
Siguen las malas noticias para Julieta Makintach. Luego de que aceptaran el jurado de enjuiciamiento las denuncias en su contra y comenzara el jury; el abogado de Julio César Coria, el ex custodio de Diego Maradona que fue preso por falso testimonio durante el debate nulo por la muerte del Diez que encabezaba la magistrada, solicitó que se ordene la detención inmediata de Makintach.
Le endilga haber intimidado a una testigo, a la que le dijo: “No busques Justicia en la justicia”. Y, como se dice en el fútbol, se anticipó a la jugada antes de que la jueza del escándalo pierda los fueros, si es que el gobernador Axel Kicillof le acepta la renuncia.
El pedido del abogado Gastón Marano -en nombre del ex custodio- se ciñe al marco de la causa penal que llevan los fiscales de San Isidro Carolina Asprella, José Amallo y Cecilia Chaieb, que investigan los vínculos de Makintach con el documental “Justicia Divina”. En ese expediente, Coria es querellante y la solicitud de detención se apoyan en una serie de hechos que, según el letrado, configuran una interferencia directa sobre el desarrollo del proceso penal y justifican la aplicación de una medida de coerción personal.
El pedido se fundamenta en la conducta que habría tenido Makintach con una testigo del expediente que declaró en la causa penal. Según la denuncia del letrado, el 17 de junio pasado, después de haber declarado en sede judicial ante los fiscales Asprella, Chaieb y Amallo; la testigo habría recibido un contacto por parte de la acusada.
Según la denuncia, la ex magistrada habría intentado establecer una videollamada con la testigo, y, ante la negativa de la mujer, le envió por mensaje de texto una copia de su declaración judicial, acompañada por un signo de interrogación y una serie de frases que el denunciante califica como de “corte preocupante”.
Entre los mensajes que menciona el abogado, figura la expresión: “No busques nunca justicia en la justicia (…) todos en quienes confías te traicionan”, que, de acuerdo con su interpretación, constituiría una forma de presión o intimidación.
A su entender, estas palabras no pueden leerse de otro modo que como una maniobra dirigida a incidir en el ánimo de la testigo, sugiriéndole que no se acerque nuevamente a la Justicia y que, en el contexto de su testimonio, habría traicionado la confianza previa entre ambas.
El abogado del ex custodio de Diego remarcó que este episodio genera una “honda preocupación” y consideró que no puede descartarse que hechos similares se reproduzcan con otros testigos o coimputados. Desde esa óptica, advirtió que este tipo de comportamientos podrían derivar en un daño irreversible para el proceso, en caso de que personas claves decidan no declarar o alteren el contenido de sus testimonios.
En el mismo escrito, Marano argumentó que, de persistir esa situación sin intervención judicial, el proceso podría verse afectado de forma sustancial. “La posibilidad de acceder a la verdad material se encontraría seriamente obturada”, sostuvo el letrado.
Para prevenir ese riesgo, pidió al juez de Garantías del caso que se adopte una medida contemplada en el artículo 146 del Código Procesal Penal bonaerense, que habilita medidas de coerción personal cuando existe un “peligro cierto de frustración de los fines del proceso”.
Asimismo, el documento hace referencia a la posibilidad de aplicar restricciones en los casos en que haya sospechas fundadas de que el imputado podría influir sobre otros participantes del proceso para que informen falsamente o se comporten de manera reticente. En este contexto, Marano indicó que no se advierte una medida menos gravosa que la detención para evitar una afectación del normal desarrollo de la investigación.
El abogado también planteó que Makintach ya no goza de inmunidades funcionales, dado que presentó su renuncia al cargo de jueza del Tribunal en lo Criminal N.º 2 de San Isidro. Si bien reconoció que el trámite de aceptación por parte del Poder Ejecutivo aún podría estar pendiente, sostuvo que “no ejerce más la magistratura, por lo que ningún fuero personal la protege —ni sería razonable que lo hiciera—, por lo cual puede procederse a lo que aquí pedido, sin más trámite”.

Además, destacó que tanto Makintach como su padre han ocupado cargos de poder en la jurisdicción, lo que a su criterio constituye un factor adicional a considerar a la hora de evaluar el riesgo procesal. Esta situación, expuso, refuerza la necesidad de adoptar una medida restrictiva que impida cualquier posible interferencia en el proceso.
El escrito concluye con el pedido formal al juez para que dicte la detención de la imputada, en resguardo de los intereses de la causa, y se la trate “como a cualquier otro ciudadano en su situación”, conforme a los principios del proceso penal.
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