Condenaron un ex fiscal de Bahía Blanca por favorecer a una banda narcocriminal

Tras haber transcurrido más de dos años desde que se inició un proceso judicial contra el ex fiscal de Bahía Blanca, Alejandro Cantaro, acusado de encubrir a una banda de narcotraficantes en la que estaba inmerso su sobrino, este miércoles la Justicia falló en su contra y lo condenó a seis años de prisión.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal lo consideró partícipe primario de la organización narcocriminal conocida como los “Narcochetos 2”, que operaba en la ciudad bonaerense entre 2017 y 2018. El fallo sostiene que Cantaro protegió y favoreció a la banda, contribuyendo activamente con información clave para eludir investigaciones judiciales y posibilitando que sus integrantes tomaran recaudos al comunicarse e incluso lograran evadir la acción de la Justicia.

“La contribución de Cantaro durante el período imputado, entre el 22 de marzo del 2017 y el 14 de abril 2018, estuvo centrada medularmente en aportarles información esencial para que operaran sin ser descubiertos; posibilitándoles tomar recaudos en sus conversaciones telefónicas; y, en el caso particular de su principal protegido (Sebastián Gauna San Millán), ofrecerle la posibilidad de eludir la investigación de la justicia fugándose a la provincia de Córdoba”, sostuvo el tribunal. Para el TOC, el ex funcionario fue la figura que, sin ser el autor directo del hecho, realizó las acciones sin las cuales el delito no podría haberse cometido.

Además, los jueces Ernesto Sebastián, Alejandro Silva y Simón Bracco, lo encontraron responsable por el tráfico de estupefacientes agravado por su calidad de funcionario público encargado de la prevención y persecución de estos ilícitos. Los magistrados no solo dispusieron la pena de prisión, sino que además le impusieron una multa económica y la inhabilitación absoluta y especial para ejercer cargos públicos durante diez años. De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público Fiscal, ordenaron su inmediata detención y ratificaron la gravedad institucional del caso.

Al fundamentar la condena, los magistrados subrayaron que la conducta que tuvo representó una “traición” y una “deslealtad institucional”, ya que adaptó su función pública para favorecer intereses criminales en vez de actuar según sus deberes. “Esta particular traición al mandato Constitucional no sólo compromete la credibilidad del sistema de justicia, sino que pervierte los fines mismos para los cuales fue investido de tan alta responsabilidad”, argumentó el tribunal.

La resolución llegó luego de un largo proceso que incluyó una revisión a instancias superiores de la Justicia Federal. Tal como detalló el MPF, en diciembre de 2024, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal había dejado sin efecto la absolución previa de Cantaro y ordenó al tribunal de Bahía Blanca dictar un nuevo fallo.

En su argumentación, el tribunal de Casación remarcó que los hechos atribuidos y debatidos en las instancias previas nunca variaron a lo largo del proceso, estableciendo que el cambio de calificación legal no implicó una modificación sorpresiva de la base fáctica.

La defensa, tras la revocatoria, presentó una apelación que fue declarada inadmisible por la Cámara, motivo por el cual recurrió en queja ante la Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal, el pasado 19 de junio, desestimó el recurso y dejó firme lo resuelto en la instancia de Casación.

Según la investigación, el ex fiscal apareció mencionado en varias escuchas telefónicas en las que habló con al menos dos personas, una de las cuales era su sobrino. En el expediente quedó detallado que, durante la investigación, se incautaron más de cien dosis de cocaína compactada, 1.500 semillas y cinco plantas de marihuana, además de otros objetos considerados relevantes para la causa.

La causa contra el fiscal es un desprendimiento de un expediente por drogas por el que fueron condenados Facundo Texido (también señalado como uno de los “protegidos”), Maximiliano Ezequiel Borja, Emiliano Gastón Lucanera, Gastón Eduardo Sáenz, Federico Raúl Hernando y los hermanos Pablo Horacio y Gustavo Rafael Nogales.

A su vez, la Justicia ordenó la intervención de 11 líneas telefónicas, a partir de las cuales, los agentes identificaron a Texido y a Federico Hernando, señalado como supuesto proveedor del grupo. Durante una vigilancia encubierta, los investigadores siguieron a Texido hasta una cervecería ubicada cerca de Fuerte Argentino y Casanova, en Bahía Blanca. En ese establecimiento, se reunió con Gauna San Millán.

Un agente de Prefectura declaró ante el tribunal e indicó que los sorprendieron consumiendo estupefacientes dentro de un Peugeot blanco estacionado frente al local. Mediante la verificación de la patente, los agentes determinaron que el vehículo pertenecía a Cantaro.