A partir de una solicitud enviada por la Unidad Fiscal de Santa Fe, el Gobierno nacional ofreció una recompensa de cinco millones de pesos para quienes aporten datos sobre el paradero de un hombre que lideraba una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes. Jorge Alberto Mendieta, alias “Turu”, permanece prófugo de la Justicia desde diciembre de 2024.
La medida, adoptada por medio de la Resolución 876/2025 y firmada por la ministra Patricia Bullrich, hizo extensivo a través de Boletín Oficial el pedido del fiscal federal Walter Alberto Rodríguez, que investiga a Mendieta por delitos vinculados al tráfico de drogas al haber dirigido una red de narcomenudeo que operaba desde distintos lugares de la zona, de acuerdo con lo trascendido. Sobre su paradero nada se sabe desde hace más de medio año y sobre él pesa una orden de captura nacional desde el 27 de mayo.
Según la información oficial, Mendieta nació el 10 de noviembre de 1986 en Argentina; su último domicilio conocido se encuentra en Azopardo al 10400, barrio Punta Norte, en la ciudad de Santa Fe. El expediente detalla que frecuentaba el Club de bochas “Club Los 17”, ubicado en la intersección de las calles Lamadrid y Regimiento 12 de Infantería, en el centro del barrio Las Flores.
En tanto, en un anexo a la resolución, la cartera de Seguridad describió las características físicas del buscado. Se trata de una persona de contextura robusta, altura aproximada de 1,75 metros, ojos marrones y cabello oscuro. Presenta tatuajes distintivos, entre los que se destacan un tatuaje grande en el pecho con el nombre “Samirah”, un tatuaje tipo manga en el brazo izquierdo, otro en el bíceps derecho y una manga en la parte baja de la pierna izquierda. Estos datos fueron incluidos con el objetivo de facilitar su identificación por parte de la ciudadanía y las fuerzas de seguridad.
La causa por la que Mendieta es intensamente buscado está caratulada como “Investigación Fiscalía Federal N° 2 y otros s/infracción Ley 23.737 presentante: Souza, Rocío Lorena y otros”. La normativa, recientemente publicada, determinó ofrecer la recompensa siguiendo el artículo 3º de la Ley 26.538, según la cual el ministerio de la cartera de Seguridad puede disponer de incentivos económicos para quienes colaboren aportando información.
A los que tengan información para aportar, las autoridades establecieron los siguientes pasos. Los datos relevantes deberán ser comunicados por vía telefónica a la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad.
El pago de la recompensa se efectuará de forma confidencial para resguardar la identidad del denunciante y según lo determine la autoridad judicial interviniente, que deberá acreditar la veracidad y utilidad de la información recibida. Será realizado en Seguridad o en el lugar que designe el representante de esta cartera de Estado previo informe del titular de la autoridad interviniente sobre el mérito de la información brindada a fin de preservar la identidad del aportante.
A su vez, se encomendó a la Dirección de Comunicación Institucional la difusión de la recompensa y del afiche oficial en los principales medios de circulación nacional, en formato escrito, radial y televisivo. También instruyó a las fuerzas policiales y de seguridad federales para que desplieguen la campaña de búsqueda en sus canales formales y en todos sus ámbitos de actuación.
Nueva recompensa para quien brinde datos sobre el asesino de un policía
Días atrás, la cartera de Seguridad elevó a diez millones de pesos la retribución para quienes aporten información que permita la detención de Jorge Luis Martínez Caballero, acusado por el homicidio agravado del policía bonaerense Walter José Molfesse y prófugo desde 2008.
La medida avanzó tras el pedido de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada en Homicidios Dolosos y Averiguación de Causales de Muerte de La Matanza, a cargo del fiscal Diego Ignacio Rulli. La decisión fue oficializada a través de la resolución 750/2025, publicada en el Boletín Oficial.
Martínez Caballero, de nacionalidad paraguaya y nacido el 2 de agosto de 1986, cuenta con una orden de captura nacional e internacional vigente desde el 10 de septiembre de 2008. A pesar del tiempo transcurrido, las gestiones para dar con su paradero no arrojaron resultados, motivo por el cual la fiscalía solicitó incrementar la suma original de cuatro millones de pesos, ofrecida en 2023.
El expediente judicial que tramita el caso, I.P.P N° PP-05-00-388856-08/00, lleva más de 16 años activo y, ante la falta de avances, la nueva recompensa busca incentivar la colaboración ciudadana.
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