
Luciana Muñoz fue vista por última vez hace un año en la ciudad de Neuquén cuando salió de la casa de su abuela. Había dicho que se encontraría con un amigo. Desde ese momento, se esfumó. Pasó un año y la recompensa por un dato que encamine la investigación para dar con ella ascendió a 100 millones de pesos. Pese a ello, no hay rastro de la joven de 20 años. Su familia exige respuestas y apunta a que fue víctima de un caso de trata.
La investigación la encabeza el fiscal Andrés Azar y continúa abierta. Desde un comienzo contempló como una de las principales hipótesis que Luciana podría haber sido víctima de una red de trata de personas.
Esta línea cobró fuerza a partir de la declaración de un remisero, quien afirmó haberla visto en un contexto relacionado con el consumo de sustancias. Sin embargo, no pudo ser corroborada hasta ahora.
Ese 13 de julio de 2024, Luciana dejó la casa de su abuela Mirta Muñoz, ubicada en el barrio Gran Neuquén Norte, de madrugada. La familia no volvió a tener contacto con ella y, tres días más tarde, su madre, Lila Aguerre, formalizó la denuncia por desaparición ante las autoridades.
Las cámaras de seguridad de la zona captaron a Luciana poco después de salir de la vivienda. En las imágenes se la ve caminando sola por las calles 8 de Diciembre y 1° de Enero, visiblemente desorientada. Llevaba puesta una camisa negra, jeans claros y zapatillas negras. Esas imágenes constituyen el último registro visual confirmado de su paradero.
Desde el inicio de la causa, se desplegaron operativos de búsqueda masivos que incluyeron rastrillajes en más de 1.000 hectáreas, sobrevuelos de 120 kilómetros con helicópteros, y un intenso patrullaje de 45 kilómetros de los ríos Limay y Neuquén, tanto con embarcaciones como con buzos tácticos.
Además, se analizaron más de 800 horas de material fílmico proveniente de cámaras públicas y privadas.

En paralelo, la Justicia imputó por falso testimonio a la expareja de Luciana. De acuerdo con la fiscalía, el joven mintió sobre la fecha del último contacto que tuvo con ella y también falseó su geolocalización correspondiente al día en que la joven desapareció. A pesar de ello, la prueba reunida no fue suficiente para ordenar su detención preventiva: el juez le concedió prisión domiciliaria, bajo el uso de tobillera electrónica y con custodia.
Los procedimientos judiciales y periciales incluyeron el análisis de restos biológicos hallados en una vivienda y un vehículo, aunque los resultados fueron negativos. También se efectuaron excavaciones en diversos puntos y se consultaron los registros migratorios, sin obtener rastros concluyentes.
El gobierno provincial ofreció desde los primeros días una recompensa para quien aportara datos relevantes. Inicialmente, fue de un millón de pesos, luego se incrementó a diez millones, y más tarde se elevó a cien millones de pesos, suma que permanece vigente hasta hoy.

No obstante, con el paso del tiempo, la familia de Luciana denunció públicamente el desinterés de las autoridades por el caso y la pérdida de impulso investigativo.
Durante los meses siguientes, la familia, organizaciones feministas, amistades y vecinos impulsaron diversas movilizaciones para exigir su aparición. La última se realizó este viernes. La marcha tuvo lugar en la ciudad de Neuquén y volvió a poner el caso en la agenda pública. En cada intervención, Lila Aguerre reafirmó su convicción de que su hija fue secuestrada y reclamó que la Justicia investigue todas las hipótesis posibles sin restricciones.
La palabra de la abuela

En diálogo con La Mañana de Neuquén, Mirta Muñoz, dijo al cumplirse un año de la desaparición de su nieta: “Quiero creer que está con vida y no voy a dejar de creer eso... No voy a decir nunca que mi nieta está muerta. En algún momento la voy a encontrar.”
Además, consideró: “Hay personas vinculadas al narcotráfico que tienen información y no la quieren aportar”. Y agregó: “No entiendo por qué tanta maldad con ella, por qué tanta porquería para ella, porque no es una gorda que se lo merezca lo que le están haciendo.”
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