La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, a cargo de Alejandra Mángano, llevó adelante una investigación que derivó en la detención e indagatoria de un empleado del Poder Judicial de la Nación y de una mujer, tía de una adolescente de 14 años. Los acusan de la explotación sexual de la chica en el marco de un caso de trata de personas y facilitación de prostitución de una menor.
El proceso judicial fue instrumentado a partir de una denuncia recibida en noviembre pasado por la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), organismo dependiente de la Corte Suprema de la Nación.
En dicha presentación, según Fiscales, una familiar directa de la adolescente expuso hechos de explotación que involucraban, por un lado, a una tía que gestionaba los servicios sexuales de la niña mediante aplicaciones de citas y, por el otro, a un hombre adulto que sostenía encuentros con la adolescente.
La información relatada incluía que el hombre se identificaba ante el entorno de la víctima como secretario de un Juzgado de Menores; sin embargo, la investigación determinó que el imputado cumple funciones como ordenanza dentro del mismo poder judicial.
A raíz de la rápida intervención del juzgado, la pesquisa fue delegada en la Fiscalía Federal N°12, quien ejerce también la cotitularidad de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).
El enfoque del expediente se centró sobre la actuación de la tía de la víctima, quien habría descargado y administrado una aplicación de citas en el teléfono de la menor, alterando la edad de la chica y consignando que tenía 24 años.
De acuerdo a la hipótesis fiscal, la adolescente fue obligada a interactuar en esa plataforma con un adulto que se presentaba como miembro del Poder Judicial. Mediante esos contactos, se concertaron encuentros de carácter sexual a cambio de dinero, pactados y gestionados por la imputada.
La Fiscalía, en respuesta a la denunciante y con la preocupación de salvaguardar a la víctima, implementó rápidas medidas de protección y dio intervención al Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas.
La investigación
La menor prestó declaración en Cámara Gesell ante la Dirección de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), órgano dependiente del Ministerio Público Fiscal, aportando detalles cruciales para estructurar la acusación.
Las primeras medidas investigativas incluyeron allanamientos en domicilios, secuestrándose dispositivos electrónicos relevantes. El análisis de los teléfonos celulares mediante el sistema UFED de la División Pericias Telefónicas de la Policía Federal Argentina (PFA), junto con la colaboración del Departamento Trata de Personas de la fuerza, posibilitó reconstruir los encuentros realizados y reunir pruebas concretas sobre la intervención de la tía.
La evidencia recolectada evidenció que la menor fue obligada a mantener relaciones sexuales con un hombre a cambio de dinero.
Según surge de la investigación, la adolescente convivió con la tía entre principios de octubre y el 21 de noviembre de 2024. Durante ese período, la imputada fue quien instaló y controló el perfil falso de la adolescente, forzándola a contactarse con un hombre adulto. Uno de los encuentros entre la menor y el hombre se gestó en un albergue transitorio de la Capital Federal, siempre bajo la coordinación de la acusada.
La fiscalía, utilizando los datos obtenidos de los teléfonos y con la intervención de la División Individualización Criminal de la PFA, logró identificar al adulto involucrado en la secuencia, de 55 años y empleado como ordenanza del Poder Judicial.
El avance de la causa desembocó en los allanamientos realizados en barrios porteños de La Boca y en el Centro de la Ciudad de Buenos Aires. Por orden de la jueza María Eugenia Capuchetti, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°5, ambas personas quedaron detenidas y a disposición judicial.
La magistrada los indagó formalmente por los delitos tipificados de trata de personas con fines de explotación sexual agravada, debido a la minoría de edad de la víctima, el vínculo de parentesco y el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, así como por promoción y facilitación de la prostitución de una persona menor de edad.
Las detenciones fueron concretadas por agentes del Departamento Trata de Personas de la PFA.
De acuerdo a la pieza fiscal, la reconstrucción temporal y digital de los hechos permitió detectar la creación del perfil falso, la comunicación entre la menor y el adulto, y la coordinación de al menos un encuentro sexual bajo intercambio de dinero.
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