La Justicia Federal de Rosario dictó la primera condena bajo el sistema acusatorio implementado en mayo de 2024 por un caso de trata de personas con fines de explotación sexual, abuso sexual y suministro de estupefacientes.
El acusado, Diego Martín Torres, de 47 años, recibió una pena de 10 años y medio de prisión tras un acuerdo pleno homologado por el juez federal de garantías, Eduardo Rodrigues Da Cruz. El fallo incluyó además una reparación económica millonaria para las dos víctimas, una de ellas menor de edad.
Según la sentencia, Torres mantuvo a las víctimas bajo condiciones de cautiverio y explotación sexual dentro de una pensión de Rosario, ejerció violencia, agravó el delito con amenazas y suministró estupefacientes a ambas mujeres.
La causa comenzó a gestarse a partir de una denuncia realizada por la madre de una de las víctimas, una adolescente de 15 años, que expuso ante la Policía la situación de explotación sexual de su hija. De inmediato, la Unidad Fiscal Rosario, encabezada por los fiscales interinos Javier Arzubi Calvo y Soledad García, inició la investigación en articulación con organismos de atención, prevención y persecución de la trata de personas.
El fallo señala que Torres captó a las víctimas en contextos de alta vulnerabilidad. A la mayor de edad la contactó en Tunuyán, Mendoza, entre 2017 y 2018, explotando su situación económica crítica y el padecimiento de violencia de género previa. El hombre la alejó de su entorno familiar y la llevó a Rosario, donde la obligó a ejercer la prostitución durante siete años, obteniendo ingresos por esto.
Según informó el portal Rosario3, el hombre captó a la menor de edad en septiembre de 2023 al aprovecharse del contexto de pobreza, abuso previo y debilidad familiar de la adolescente. Según la Fiscalía, estableció una relación de confianza con la familia de la joven y progresivamente la aisló, llevándola a vivir con él y la otra víctima en una pensión de Rosario. Bajo amenazas, la forzaba a prostituirse en un puente sobre la ruta 33, entre Zavalla y Pujato, y la sometió a abusos sexuales y al consumo forzado de drogas.
Durante el proceso, el equipo de investigación reunió pruebas testimoniales, registros y evidencia forense que confirmaron las maniobras de explotación y la responsabilidad exclusiva de Torres. Una cámara de vigilancia y testimonios directos permitieron reconstruir la operatoria. Si bien la adolescente en un primer momento mencionó a la otra víctima como posible coautora de los hechos, la Fiscalía aplicó la cláusula de no punibilidad del artículo 5 de la ley 26.364.
Desde el inicio, la adolescente y su madre contaron con el acompañamiento constante del Área de Atención a las Víctimas de la Unidad Fiscal Rosario, bajo la coordinación del fiscal Andrés Montefeltro, en coordinación con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, y el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de la Trata.
La intervención de la Dirección de Investigaciones de Trata de Personas, Violencia de Género y Delitos Sexuales y la Unidad Regional II de la Policía de Santa Fe permitió localizar y arrestar a Torres en septiembre de 2024.
El juez interviniente declaró la competencia federal del caso, revocó una condena condicional previa sobre Torres y estableció una reparación económica de $27.430.306 para la menor y $215.712.834 para la mayor, quien permaneció siete años en estado de explotación.
El fallo remarca la gravedad de los delitos investigados: trata de personas con fines de explotación sexual agravada, por la mediación de amenazas, abuso de vulnerabilidad, abuso sexual agravado y suministro de estupefacientes. En el caso de la menor, el agravante de la minoría de edad subraya la responsabilidad penal del imputado.
La articulación fue clave. Intervinieron la Oficina de Criminalidad Económica, Trata de Personas y Delitos Complejos del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos, la Secretaría de Derechos Humanos de Rosario y el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. Los fiscales Arzubi Calvo y García insistieron en el valor del abordaje integral, con perspectiva de género y derechos humanos, y señalaron que la condena sienta un precedente relevante en el sistema acusatorio federal de Rosario.
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