Dos policías bonaerenses fueron apresados acusados de participar en un brutal ataque contra detenidos alojados en los calabozos de la comisaría Segunda de Ensenada, ubicada en Punta Lara, en La Plata. Con las nuevas detenciones, ya son cinco los efectivos implicados. La Justicia sospecha que se trata de un patrón de violencia sistemática.
La investigación se inició tras una denuncia presentada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, a partir de la represión del motín en la madrugada del 21 de octubre de 2024.
El caso, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, se conoció tras el arresto del entonces titular de la seccional, su segundo jefe y el imaginaria de turno, a fines de marzo pasado. Sin embargo, las pruebas recolectadas señalaron la participación de más uniformados en los tormentos y apremios ilegales, que habrían sido aplicados como represalia frente a reclamos de mejores condiciones de alojamiento, indicó 0221.
Los nuevos detenidos son los oficiales Sergio Aguilar y Oscar Castillo. El fiscal solicitó un tercer arresto, pero no fue detenido debido a que el Juzgado de Garantías Nº2 de La Plata, a cargo de Eduardo Silva Pelossi, por el momento, no aceptó ese pedido.
Según la denuncia, los policías utilizaron escopetas con postas de goma, gas lacrimógeno y chorros de agua a alta presión a corta distancia, en medio de un apagón intencional. Las víctimas denunciaron también golpes de puño, patadas y agresiones con elementos policiales, además de la práctica conocida como “puente chino”.
Los testimonios indican que, tras desnudarlos por la fuerza, les colocaron precintos en las manos, las ataron a la espalda y los obligaron a tirarse boca abajo, uno encima de otro, en completa indefensión. En ese contexto, habrían recibido amenazas de agresión sexual y fueron forzados a realizar actos vejatorios entre sí.
Tras conocer los hechos, equipos técnicos de la CPM se presentaron en la comisaría, entrevistaron a las víctimas y elaboraron un informe que acompañó la denuncia penal. En paralelo, el subsecretario de Derechos Humanos del Municipio de Ensenada, Carlos Dabalioni, también se hizo presente, levantó testimonios de los detenidos. Su declaración y las observaciones recogidas en esa visita fueron incorporados a la causa.
La acusación contra los policías incluye, además, el delito de falsedad ideológica, debido a que falsificaron el acta oficial del procedimiento. Según la documentación judicial, los imputados insertaron afirmaciones falsas con el objetivo de justificar la represión, sosteniendo que las personas privadas de su libertad habían intentado fugarse, que estaban armadas y que habían iniciado una pelea entre ellas. Para el fiscal, esas afirmaciones quedaron desmentidas por los informes médicos, los testimonios y la intervención de organismos de derechos humanos.
No es la primera vez que se señalan este tipo de prácticas en esa comisaría: en 2019, la Comisión Provincial por la Memoria ya había documentado hechos similares en esa dependencia policial, cuando un detenido fue obligado a desnudarse, golpeado y sometido a ejercicios físicos bajo amenazas de violación.
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