La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió dejar sin efecto, en un plazo de seis meses, la cesión de uso del espacio ubicado en la planta baja del Palacio de Justicia, donde actualmente funciona la Unidad 28, centro de detención judicial a cargo del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
La medida fue firmada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y comunicada a todos los organismos judiciales y penitenciarios involucrados.
La decisión se sustenta en el convenio que había formalizado la cesión del espacio entre el Ministerio de Justicia de la Nación y la Corte Suprema, y en la acordada mediante la cual el Tribunal ya había manifestado la voluntad de recuperar ese sector del edificio.
A pesar de haber cursado en su momento las comunicaciones correspondientes al Ministerio de Justicia, al Director Nacional del SPF, al Consejo de la Magistratura, a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal y a las demás autoridades competentes, la Corte remarcó que ninguna de las medidas dispuestas entonces se concretó.
Pero eso no fue todo. La situación se agravó, según explicó el tribunal, por la decisión del SPF de emplear ese mismo espacio para realizar los exámenes psicofísicos de los detenidos, circunstancia que profundizó los fundamentos originales del pedido.
Además, se sumó la necesidad de reforzar las medidas de seguridad dentro del edificio judicial. Por ello, la resolución indicó expresamente que subsisten —e incluso se intensificaron— las razones que motivaron la decisión de dejar sin efecto la cesión.
Con este panorama, la Corte estableció tres puntos resolutivos concretos:
- En primer lugar, resolvió revocar formalmente la cesión de uso del sector que ocupa actualmente la Unidad 28, fijando un plazo de seis meses a partir de la notificación para efectivizar la desocupación y restitución del espacio.
- En segundo lugar, requirió al SPF que informe, “a la mayor brevedad”, qué unidad de detención será destinada al alojamiento transitorio de los detenidos que deban comparecer ante los tribunales penales del Palacio de Justicia.
- Finalmente, se encomendó a la Subdirección de Seguridad y a la Secretaría de Administración del Tribunal la adopción de las medidas necesarias para formalizar lo dispuesto y verificar el estado de conservación del inmueble cedido, conforme a lo previsto por el convenio en su cláusula octava y disposiciones concordantes.
La resolución fue comunicada al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Seguridad de la Nación, al Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal, al Director del Centro de Detención Judicial –Unidad 28–, al Consejo de la Magistratura, a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, a la Cámara Nacional de Casación Penal y a la Cámara Federal de Casación Penal.
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