En la etapa final del procedimiento judicial que comenzó en mayo pasado contra el pastor Roberto Tagliabué por explotación laboral agravada, ejercicio ilegal de la medicina, comercialización de fauna silvestre y maltrato animal, culminó una nueva jornada de audiencia con el pedido de 14 años de prisión por parte de la Fiscalía de Mar del Plata.
Los hechos que están siendo juzgados habrían ocurrido entre el 2001 y 2022 en la iglesia El Shaddai y el establecimiento denominado Programa Cristiano de Rehabilitación de Adicciones (PCRA), donde el lunes pasado se llevó a cabo una inspección ocular que contó con la participación del acusado.
En el cierre del juicio oral que tiene lugar en el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, la fiscal federal Laura Mazzaferri —quien integra el cuerpo junto a las auxiliares María Eugenia Montero y Diana Arias, y del PROTEX Victoria Sassola—, también solicitó la inhabilitación especial perpetua para “el ejercicio de toda actividad vinculada a la medicina, psicología, acompañamiento terapéutico, dirección de centros de tratamiento de adicciones o programas comunitarios de salud y también de actividades relacionadas con el desempeño del culto, por el máximo legal, como medida de protección de la salud pública y de prevención especial”. Así lo detalló este lunes el Ministerio Público Fiscal de la ciudad balnearia.
En su intervención ante el juez Roberto Falcone, Mazzaferri incluyó en su solicitud el otorgamiento de una indemnización de aproximadamente 136 millones de pesos para las víctimas, el decomiso de dos propiedades situadas en la calle Génova que habrían sido empleadas para captar o alojar a los afectados y la confiscación del terreno donde funciona la iglesia. Además, reclamó que se disponga el secuestro de cinco vehículos y dos motocicletas vinculados a la investigación.
“El reconocimiento del derecho a restitución económica y el decomiso de los activos producto del delito de trata de personas permite enfocar los hechos con una doble característica, por ser casos de criminalidad compleja y graves violaciones a los derechos humanos”, sostuvo la funcionaria. Por otro lado, el lunes próximo será el turno del abogado defensor del pastor, el letrado Mauricio Varela, quien expondrá su alegato ante el mismo tribunal.
Cómo funcionaba el esquema de explotación
El 26 de mayo, durante la apertura del debate judicial, la Fiscalía planteó cómo funcionaba el esquema de explotación y abuso en el programa del pastor evangélico, donde personas con antecedentes de adicciones, dificultades económicas y conflictos judiciales habrían sido captadas mediante engaños. Parte de las víctimas derivadas al centro llegaban por decisión de la Justicia provincial como alternativa al cumplimiento de penas de prisión o en suspenso de procesos judiciales.
La acusación delineó ante el tribunal que los residentes de El Shaddai encontraban como obligatorio el desempeño de trabajos sin pago formal. Estas tareas incluían la venta ambulante de panificados, artículos de limpieza y plantas, la atención de negocios bajo la titularidad del pastor, así como labores de mantenimiento y albañilería en el recinto religioso. Las jornadas cubrían casi todo el día y el dinero ingresado era administrado en su totalidad por el responsable de la organización.
“Se han comprobado cabalmente durante el debate aquellos indicadores que permiten acreditar que las víctimas resultaban explotadas con fines laborales a través de la reducción a la servidumbre, como práctica análoga a la esclavitud”, subrayó la fiscal.
El programa de recuperación exigía a los asistentes el pago de gastos por alimentación, alojamiento y el aporte de un diezmo mensual, mientras se retenían fondos provenientes de ayudas sociales o pensiones por discapacidad pertenecientes a las víctimas. El régimen interno contemplaba el uso de multas económicas y vales entregados solo para adquirir productos en el minimercado interno, según describieron.
La investigación judicial determinó que Tagliabué repartía folletos, hacía promoción digital y contactos con instituciones carcelarias y juzgados provinciales, para poner en conocimiento el programa.
El expediente también incluye una derivación penal por comercialización de fauna silvestre y maltrato animal. En los operativos realizados en 2022, se incautaron 97 especies exóticas y 154 animales adicionales en propiedades atribuidas al imputad. Esta situación sumó cargos específicos en función de la Ley Nacional de Fauna, en paralelo a la acusación principal por trata y explotación laboral.
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