Comienza el juicio al ex jefe de fiscales de Rosario acusado por corrupción vinculada al juego clandestino

El ex jefe de fiscales de Rosario, Patricio Serjal (48), comenzará a ser juzgado este lunes por presuntas maniobras de corrupción vinculadas al juego clandestino, por las que afronta un pedido de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Junto a él estará el ex empleado del Ministerio Público de la Acusación Nelson Rodolfo Ugolini (38), sospechado de filtrar información al empresario del juego ilegal Leonardo Peiti —ya condenado por esta causa—, para quien se solicitó 5 años de cárcel.

El debate oral y público tendrá lugar en la sala 10 del edificio judicial y será dirigido por el tribunal integrado por los jueces Nicolás Foppiani, Facundo Becerra y Hebe Marcogliese. En tanto, la acusación será llevada adelante por los fiscales Marisol Fabbro, José Luis Caterina y María de los Ángeles Granato.

Los dos exfuncionarios judiciales llegan en libertad. En caso de resultar condenados por los delitos de asociación ilícita, incumplimiento en los deberes de funcionario público y falsedad ideológica, la pena será de cumplimiento efectivo. Se estima que el juicio podría durar casi un mes, con jornadas de cinco horas diarias.

El legajo cobró impulso entre julio y agosto de 2020, cuando fueron allanados Gustavo Ponce Asahad, fiscal, y Patricio Serjal, el jefe de la Fiscalía Regional de Rosario. Ambos fueron destituidos por la Legislatura santafesina y posteriormente fueron llevados a audiencia donde fueron imputados de haber integrado una organización que protegía el juego clandestino regenteado por Leonardo Peiti y se nutría de su dinero. Según declaraciones testimoniales, el empresario pagaba coimas de entre cuatro mil y cinco mil dólares mensuales a cambio de no ser investigado o recibir aviso en caso de un allanamiento.

De acuerdo con la teoría del caso, Nelson Ugolini trabajaba como secretario del por entonces fiscal Ponce Asahad y tenía diálogo directo con Peiti, a quien filtraba información confidencial.

Por la misma causa está imputado el senador por el departamento San Lorenzo, Armando “Pipi” Traferri, quien fue apuntado como el presunto beneficiario del dinero, según declaraciones de Ponce Asahad, quien fue condenado a 3 años de prisión efectiva luego de aceptar un juicio abreviado en el que brindó información en carácter de “arrepentido”. Su situación es más lenta, ya que la acusación se le formuló recién en octubre del año pasado, cuando renunció a sus fueros.

“Decimos que Serjal, Traferri, Ponce Asahad y Ugolini conformaban una asociación ilícita cuyo objetivo era permitir que Peiti pueda seguir operando de forma ilegal el negocio del juego y apuestas de azar. Los hechos (delitos) que se cometen para dar continuidad a esa empresa criminal fueron muchos, algunos con trascendencia penal y algunos además que recaen en otras figuras penales”, explicaron los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, quienes comenzaron con la investigación, pero luego fueron apartados de la misma.

Una investigación federal que lleva varios meses en Rosario desembocó el último jueves al mediodía en allanamientos en la sede del Correo Argentino y en domicilios particulares de tres empleados –uno de ellos, recientemente desvinculado– y de importadores de encomiendas internacionales que, mediante maniobras bajo investigación, evadieron controles aduaneros a cambio de un rédito económico.

Los procedimientos fueron llevados adelante por la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales de la Policía Federal a pedido de los fiscales federales Javier Arzubi Calvo y Soledad García, y fueron autorizados por el juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz.

El legajo mostró sus primeras medidas a finales de abril pasado, cuando la Policía Federal –por solicitud de los mismos fiscales– allanó el Correo y nueve domicilios particulares –siete de Rosario y dos de Buenos Aires–.

Esos procedimientos estuvieron dirigidos a personal del Correo y usuarios que habían traído figuras de acción coleccionables y álbumes musicales en formatos CD y vinilo que luego fueron comercializados.

En el avance de la causa se pudo establecer que los involucrados habrían realizado desde 2023 en adelante dos tipos de maniobras para evadir los controles aduaneros y el pago de tributos por las encomiendas internacionales.

Una consistía en marcar como destinatarias a distintas personas, pero un único domicilio. La otra, que la mercadería sea entregada sin la declaración jurada de la Aduana y sin que se hiciera un control aduanero en el Correo Argentino. En este último caso, los usuarios abonaban un 50 por ciento del valor de los impuestos, dinero que se quedaban los tres empleados sospechados.

Algunos de los allanados en abril volvieron a ser objetos de operativos este jueves, donde fueron detenidos el importador Javier J. y los empleados del Correo Maia L., Eduardo C. y Hugo L. Investigadores confiaron que los dos trabajadores ostentaban cargos jerárquicos, en el caso de Hugo L. hasta el año pasado, cuando fue desvinculado.