El ex fiscal provincial Fernando Martín Rodrigo (43) este lunes fue condenado a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos.
Se trata del funcionario del Ministerio Público de la Acusación de Rosario que renunció a su cargo el 24 de agosto de 2017, dos meses después de que se detectara que había engañado a los jueces para “pinchar” el teléfono de quien era su novia, y las amigas y familiares de la mujer.
En una audiencia que se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal, el juez Gonzalo Fernández Bussy homologó el juicio abreviado que había sido acordado entre la defensa y la fiscal Natalia Benvenuto.
La demora en llegar a la condena se debió a que se mantuvo una discusión de competencia, el legajo pasó a manos de la Justicia federal y luego regresó al fuero ordinario. En ese derrotero, el imputado utilizó todas las vías recursivas a su alcance, hasta que resolvió la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Rodrigo, al momento de ser acusado, se desempeñaba como jefe de una de las unidades fiscales de Investigación y Juicio, e intervenía en robo de vehículos que, posteriormente, eran desguazados en desarmaderos. En ese marco, presentó listas de líneas telefónicas para ser intervenidas, ya que, según él, habían sido apuntadas en informes de inteligencia de la Policía de Investigaciones sobre personas sospechadas de esos delitos.
De acuerdo a la evidencia exhibida por la fiscal Natalia Benvenuto, el ex funcionario judicial pidió entre el 25 de junio de 2017 y el 11 de agosto de ese año “cinco interceptaciones de comunicaciones telefónicas y mensajes de texto respecto de doce números telefónicos”, que fueron otorgadas por jueces que habían interpretado que se trataba de personas involucradas en las investigaciones.
Rodrigo, según la acusación, llegó a obtener de esa forma 183 CD’s con intervenciones telefónicas de su ex pareja, sus padres, hermanos y amigas. Incluso se mencionó en la imputación de que iba a retirar personalmente los materiales a la sede local de la Dirección Nacional de Captación de Escuchas.
La causa cobró impulso el 7 de agosto de 2017, cuando un empleado de Rodrigo detectó que uno de los teléfonos que tenían en la investigación por los desarmaderos de autos era de una compañera de trabajo y denunció a su superior. Eso le valió tener custodia policial por temor a represalias.
La investigación fue asignada a Benvenuto, ya que era de otra jurisdicción, en este caso, de la localidad de Cañada de Gómez. Ni bien trascendió, el fiscal tramitó una licencia psiquiátrica.
El 11 de agosto de 2017, cuatro días después de que se desatara el escándalo, el por entonces fiscal general Jorge Baclini lo suspendió preventivamente por solicitud de la auditora del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich. Antes de que las autoridades analizaran la posible destitución, renunció a su cargo el 25 de agosto de aquel año y el entonces gobernador Miguel Lifschitz se la aceptó.
La condena de este lunes, que contempla la inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos adquiere relevancia porque en junio de 2022 llegó a estar entre los ternados para cubrir un cargo como titular de la Fiscalía Federal de Río Gallegos, según los nombres que había elevado por entonces el procurador general de la Nación Eduardo Casal al Poder Ejecutivo, a través del concurso número 114.
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