Intentaron una maniobra que pareció salida de un guion cinematográfico y los atraparon, bueno, al menos a cinco de los 12 que identificó la Justicia como implicados en la causa que se conoció como el Túnel de San Isidro: el intento de robo a un banco mediante una excavación subterránea de aproximadamente 200 metros. Ahora, los acusados se enfrentarán con la realidad: quedaron a un paso del juicio oral.
Es que los fiscales de San Isidro Carolina Asprella y Patricio Ferrari pidieron la elevación a juicio de la causa contra los cinco imputados acusados de integrar una organización criminal dedicada a concretar un robo en la sucursal de Chacabuco 444, en la zona Norte del Conurbano Bonaerense.
El objetivo de los delincuentes, según la requisitoria a la que accedió Infobae: acceder a las cajas de seguridad del banco mediante un túnel subterráneo de 200 metros, construido desde una propiedad alquilada a pocos metros del lugar.
Según los fiscales Asprella y Ferrari, entre noviembre de 2023 y agosto de 2024, un grupo delictivo compuesto por Alan Daniel Lorenzo Rodríguez, Nicolás Ignacio Carpani Romero, César Leonardo Cazenave Peña, Carlos Andrés Cazenave Peña y Alejandro Israel Rosendo López, junto a al menos otros siete prófugos, ejecutó un plan con división de tareas, logística internacional y documentación falsa.
La operación comenzó con el alquiler del inmueble en Chacabuco 543, a tan solo 100 metros de la entidad financiera. Para concretar el contrato, se usaron identidades falsas —como la de Daniel Osvaldo Navarro y Giovanni Rossi— y se entregaron documentos adulterados, con imágenes que no correspondían a los verdaderos titulares. Además, registraron fraudulentamente el servicio de electricidad ante Edenor, lo que permitió el pago de consumos elevados sin levantar sospechas.
El grupo también habría utilizado, meses antes, otro inmueble sobre Ituzaingó 341, frente al Palacio de Tribunales de San Isidro, donde anteriormente funcionaba el bar Habeas Corpus. Allí, se presume que realizaron tareas de inteligencia previa.
Una vez instalada la base de operaciones, siempre según la causa, iniciaron la excavación del túnel, que fue construido con sofisticadas estructuras encofradas, tendido eléctrico, alfombrado, y elementos para contención. Durante los trabajos, dañaron tanto el inmueble como la vía pública, ya que el túnel atravesaba la calle Chacabuco.
El método de transporte también estaba planificado: usaban una camioneta Renault Kangoo blanca, registrada con un TAG de TelePASE vinculado a identidades falsas.
El plan se frustró el 6 de agosto de 2024, cuando un transeúnte observó una varilla metálica emerger del suelo, al lado del banco. Al advertir golpes y movimientos anómalos en la calzada mientras descargaba mercadería en el local lindero, alertó al personal de la entidad y a la Policía.
La investigación posterior reveló el túnel que se extendía unos 200 metros hasta el galpón de Chacabuco 543, donde se hallaron herramientas, colchones, víveres, planos, ropa y otros elementos vinculados a la obra.
300 dólares y un linyera
Uno de los acusados, Alejandro Israel Rosendo López, alias “Johnny”, reconoció haber trasladado por agua a varios miembros del grupo desde el Delta del Tigre hasta el Paraná de las Palmas, y viceversa. Afirmó que lo contactaron bajo el apodo de “tío” y que realizaba viajes semanales, cobrando 300 dólares por traslado. Identificó por sus apodos y características a otros integrantes, a quienes reconoció también en fotos y filmaciones exhibidas por la fiscalía. Entre ellos, mencionó a un tal “Andrés” y a “Nico”, quien estaría agendado en su celular como “Primo” y sería el primer contacto que lo conectó con el resto de la banda.
En su declaración, López afirmó que desconocía los fines delictivos del grupo y que solo se dedicaba a los traslados. Detalló que los encuentros se realizaban en el muelle Patiño, en Tigre, y que en una ocasión dejó a los pasajeros en Dique Luján, junto a Prefectura.
También relató un episodio llamativo: el grupo trasladó a un linyera, que regresó días después completamente aseado y vestido, lo que a su entender pudo haber sido un intento de sembrar pruebas falsas.
Mientras tanto, Carpani Romero, otro de los imputados, reconoció su vínculo de amistad con Alan Lorenzo —con quien compartió una condena anterior en Uruguay por robo de un camión con droga—, pero negó haber participado en el hecho. Explicó que todos sus ingresos al país fueron legales, ya sea por ferry o por pasos terrestres, y que no estuvo en territorio argentino los días claves de agosto de 2024.
Declaró dedicarse al alquiler de maquinaria portuaria en Montevideo, negó conocer al resto de los involucrados y afirmó no tener relación con San Isidro ni con el inmueble investigado.
La investigación incluye una extensa serie de pericias, declaraciones, informes de migraciones, escuchas, registros de cámaras de seguridad, datos de Interpol y documentos notariales, que la fiscalía reunió para sustentar la acusación por robo agravado por su comisión en poblado y en banda en grado de tentativa, daño calificado, falsificación de documento y uso de documento falso, todo en concurso real.
Uno por uno
Con estos elementos, los fiscales solicitaron la elevación a juicio de las actuaciones en contra de los cinco imputados, mientras continúa la búsqueda de al menos siete personas más que habrían participado en el plan y permanecen prófugas.
A cada uno se le atribuyen los siguientes delitos:
Alan Daniel Lorenzo Rodríguez
- Robo agravado por su comisión en poblado y en banda, en grado de tentativa.
- Falsificación de documento público.
- Uso de documento público falso.
- Daño calificado (por afectación al inmueble y la vía pública).
Nicolás Ignacio Carpani Romero
César Leonardo Cazenave Peña
Carlos Andrés Cazenave Peña
Alejandro Israel Rosendo López (alias “Johnny”)
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