Dictaron prisión preventiva para uno de los hombres sospechados de participar en el crimen de César “Oreja” Martínez, ocurrido en noviembre de 2023 en la ciudad de Orán, provincia de Salta. La medida se dispuso en el marco de la investigación que busca esclarecer el asesinato del presunto narco.
El imputado, identificado como el conductor de una de las motocicletas empleadas en el ataque, fue arrestado en agosto en Colonia Santa Rosa durante un operativo de la Unidad Especial GAP Orán con apoyo de Infantería de la Policía, en pleno desarrollo de las fiestas patronales de la localidad.
La audiencia en la que se dictó la impuso la medida se realizó bajo un formato flexible y multipropósito, coordinado por la Oficina de Gestión Judicial (OfiJu).
En representación del Ministerio Público Fiscal, el fiscal penal Daniel Espilocín, de la Unidad de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte, defendió la postura de la Fiscalía.
El magistrado Raúl Fernando López rechazó los planteos de la defensa, que solicitaban modificar la calificación legal del hecho y requerían la libertad o el arresto domiciliario del acusado.
La Fiscalía argumenta que el caso debe ser encuadrado como homicidio calificado por el uso de arma de fuego y por el concurso premeditado de dos o más personas, lo que agrava la situación procesal del imputado.
Los detalles del crimen y las conexiones con la política local
El crimen ocurrió el 12 de noviembre de 2023, cuando cuatro personas encapuchadas dispararon al menos 17 veces contra la víctima frente a la vivienda donde cumplía prisión domiciliaria.
La decisión de otorgar ese beneficio judicial a Martínez había sido tomada por el entonces juez Claudio Parisi, a pesar de que existían dos prisiones preventivas en su contra: una por violencia de género y otra por venta de estupefacientes. El arresto domiciliario se concedió en el contexto de una causa por tentativa de femicidio.
Durante ese período, Martínez fue ejecutado frente a su casa. La investigación, que permanece bajo la órbita de la Unidad de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte, se enmarca en la estrategia impulsada por el procurador García Castiella para centralizar y reforzar la persecución penal de organizaciones delictivas con alta capacidad logística y niveles elevados de violencia. El equipo está conformado por fiscales de Orán, Tartagal y Salta capital.
El caso de César Martínez reveló conexiones directas con el poder político local. La víctima era hermano de Carlos Alfredo “Conejo” Martínez, quien se desempeñaba en ese momento como intendente de Aguas Blancas y actualmente cumple prisión domiciliaria tras ser imputado por presunto entorpecimiento de la investigación del asesinato de Oreja.
La misma acusación recayó sobre el ex juez Parisi y el abogado Roberto Ortega Serrano.
Mientras que Parisi será sometido a juicio por presuntamente haber favorecido a narcotraficantes como Martínez, Ortega Serrano fue señalado por haber invocado su trayectoria de dos décadas en Orán y por mencionar que su pareja trabaja como fiscal penal en el distrito.
La pesquisa permitió acceder a varios chats extraídos del teléfono del ex intendente, en los que intercambiaba información reservada de la causa penal con Ortega Serrano. Entre los documentos compartidos figuraban solicitudes de allanamiento a propiedades, incluida la vivienda del propio intendente, y respuestas firmadas por el juez de Garantías, Claudio Parisi. La Unidad Fiscal, integrada por Claudia Carreras, Luján Sodero Calvet, Soledad Filtrín Cuezzo y Pablo Cabot, había solicitado ingresar en la casa del jefe municipal y en la de Ortega Serrano. El domicilio del funcionario fue allanado en abril, aunque la orden judicial se demoró por decisiones de Parisi.
En paralelo, Carlos Martínez solicitó una licencia de tres meses para evitar la detención, pero finalmente se entregó a la Justicia el 24 de septiembre y fue reemplazado por el presidente del Concejo Deliberante. Ese mismo mes, Ortega Serrano fue arrestado tras confirmarse que el ex juez Parisi había transmitido información procesal tanto al abogado como al ex intendente, llegando incluso a notificarlos por WhatsApp sobre el inminente procedimiento en su domicilio.
El mismo magistrado intentó recibir a una licencia médica tras la intervención policial en sus oficinas, pero fue arrestado el 2 de octubre después de perder su inmunidad por decisión de un jurado de enjuiciamiento y a pedido del procurador general Pedro García Castiella.
La Unidad Fiscal también solicitó que Parisi sea sometido a juicio oral bajo sospecha de cohecho. La investigación sostiene que habría pactado el cobro de una suma en dólares —a través del secretario letrado Maximiliano Correa— a cambio de favorecer con arresto domiciliario a José Dimas Ruiz, ex candidato a intendente de Aguas Blancas, vinculado como presunto entregador en el robo millonario y violento a la firma avícola Abra del Sol.
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