La ex directora de Asuntos de la Mujer y Diversidad de la Municipalidad de Tartagal, en la provincia de Salta, Carla Antonella Cordero, junto con las empleadas de esa oficina, Celeste Abigail Robles y Sandra Mabel Domínguez, enfrentarán un juicio oral y público como coautoras del delito de concusión agravada, por haber exigido dinero de manera indebida a beneficiarias del programa Acompañar, financiado por el Estado nacional y orientado a fortalecer la independencia económica de mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencia de género.
Así lo decidió la jueza de revisión, Mariela Catalano, al considerar que existe evidencia suficiente para juzgarlas tras la audiencia de control de acusación. La magistrada aceptó la solicitud del fiscal federal de la Sede Fiscal Descentralizada de Orán, Marcos Romero.
La acusación también incluye a Lautaro Tomás Hurtado, hijo de Domínguez, como partícipe necesario, ya que habría utilizado su cuenta bancaria para recibir los pagos ilegítimos exigidos a las beneficiarias a pesar de no ser funcionario público.
La acusación señala que entre enero de 2021 y noviembre de 2022, las exfuncionarias de Tartagal exigieron dinero de manera ilegítima a diversas beneficiarias del programa federal como condición de acceso, más allá de que las damnificadas reunían los requisitos objetivos para acceder al beneficio.
Según informó el Ministerio Público Fiscal, durante la audiencia de control de acusación celebrada el jueves pasado, la defensa de las imputadas solicitó el sobreseimiento, alegando falta de pruebas y cuestionando la calificación penal. La jueza Catalano, sin embargo, descartó esos argumentos y aclaró que el peso de los elementos reunidos debe discutirse en el juicio, subrayando además que el representante fiscal dirige la acción conforme a lo estipulado en la normativa vigente.
El proceso judicial se inició tras una serie de denuncias presentadas desde noviembre de 2022. La primera la realizó una beneficiaria, y posteriormente se sumaron otra mujer cuya identidad quedó reservada, un grupo de concejales municipales, una diputada nacional por Salta y actuaciones preliminares a partir de publicaciones en medios locales y redes sociales.
Por orden del fiscal Romero, la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Tartagal de la Gendarmería Nacional realizó tareas de campo e inteligencia. Además, la Fiscalía gestionó el levantamiento del secreto bancario de los implicados, solicitó informes al municipio y allanó sus domicilios.
La investigación logró confirmar, mediante información de la exAFIP y el Banco Central, transferencias periódicas de dinero desde beneficiarias del programa hacia cuentas vinculadas a las funcionarias imputadas y a Hurtado.
La Fiscalía advirtió que, cuando las mujeres dejaban de pagar las sumas exigidas, se modificaban sus datos en el sistema, con lo cual se les retiraba el beneficio y no podían cobrar la asistencia destinada a promover la autonomía de mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencia de género.
De acuerdo con las pruebas reunidas, se pudo establecer que Hurtado actuó de intermediario, canalizando los pagos irregulares y ofreciendo acceso al programa a conocidos a cambio de un porcentaje, así como la recepción de dinero en efectivo.
Los informes de fiscalización también detectaron que miembros de la oficina municipal y sus parientes, incluyendo los hijos de Domínguez, figuraban entre los beneficiarios oficiales, lo que sugiere un entramado de intereses personales vinculado al reparto de los fondos.
Al cerrar la audiencia, la jueza dictó el auto de elevación a juicio. Así, la Fiscalía anticipó que solicitará penas de cuatro años de prisión e inhabilitación perpetua, en tanto el caso refiere a delitos cometidos contra la Administración Pública, aunque se trata de agentes municipales y no nacionales.
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