Cayó una familia narco que se valía de mujeres con arresto domiciliario para almacenar la droga

Operaban en los distritos de Merlo y Marcos Paz y son siete en total los detenidos, algunos con antecedentes penales

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Atraparon a una banda dedicada al narcomenudeo en las localidades bonaerenses de Merlo y Marcos Paz; y compuesta, en su mayoría, por integrantes de una misma familia y por dos mujeres que tenían arresto domiciliario y usaban sus viviendas como soporte logístico para la organización criminal.

Los arrestos, siete en total, se dieron tras una serie de ocho allanamientos simultáneos en el marco de una causa por infracción a la Ley de drogas y tenencia ilegal de armas dirigida por la UFI Nº9, a cargo del fiscal Gustavo Luis González.

El operativo fue el resultado de una investigación iniciada el 20 de noviembre de 2024 por la Dirección de Investigaciones de Delitos Federales, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Policía Bonaerense.

Las tareas permitieron documentar el funcionamiento de una banda con un claro esquema jerárquico, roles definidos y una red familiar que articulaba desde la provisión de la droga hasta su venta en la vía pública.

Parte de la droga incautada
Parte de la droga incautada en los operativos

La estructura narco

En el centro de la estructura fue identificado S.G.E., de 30 años, señalado como líder del grupo y principal proveedor. Su pareja, J.I.A., de 25, también fue aprehendida: estaba a cargo del fraccionamiento y distribución del material estupefaciente. Ambos fueron detenidos durante los allanamientos en Merlo.

Pero la organización no terminaba allí. La madre del líder, según determinó la investigación, jugaba un rol central en el circuito delictivo. La mujer, actualmente bajo arresto domiciliario por causas anteriores relacionadas a la venta de drogas, usaba su vivienda como centro de acopio, fraccionamiento y guarda de sustancias, además de punto logístico para la distribución.

Su domicilio servía como depósito desde donde se redistribuía el material hacia diferentes puntos de venta administrados por otros miembros de la familia. Uno de estos puntos estaba ubicado en la zona de Pompeya, donde otro familiar de S.G.E. estaba a cargo de la operación.

Para asegurar la actividad, el grupo se valía de terceros en situación de vulnerabilidad, en muchos casos adictos, que eran utilizados como “soldados” para custodiar los alrededores y alertar ante cualquier movimiento sospechoso.

Las armas secuestradas
Las armas secuestradas

Además, la investigación detectó una segunda línea delictiva paralela, encabezada por otra mujer que también se encontraba cumpliendo arresto domiciliario por causas vinculadas al narcotráfico.

Al igual que la madre del jefe de la banda, utilizaba su domicilio como aguantadero, brindando cobertura a otros integrantes e incluso ocultando armas y estupefacientes.

En total fueron siete las personas aprehendidas. Además del líder y su pareja, fueron detenidos una mujer de 33 años, un joven de 23 y otro de 27, quienes oficiaban como administradores y comercializadores en diversos puntos de venta. También fueron capturados un hombre de 34 y otro de 62, sindicados como vendedores callejeros, y notificados por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego, tras hallarse armamento en sus domicilios.

El despliegue policial arrojó resultados concretos: se secuestraron 175,5 gramos de cocaína distribuidos en 570 envoltorios, 942 gramos de marihuana, tres escopetas (una con pedido de secuestro por robo desde 2007), un revólver calibre .22, dos réplicas de pistolas 9 mm, 17 cartuchos calibre 12/70, 5 municiones calibre .22, 16 celulares, dos balanzas de precisión, documentación, anotaciones y $327.700 en efectivo.

Entre los elementos incautados, la presencia de un arma con pedido activo de secuestro desde 2007 por una causa de robo en Hurlingham llamó especialmente la atención de los investigadores.

La información recabada durante los meses previos, sumada a los datos obtenidos en el terreno y a los seguimientos a los domicilios vinculados a la organización, permitió al juez Fraga otorgar las órdenes de allanamiento. Con las aprehensiones concretadas y el material secuestrado.

La justicia busca ahora avanzar con las imputaciones formales y determinar si existen más conexiones familiares o ramificaciones territoriales asociadas a la estructura criminal desarticulada.