El Tribunal de Salta condenó a los 17 imputados en la causa que investigaba la existencia de una organización narcocriminal en la Unidad Carcelaria N° 1 de la provincia, a penas que contemplan desde 1 a 10 años de prisión, dependiendo del grado de participación que hayan tenido. Entre los condenados se encuentran integrantes del Servicio Penitenciario, internos alojados en la unidad y familiares vinculados a los hechos.
El proceso judicial había comenzado el 4 de agosto en la Sala 7 del Tribunal de Juicio del Distrito Centro, bajo la dirección de los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar.
A raíz de una denuncia anónima que advertía sobre posibles hechos de corrupción dentro de la cárcel, la Unidad de Investigación de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales inició un operativo. Debido a que los internos solían cambiar de manera frecuente los chips en los teléfonos celulares empleados para organizar actividades, la investigación se centró en el monitoreo de dispositivos y en el seguimiento de los códigos IMEI, con la autorización de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos (DAJuDeCO).
Durante al menos un mes, examinaron las comunicaciones entre las personas privadas de libertad, familiares y personal penitenciario. El cruce de información y la colaboración con el área de Inteligencia Penitenciaria permitieron identificar con precisión las funciones de los involucrados, que incluían jefes de pabellón, celadores, encargados de seguridad y miembros de la Junta Correccional, responsable de gestionar traslados, progresividad de pena y acceso a regímenes especiales.
El análisis abarcó el funcionamiento de la Junta Correccional y la entrega de beneficios a cambio de pagos canalizados por medio de familiares o transferencias encubiertas. Según los investigadores, la modalidad incluía pagos mediante transferencias y la redistribución de fondos a través de una red compuesta por más de 113 cuentas bancarias vinculadas a diecisiete imputados.
De esta manera, los magistrados encontraron culpables a los ocho funcionarios penitenciarios, sumando a dos internos y varios familiares de personas alojadas en la institución. De acuerdo con la Unidad Fiscal a cargo del procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto, la investigación permitió acreditar que todos actuaron con funciones y jerarquías definidas, constituyendo una organización estable orientada a la comercialización sistemática de estupefacientes dentro de la unidad penitenciaria y al ejercicio de exacciones ilegales.
Las penas que recibió cada uno
Sergio Faustino Moya fue condenado a 10 años de prisión por coautoría de comercialización agravada de estupefacientes, exacciones ilegales agravadas y ser miembro de asociación ilícita. La Fiscalía había solicitado 11 y 8 meses.
Sobre Francisco Arturo Bisceglia recayó una pena aún mayor de 10 años y 6 meses de prisión, por delitos similares y cinco hechos de exacciones ilegales.
Luis Roberto Castaño recibió 6 años y 6 meses de prisión, mientras que Marcos Matías Bucotich García fue condenado a 6 años. Raúl Antonio Arjona deberá cumplir con una pena de 7 años; Marcelo Olguín Magno estará 4 años y 6 meses recluído; y Rubén Antonio Guaymás, 5 años. Estas penas sí coincidieron con el pedido de los fiscales.
Por su parte, José Luis Alarcón a 8 años, Baldomero Darío Córdoba obtuvo dos años de prisión en suspenso.
En cuanto a los internos y familiares, Manuel Méndez fue condenado a 9 años y 6 meses de prisión, María Inés Méndez recibió 9 años, exactamente como lo requirieron los fiscales; y Héctor Gustavo Banega, a 8 años. Ivana Marcela Gutiérrez, María Cristina Galindo y Nicole Judith Ana Luna recibieron 6 años, esta última cumplirá con lo impuesto de manera domiciliaria, con consigna policial. Patricia Daiana del Rosario Flores fue condenada a 4 años y Andrea Abigail Alba a 1 año de prisión en suspenso, con una unificación de condena por una causa anterior que elevó la pena a 8 años y 2 meses.
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