Este martes, confirmaron la prisión preventiva efectiva para tres policías de Rosario acusados de participar en un fraude millonario con fondos públicos destinados a la carga de combustible para patrulleros. La decisión de la camarista Gabriela Sansó afecta a Gerardo Ramírez, Rodrigo Domínguez y Juan Villordo, quienes permanecerán detenidos mientras avanza la investigación. El resto de los agentes y civiles que habían apelado la medida recuperaron la libertad.
La causa, que cobró impulso en mayo tras una denuncia de la Subsecretaría de Control de la cartera de Justicia y Seguridad provincial, expuso una trama de malversación de caudales públicos y defraudación agravada.
El fiscal regional Matías Merlo y el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, detallaron que la investigación se inició a partir de irregularidades detectadas en la administración de los fondos asignados al patrullaje de la Unidad Regional II.
De los 380 millones de pesos asignados mensualmente, se estima que 45 millones de pesos fueron sustraídos mediante maniobras fraudulentas.
El esquema delictivo, según explicó el fiscal Caterina en declaraciones recogidas por el Ministerio Público de la Acusación, se centró en la sobrefacturación de combustible. En lugar de que cada chofer de patrullero utilizara su propia tarjeta “Visa Flota” —el mecanismo previsto para controlar el gasto de combustible—, el personal encargado de la operatoria recolectó y concentró alrededor de 300 tarjetas en su poder. Esta acumulación permitió articular la sobrefacturación en connivencia con una estación de servicio, desviando así fondos públicos.
Además, el hallazgo de un posnet perteneciente a la estación de servicio implicada en el domicilio de uno de los policías detenidos se convirtió en una de las pruebas más contundentes para la Fiscalía.
Según el fiscal Caterina, las intervenciones telefónicas permitieron reconstruir el circuito delictivo: desde la estación de servicio se organizaba la entrega de dinero en efectivo a los agentes involucrados, mientras que la instalación de sistemas de GPS en los patrulleros y otras medidas de inteligencia aportaron evidencia clave sobre la operatoria.
La estación de servicio involucrada operaba bajo la razón social Gas Auto Tiferno S.A.. Según la investigación, sus responsables eran una pieza clave para ejecutar el circuito fraudulento.
En paralelo, un informe de Asuntos Internos permitió detectar que en julio de 2024, al menos 85 patrulleros figuraban como fuera de servicio, pero aparecían cargando combustible en los registros oficiales.
Un caso concreto del expediente señala que el Fiat Cronos N° 10.770 del Comando Radioeléctrico cargó 730 litros, cuando el recorrido registrado indicaba que solo debió consumir unos 560.
Durante la audiencia de apelación, la jueza Sansó consideró que no existía peligrosidad procesal para liberar a los agentes Sergio Darío López, Nanci Gabriela Plomer, Gustavo Adrián Bazán, Juan Pablo Pigozzi y Franco Cuesta, así como a los civiles Mónica Juana Bianconi y Daniel Alberto Reynoso. Todos ellos recuperaron la libertad tras tres jornadas de debate.
En cambio, la magistrada ratificó la prisión preventiva de Ramírez —comisario supervisor a cargo del Garage de la Unidad Regional II—, Domínguez —jefe de la Secretaría Privada de la misma unidad— y Villordo —inspector responsable del combustible de la Brigada Motorizada—.
En paralelo, el fiscal Caterina imputó este martes al subinspector Juan Manuel Herrera, de Caballería y Perros de la Unidad Regional II, quien había sido detenido la semana anterior.
El juez Gustavo Pérez de Urrechu dispuso su prisión preventiva efectiva hasta el 11 de noviembre, bajo los cargos de peculado de caudales públicos, defraudación agravada y falsedad ideológica.
La investigación mantiene en prisión preventiva a los policías Fabián Fantín, Mario Brest y Jorge Delgado. Otros agentes, como Javier Arce y Fernando Ceballos, y los civiles María Fernanda De Franco y Oscar Coullery, ya habían sido liberados tras apelaciones previas.
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