El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta condenó a siete años de prisión a Daniel Fernando Aponte, el empleado judicial provincial acusado de liderar una operación de transporte de 23 kilos de marihuana con destino a la ciudad de Rosario de la Frontera. El imputado, que trabajaba en el fuero penal salteño, fue hallado culpable como coautor del delito de tráfico de estupefacientes agravado por la cantidad de intervinientes.
La sentencia fue dictada el jueves por los jueces Marta Snopek, Gabriela Catalano y Diego Matteucci e incluye la orden de decomiso de una camioneta Kia Sorento, propiedad de una empresa de transporte en la que el funcionario era socio. Según se determinó en la causa, el vehículo fue utilizado para ocultar y trasladar la droga.
Junto a Aponte, los magistrados también condenaron a Darío Antonio Peralta y Ángel Guido Luna a seis años de prisión, al ser hallados coautores en la maniobra. Según las pruebas reunidas, Aponte no solo facilitó el rodado para el traslado de la droga, sino que controló el viaje, se comunicó para indicar los pasos del trayecto y, tras la caída del transportista (Luna), financió la defensa y buscó asegurar que el detenido no declarara.
La operación quedó al descubierto tras un control de la Gendarmería Nacional el 21 de diciembre de 2024, sobre la ruta provincial 5 a la altura de Joaquín V. González. Durante la inspección de la camioneta conducida por Luna, los gendarmes detectaron anomalías en los paneles laterales y hallaron 24 paquetes con un peso total de 23 kilos de marihuana, suficiente para la producción de aproximadamente 438.300 dosis. Las autoridades destacaron que esta cantidad equivale a casi 13 dosis por habitante de Rosario de la Frontera, a donde estaba destinada la carga.
La fiscal interviniente, Paula Gallo, subrogante del Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Salta, sostuvo en el juicio que la organización implicó una división de roles y un plan común para transportar la droga desde el norte provincial hasta el límite con Tucumán. En relación con el accionar de Aponte, Gallo remarcó durante su alegato: “Tuvo un rol superior, con absoluto dominio de la maniobra, incluso como inversor”.
La investigación reveló que Peralta y Luna viajaron al norte para retirar la droga y que, ante el control y posterior incautación, Aponte se dedicó a monitorear la situación, cambiar su línea telefónica e intervenir para instruir la defensa legal.
En el marco del juicio, el tribunal coincidió con la fiscalía y rechazó los argumentos defensivos sobre un supuesto rol periférico del funcionario judicial.
Finalmente, la sentencia ordenó el decomiso del vehículo y dejó constancia del daño potencial del cargamento para una población afectada por el consumo de drogas.
El rol de Aponte
Las evidencias incorporadas por el Ministerio Público Fiscal incluyeron documentación que acredita que la camioneta utilizada en el transporte figuraba como titular bajo la empresa Aponte S.R.L., dedicada al rubro transporte y administrada, en parte, por el propio Aponte y uno de sus familiares.
La fiscalía puntualizó que la firma figura como responsable del vehículo y que Aponte tuvo un rol activo en la operación al poner la camioneta a disposición de Luna para el viaje.
El teléfono de Luna brindó detalles sobre la logística y los trayectos. De acuerdo a este análisis, Peralta y Luna realizaron un viaje de ida, partiendo desde Rosario de la Frontera el 19 de diciembre rumbo a Orán, donde arribaron al día siguiente. Allí, siempre según la cronología establecida por la fiscalía, retiraron la sustancia y retornaron el 21 de diciembre sin la presencia de Peralta.
En paralelo, el cruce de llamadas expuso el nivel de monitoreo realizado por Aponte sobre el transportista y los desplazamientos de la camioneta. La comunicación entre ambos se intensificó a medida que Luna encaraba el tramo final de su regreso, hasta que la detención interrumpió todo contacto.
En los minutos subsiguientes, Aponte mantuvo varios llamados y, tras conocer la detención, contactó a un abogado local para que representara a Luna en las diligencias judiciales. Según la fiscalía, este paso buscaba interiorizarse sobre las actuaciones y, con ello, construir una coartada.
Aponte argumentó durante la investigación que la cesión de la camioneta solo tenía como finalidad que Luna la exhibiera a un potencial comprador en Metán. Añadió que el vínculo entre ambos era distante y justificó el contacto con el abogado en la mera intención de recuperar el vehículo.
No obstante, las conversaciones recuperadas lo muestran interactuando con Luna, a quien le detalló hospedajes y traslados muy distantes de su itinerario permitido, sin formular reparos ni reclamos. Además, la fiscalía advirtió que Aponte jamás efectuó ningún trámite formal para la restitución de la camioneta.
La acusación quedó ratificada tras el análisis probatorio expuesto por la fiscal Gallo. Las defensas de los acusados no presentaron objeciones.
El juez federal Rabbi Baldi Cabanillas, además de elevar la causa a juicio, prorrogó la prisión preventiva de los tres imputados.
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