Triple femicidio en Florencio Varela: confirmaron la prisión preventiva para los ocho imputados y la causa pasa al fuero federal

El juez de garantías Fernando Pinos Guevara avaló el pedido de los fiscales de la UFI de Homicidios de La Matanza y convalidó las prisiones preventivas para los ocho imputados por el triple femicidio de Florencio Varela, según informaron fuentes oficiales a Infobae. Además, el magistrado convalidó la solicitud del pase del expediente al fuero federal para que se investigue allí la estructura narco que ordenó secuestrar, torturar y asesinar en un contexto de violencia de género a Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20).

Así, seguirán presos Miguel Ángel Villanueva Silva, Ariel Giménez, Víctor Sotacuro Lázaro, Maximiliano Andrés Parra, Celeste Magalí González Guerrero, Milagros Florencia Ibáñez, Iara Florencia Ibarra y Matías Agustín Ozorio.

Están imputados por haber llevado a las víctimas bajo engaño entre el 19 y el 20 de septiembre a una casa de la calle Chañar al 700, en la zona de Villa Vaettone. Allí, fueron brutalmente golpeadas y apuñaladas antes y después de morir, en una supuesta venganza por un robo de decenas de kilos de cocaína.

Distinta situación a la de los ocho detenidos con la prisión confirmada atraviesa Tony Janzen Valverde, alias ‘Pequeño J’, quien espera su extradición a la Argentina en el Establecimiento Penitenciario de Cañete, a 144 kilómetros de la ciudad de Lima.

En el caso del narco peruano Joseph Freyser Cubas Zavaleta, alias ‘El Señor Jota’, y sospechado de haber ordenado los femicidios, ya está preso por otro expediente de la Justicia Federal y los plazos aún no se han vencido para que los fiscales de La Matanza le pidan la preventiva por esta causa. La misma situación de tiempos atraviesa Mónica Mujica, pareja de Sotacuro Lázaro, quien lleva menos de una semana detenida.

Con un expediente de más de 1500 fojas, que incluyó allanamientos, autopsias y pericias telefónicas exhaustivas, los fiscales Carlos Adrián Arribas, Claudio Fornaro, Diego Rulli consideran que el hecho se encuentra esclarecido. Y Pinos Guevara también.

Por eso, el juez, al darles la derecha en convalidar todo lo que pidieron los fiscales, resaltó: “Aún cuando ha transcurrido poco más de un mes desde el inicio de la pesquisa por los lamentables y aberrantes hechos sucedidos, la instrucción se abastece de un cúmulo probatorio que supera holgadamente lo habitual en otros procesos con igual plazo de inicio en esta justicia ordinaria, y que solo podría compararse con trámites que llevan largos años de investigación”.

El fallo destacó la gravedad institucional del caso, la violencia ejercida sobre las víctimas y la necesidad de una respuesta judicial acorde. “La desaparición de tres jóvenes de este partido, y lamentablemente el posterior hallazgo de sus cuerpos en el partido de Florencio Varela, que evidenciaban el despliegue y ejercicio de una violencia inusitada para tres mujeres trabajadoras sexuales de 15 y 20 años de edad, lógicamente conmovió y atrajo los interrogantes sobre los hechos que motivaron tan tamaña brutalidad, no porque fuera estrictamente necesario conocerlos, sino porque excede lo cotidiano, incluso en uno de los distritos con mayor índice de criminalidad y conflictividad social de América Latina”, sostuvo el magistrado.

Y continuó: “Fue por el grandísimo esfuerzo desplegado... que se ha alcanzado a desmembrar e identificar a un importante número de sujetos como partícipes de los lamentables hechos investigados, y como partícipes de una importante organización narcocriminal, que excede el ámbito de la provincia de Buenos Aires, que se extiende también a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cuyos lazos la vinculan con la República del Perú, sin perjuicio de otros alcances que, por la limitación constitucional que detenta esta jurisdicción, no se hayan conocido".

También remarcó el magistrado que esos “grandes esfuerzos permitieron frustrar e interceptar la fuga de parte de los partícipes, de los cuales algunos ya habían abandonado el territorio nacional”.

En tanto, el juez Pinos Guevara rechazó el pedido de la defensa de Ibarra para que se le concediera una medida alternativa a la prisión preventiva por su condición de madre de un bebé de cinco meses, tras analizar informes socioambientales, psicológicos y psiquiátricos que, según la resolución, no garantizan que la imputada pueda ajustarse a condiciones menos restrictivas.

La resolución del magistrado también abordó el debate sobre la competencia judicial, a partir del pedido de la fiscalía de declinar la causa en favor del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Morón, por considerar que los hechos exceden el marco de un homicidio común y se inscriben en una disputa narco de alcance transnacional.

El juez, entonces, coincidió con el Ministerio Público Fiscal. “La investigación de la justicia provincial ha llegado al límite de su competencia, no se presentan interrogantes en cuanto a la necesidad de continuar investigando sobre la organización criminal porque la respuesta es claramente afirmativa, el cuestionamiento se presenta frente al impedimento constitucional de la provincia de Buenos Aires de continuar desbaratando la empresa, los límites no son en torno a los recursos, mucho menos por la capacidad -insisto- los avances logrados en el poco tiempo de la investigación son la evidente comprobación de ello, y es aquí cuando deviene necesario que continúe la Justicia Federal para descubrir los eslabones y rangos superiores de la organización”.