. Uno de sus médicos evaluó a Schillacci. En su informe posterior, el especialista aseveró que el condenado por el triple crimen de General Rodríguez sufre “una patología progresiva, incurable y degenerativa, que desde que la contrajo fue avanzando". “La cirrosis del paciente está descompensada y aumenta mucho los sangrados”, continuó el reporte.

Así, Schillaci -que no fue parte de la célebre triple fuga de 2015 que protagonizaron los Lanatta y su hermano Víctor, ya que se encontraba preso en la cárcel de Olmos en aquel momento- fue considerado un paciente “con mal pronóstico”.

Tiempo después, su defensa reclamó una interconsulta con el servicio de hepatología del Hospital Durand, que reiteró a lo largo de 2025, sin éxito. En agosto de este año, Schillaci sufrió un síncope, que ameritó atención en un hospital externo.

Otro informe de la Procuración Penitenciaria aseveraba que no había sido evaluado por un hepatólogo hasta abril de este año. Tampoco se analizó la viabilidad de un trasplante de hígado.

“La falta de dicho abordaje integral de sus patologías, asociado al deficiente abordaje de los síntomas actuales, la demora en la realización de interconsultas y estudios complementarios, podrían contribuir a un empeoramiento y deterioro de la salud integral de Schillaci Bonini y de su calidad de vida”, finalizó la Procuración.

La abogada de Schillaci, por otra parte, recusó en primera instancia a la jueza de ejecución penal Marcela Otermín, encargada de supervisar la pena del condenado por el triple crimen al considerar que “carece de imparcialidad”, al negarse la jueza, según Croitoru, a requerir informes al Servicio Penitenciario Federal.

“La señora juez debía ejercer el control jurisdiccional de la actividad administrativa y del tratamiento instituido”, planteó la penalista. Otermín, por su parte, argumentó que “la evaluación y clasificación de los detenidos es competencia exclusiva del SPF”.

Otermín rechazó la recusación, una decisión avalada por la Sala III de Mercedes, que consideró que no existía “un gravamen irreparable” para el asesino de Forza, Ferro y Bina. Croitoru, fiel a su estilo, volvió a apelar.

Schillaci y sus cómplices fueron condenados con, básicamente, la misma calificación que la UFI de Homicidios de La Matanza aplicó para los acusados del triple crimen de Florencio Varela: privación ilegítima de la libertad y homicidio agravado por premeditación, ensañamiento y alevosía.

Los fiscales del triple femicidio elevaron la causa al fuero federal, para intentar determinar quién fue el autor intelectual, la máxima responsabilidad en el caso. La historia para los muertos de General Rodríguez, sin embargo, es distinta. 17 años después, el misterio central sobrevive: nadie puede decir ante un tribunal criminal quién ordenó las muertes los tres empresarios.

El hecho, desde el comienzo, no parecía un vuelto local, un ajuste de cuentas dealer; la marca del negocio ilegal de la efedrina -utilizada para alimentar la naciente industria de la metanfetamina en México- atravesaba el caso. El crimen, también, rozaba a la política: Forza aportó dinero a la campaña presidencial de Cristina Kirchner en 2007.

El misterioso empresario Ibar Pérez Corradi, el blanco de una cacería internacional, recibió la falta de mérito en 2021, tras ser acusado durante años de ser el autor intelectual del triple crimen. En su decisión, la jueza María Romilda Servini ordenó profundizar la investigación sobre políticos, servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad.

Sin embargo, ya no hay tiempo: la causa prescribió en 2023.