El Tribunal Oral Federal (TOF) N°2 de Rosario condenó a 8 años de prisión a Hernán Diego García, un ex empleado de la Cámara de Diputados de la Nación, por tráfico de estupefacientes en la modalidad de transporte y cohecho activo. El fallo estableció la inhabilitación absoluta por el mismo período de la pena.
El episodio que desencadenó la investigación ocurrió el 14 de mayo de 2023, cuando un control vehicular de rutina en el peaje de General Lagos, sentido a Rosario, detuvo el vehículo Chevrolet Meriva, conducido por García, quien viajaba acompañado por Alan Gabriel Vignolles.
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Durante la requisa, los agentes hallaron 92 pastillas de éxtasis bicolores, con el logo de “Sprite”, ocultas bajo el asiento del conductor, además de aproximadamente 3 gramos de marihuana, 3 mil dólares y más de 40 mil pesos.
La reacción inmediata de García fue ofrecer una suma de dinero en dólares a los gendarmes para evitar que se labraran actuaciones preventivas y actas de procedimiento, mientras que
Vignolles también intentó sobornar al personal, presentándose como secretario administrativo de la Cámara de Diputados de la provincia de Misiones.
Al ser identificado, García exhibió una credencial de asesor de la Presidencia del Senado y afirmó ser empleado administrativo en el Congreso de la Nación. Sin embargo, la Fiscalía recibió información de la Cámara alta que desmentía la emisión de la credencial a su nombre.
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Por su parte, la Cámara de Diputados de la Nación confirmó que García había sido cesanteado el 8 de julio de 2024, tras una condena previa a cuatro años y dos meses de prisión por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, circulación de moneda apócrifa nacional y extranjera, y tenencia ilegal de armas, según el fallo del Tribunal Oral Federal N°1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De hecho, había suspendido ya en 2017 luego de su primera detención.
La investigación se apoyó en actas preventivas, croquis, fotografías del procedimiento, test orientativos sobre las sustancias, declaraciones testimoniales de los efectivos intervinientes y el secuestro de los elementos vinculados al caso.
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El tribunal, integrado por la jueza Elena Dilario y los jueces Eduardo Rodrígues Da Cruz y Román Lanzón, valoró especialmente la coincidencia de los relatos de los gendarmes sobre el hallazgo de la droga y el intento de coima, así como las pericias químicas que determinaron que el principio activo de las pastillas era MDA, una sustancia alucinógena y estimulante incluida en el grupo del éxtasis, pero de mayor potencia.
Durante el juicio, iniciado el 5 de septiembre, se presentaron pruebas testimoniales y periciales, incluyendo la declaración de un perito informático de la Policía Federal encargado de extraer información del celular de García, y de un perito químico que certificó la composición de las pastillas.
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En la audiencia del 22 de septiembre, la auxiliar fiscal Magdalena Borgonovo fundamentó el rechazo de las nulidades planteadas por la defensa y solicitó la condena a ocho años de prisión, petición que fue finalmente adoptada por el tribunal.
La defensa, a cargo de la abogada Victoria Caporale, argumentó la debilidad de la acusación y la improcedencia del accionar de Gendarmería, solicitando la absolución de García.
En su declaración indagatoria del 16 de mayo de 2023, el acusado negó conocer el material secuestrado y sostuvo que pertenecía a Vignolles, de quien dijo desconocer que tenía pedido de captura.
También rechazó haber ofrecido dinero a los agentes y explicó que su vínculo con Vignolles se debía a que era consumidor y las cosas que le pedía eran para consumo personal. En la última jornada del juicio, García reconoció sus problemas de consumo de estupefacientes y manifestó que la detención lo motivó a buscar tratamiento.
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El tribunal, al dar a conocer el veredicto el 26 de septiembre y los fundamentos el 6 de octubre, concluyó que la prueba reunida “acredita no solo el traslado de las sustancias ilícitas, sino el conocimiento del imputado sobre su existencia y naturaleza. La ubicación del material debajo del asiento del conductor, su reacción inmediata al ofrecer dinero a los agentes y las comunicaciones secuestradas, descartan la hipótesis de desconocimiento”.
Además, se consideró acreditada la conducta de cohecho por los relatos coincidentes de los gendarmes, quienes detallaron las circunstancias en las que, tras el hallazgo de la droga, el acusado ofreció dinero para “arreglar” la situación.
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El caso mantiene a Vignolles como imputado prófugo, con una orden de captura nacional e internacional emitida en agosto de 2024, tras ser declarado rebelde.
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