El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N°3 de Rosario dictó condenas de entre 5 y 19 años y medio de prisión a seis integrantes de una organización criminal que, entre 2021 y 2023, planificó y ejecutó secuestros extorsivos en Rosario y Villa Ramallo, con familiares de empresarios como víctimas.
La sentencia, fundamentada en una resolución de casi 300 páginas, se basó en el análisis de intervenciones telefónicas, geolocalización de celulares, peritajes de voz y la identificación de un modus operandi idéntico en todos los hechos investigados, según el portal fiscales.gov.ar.
El tribunal, integrado por los jueces Eugenio Martínez, Mario Gambacorta y Osvaldo Facciano, dio a conocer el veredicto que se hizo público este miércoles el 3 de octubre.
Los condenados
La pena más alta recayó sobre el comerciante Claudio Daniel Coto (63), condenado a 19 años y 6 meses de prisión como jefe ideológico de la asociación ilícita.
En tanto, el mecánico Néstor Adrián Santabaya (61) recibió 17 años y 6 meses como jefe operativo.
Coto y Santabaya fueron considerados coautores de secuestro extorsivo agravado —por haberse cobrado rescate y por la intervención de tres o más personas— en concurso ideal con robo agravado, además de amenazas y extorsión en grado de tentativa. Coto también fue hallado culpable de tenencia ilegítima de Documento Nacional de Identidad ajeno.
Por los mismos delitos, aunque como coautores, fueron condenados Emiliano Mario Andrés Acuña (38) y el cerrajero Sebastián Ezequiel Pugliese (47), este último declarado reincidente, a 14 años de prisión.
En tanto, el remisero Nicolás Adrián Santabaya (32) —hijo del mecánico— recibió 5 años de prisión como coautor de asociación ilícita y tenencia ilegal de arma de guerra, también en concurso real.
Igual pena fue impuesta a Silvia Beatriz López (44), pareja de Pugliese, como coautora de asociación ilícita y partícipe secundaria de secuestro extorsivo agravado.
Los secuestros
El primero de los secuestros ocurrió el 24 de enero de 2023 en Villa Ramallo, cuando A.D. fue interceptado por falsos policías federales y trasladado a una vivienda de San Nicolás.
Los captores exigieron un millón de dólares de rescate, aunque el acuerdo se concretó por 580.000 dólares en la localidad bonaerense Wilde, donde la víctima fue liberada horas después en las afueras de Theobald, Santa Fe.
Cinco meses más tarde, el 5 de octubre de 2023, la organización intentó capturar a F.B., una mujer rosarina, en el garaje de su edificio, pero el operativo falló.
Cinco días después, la misma víctima y su hijo de 13 años fueron secuestrados en ese lugar por tres hombres encapuchados. Ambos fueron trasladados a una vivienda del Barrio Parque Avambaé, en San Nicolás, donde permanecieron cautivos hasta ser liberados sin pago del rescate esa misma noche, en una zona rural de Campo Salles.
El tribunal destacó que la organización actuaba con un esquema planificado y que realizaba tareas de inteligencia previa para seleccionar víctimas de alto perfil económico. Los captores utilizaban algodones en los ojos y precintos plásticos para inmovilizarlos, y las liberaciones se concretaban en zonas rurales, a la vera de rutas nacionales.
Durante el juicio, la Unidad Fiscal Rosario acreditó que entre julio de 2021 y diciembre de 2023, la banda ejecutó secuestros, amenazas y extorsiones con una estructura logística que simulaba la de una “fuerza de seguridad paralela”.
La prueba tecnológica fue clave. Según explicó el fiscal general Federico Reynares Solari, la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), a cargo de Romina Del Buono, analizó más de 2,5 millones de registros telefónicos para identificar vínculos y errores entre los sospechosos.
Los peritajes demostraron que los acusados usaban tres tipos de teléfonos: extorsivos (entregados a las víctimas), operativos (para ejecutar los hechos) y reales (personales). Un detalle decisivo fue el “celular acompañante” de Coto, que permitió su rastreo, ya que no lo apagaba como los demás.
También se comprobó que los lugares de cautiverio fueron alquilados mediante identidades falsas —como la de “Juan Carlos Sacullo”— a través de MercadoLibre y Airbnb. Ese alias se confirmó cuando a Coto le secuestraron un DNI con ese nombre.
A partir de peritajes de voz, los investigadores establecieron una coincidencia con quien realizaba las llamadas extorsivas, en las que se empleó un distorsionador de voz que falló en una ocasión.
En tanto, los reportes de geolocalización del teléfono de Santabaya revelaron movimientos en Ramallo, San Nicolás y Wilde, en coincidencia con los momentos de captura y liberación.
Los peritos también vincularon a Acuña y Pugliese con las operaciones: el primero fue reconocido por una de las víctimas por sus rasgos oculares, mientras que el segundo fue identificado como uno de los cuidadores en el lugar de cautiverio, detalle reforzado por el hallazgo de tableros de ajedrez en su domicilio, juego por el que había sido descrito.
Durante la instrucción, la investigación fue coordinada por los fiscales Javier Arzubi Calvo (Distrito Rosario) y Matías Di Lello (Sede Descentralizada San Nicolás), con colaboración de la UFECO, a cargo del fiscal Santiago Marquevich, y del Departamento Antisecuestros Norte de la Policía Federal Argentina.
Las condenas coincidieron con las penas solicitadas por el fiscal general Reynares Solari, quien encabezó el juicio junto al auxiliar fiscal Rodrigo Romero y la fiscal coadyuvante María Virginia Sosa.
También intervino el Área de Atención y Acompañamiento a Víctimas de la Unidad Fiscal Rosario, a cargo del fiscal Andrés Montefeltro, con la participación de la psicóloga Evangelina Sovrán y el antropólogo José Rubio.
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