Otro abogado pidió la apertura de la computadora de Makintach y advirtió que no hacerlo constituiría el delito de prevaricato

El abogado Rodolfo Baqué, querellante en el expediente penal que tramita en San Isidro contra Julieta Makintach, rechazó la nulidad de las imputaciones planteada por la jueza días atrás y pidió que se analice la computadora que la magistrada tenía en su despacho.

Su solicitud adhiere al pedido que hicieron los fiscales y Fernando Burlando la semana pasada, quien presentó un escrito en el que, además de advertir hostigamientos de Makintach a los testigos de la causa, exigió que se secuestre el CPU de su oficina para hacer un análisis forense del disco rígido.

El documento de Baqué fue presentado el lunes ante el Juzgado de Garantías Nº4 de San Isidro. Fue a través de su representante, Martín De Vargas, quien señaló que, al encontrarse la magistrada suspendida por el Tribunal de Enjuiciamiento, no existe obstáculo legal para avanzar con la investigación penal y el peritaje de su dispositivo.

Además, el abogado advirtió que impedir el acceso a ese material podría constituir el delito de prevaricato por parte de los funcionarios judiciales intervinientes. “El mismo delito de Prevaricato cometerían los señores agentes fiscales si no procedieran a la inmediata apertura y extracción del disco rígido en cuestión toda vez que el art. 300 del CPPBA no impide dicha actuación”, sostuvo.

En la misma línea, cuestionó la estrategia de la defensa de Makintach señalando que los planteos de nulidad y recusación se presentaron de manera paralela y repetitiva, lo que, a su entender, genera confusión y carece de sustento jurídico. “No alcanza a comprenderse la razón de estas presentaciones en paralelo, pero ambas se contestarán en un mismo apartado referido a nulidades discriminando una a una las ‘supuestas causales invocadas’ y remarcando donde las mismas se repiten”, sostuvo.

Uno de los principales argumentos del equipo de la magistrada fue la supuesta falta de claridad y precisión en la imputación fiscal, lo que, según afirmaron, vulnera el derecho de defensa en juicio. Sin embargo, la querella replicó que el requerimiento del Ministerio Público Fiscal describe con detalle y precisión las conductas atribuidas a la jueza, incluyendo fechas, lugares y modos de ejecución.

En la acusación se señaló que Makintach, en su rol de jueza en el juicio nulo por la muerte de Maradona, habría aceptado participar en un proyecto audiovisual sobre el proceso, facilitando el acceso de un equipo de filmación a dependencias judiciales fuera del horario permitido y permitiendo la obtención de imágenes exclusivas, todo ello sin la debida autorización de sus superiores.

En este sentido, la defensa invocó la existencia de una “doble vía” de enjuiciamiento, alegando que la magistrada estaría siendo sometida simultáneamente a un proceso penal y a un jury de enjuiciamiento, lo que, a su criterio, violaría el principio de ne bis in idem (prohibición de ser juzgado dos veces por el mismo hecho).

Baqué, sin embargo, refutó este planteo, explicando que ambos procesos tienen naturalezas, objetivos y sanciones diferentes: mientras el proceso penal busca determinar la existencia de un delito y aplicar una pena, el jury de enjuiciamiento evalúa el desempeño funcional del magistrado y puede derivar en su remoción, sin que ello implique necesariamente la comisión de un delito.

“No sólo no existe doble vía de enjuiciamiento sino que la misma resulta imposible”, afirma el escrito, citando doctrina y jurisprudencia que distinguen claramente entre la responsabilidad penal y la política o funcional de los jueces.

Otro de los puntos controvertidos es la denuncia de un supuesto ocultamiento de pruebas por parte del Ministerio Público Fiscal. La defensa de Makintach sostiene que se le ha impedido acceder a elementos probatorios esenciales para ejercer su defensa. No obstante, la querella señala que la propia defensa ha tenido acceso a todos los documentos relevantes, al punto de reproducirlos en sus escritos, y que la participación de la magistrada y sus abogados en la causa ha sido activa desde el inicio. “Es indudable que la Defensa tiene pleno conocimiento de todos los elementos probatorios que componen y fundan el requerimiento, al punto de reproducirlos fotográficamente en su escrito”, remarca la presentación.

La recusación de los fiscales, basada en una presunta pérdida de objetividad y coordinación indebida con la querella y la defensa de otros imputados, también fue objeto de un rechazo categórico. La querella considera que tales afirmaciones carecen de sustento fáctico y jurídico, y que la actuación del Ministerio Público Fiscal se ha ajustado a la normativa vigente. Se cita expresamente: “La discrepancia con el criterio fiscal no es causal de su apartamiento so pena de que la defensa maneje el proceso a su antojo”.

Finalmente, la querella subrayó que los planteos de nulidad y las medidas cautelares solicitadas por la defensa para impedir el análisis de la computadora no cumplen con los requisitos legales para prosperar, ya que “no se ha acreditado la existencia de un perjuicio concreto ni la violación de garantías constitucionales”.

La resolución de estos planteos quedará ahora en manos del Juzgado de Garantías N° 4 de San Isidro, que deberá decidir si hace lugar a las nulidades, recusaciones y medidas cautelares solicitadas por la defensa de Julieta Makintach, o si, como solicita la querella, las rechaza en su totalidad y permite que la investigación penal siga su curso.