Denunciaron que en Córdoba compraron viagra para los presos y las autoridades alegaron que se usa para tratamientos médicos

El Gobierno de Córdoba fue denunciado el vocal del Tribunal de Cuentas de Córdoba, Beltrán Corvalán, luego de que descubriera que se habían utilizado fondos públicos para comprar viagra que sería entregado al Servicio Penitenciario provincial. Luego de que el caso tomara relevancia, las autoridades aseguraron que serían parte de “tratamientos médicos crónicos”.

La presunta irregularidad fue detectada por el funcionario público, después de haber revisado los gastos realizados por el Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) durante abril de 2024. “Es una cuestión escandalosa, que el Servicio Penitenciario, el gobierno de la provincia de Córdoba, ha comprado Viagra para los reclusos”, expresó Corvalán.

Después de que el vocal hiciera pública la factura correspondiente al mes de abril de 2024 en su cuenta en la red social X, se constató que la institución había adquirido medicamentos y productos como Sildenafil —conocido por la marca Viagra—, junto con otros productos de uso personal.

“Lo vemos con estupor, con asombro porque a esto se suman otras compras, en la misma factura figuran cremas humectante, shampoo anticaspa, anticonceptivos, factor AG”, enumeró el representante del Frente Cívico durante una entrevista para el Canal 10 de Córdoba.

En línea con la denuncia, Corvalán recriminó la falta de medicamentos e insumos en los hospitales públicos de la provincia y consideró que sería innecesario el gasto realizado en los reclusos. “Nos tienen acostumbrados muchas veces a todos estos gastos”, apuntó.

“Nosotros nos basamos en los expedientes, no figura la factura, ningún tipo de historia clínica, no figura absolutamente nada”, acusó el vocal del Tribunal de Cuentas de Córdoba, tras haber indicado que el servicio penitenciario habría gastado un millón de pesos en estos productos durante el período señalado. Y sentenció: “Nos suben los impuestos constantemente y están gastando la plata de nuestros impuestos en esto. No lo vamos a permitir”.

Luego de que se abriera un debate sobre las compras realizadas por el Gobierno, el jefe del departamento de sanidad del Servicio Penitenciario de Córdoba, Ariel Salari, señaló que solo habían cumplido con la provisión de tratamientos médicos para personas privadas de libertad en la provincia.

“Dentro del servicio penitenciario de Córdoba, en toda la provincia, tenemos pacientes con hipertensión pulmonar, esta es una enfermedad crónica cuyo tratamiento sintomático es el Sildenafil. Nosotros compramos esta droga para estos tratamientos crónicos”, certificó el funcionario público.

Según la información publicada por el medio local CBA24, el jefe del departamento de sanidad del SPC remarcó que la compra de insumos y medicamentos se toman a partir de indicaciones hechas por médicos de hospitales externos al sistema penitenciario.

En el caso de las cremas humectantes, Salari precisó que su uso se orienta a internos que presentan cuadros de soriasis. Asimismo, señaló que la provisión de preservativos forma parte de las políticas de salud dentro de las cárceles. “Nos vemos en el deber de comprar preservativos para evitar enfermedades de transmisión sexual y porque tenemos requerimientos judiciales para que se cumpla y garantizar la salud de los internos”, destacó.

Desde el Gobierno cordobés compartieron un informe realizado en 2024, en donde precisaron la cantidad de reclusos en la provincia que estaban inscriptos dentro del régimen de tratamientos crónicos. Según la información a la que accedió La Voz del Interior, se habrían tratado de cuatro internos, de los cuales dos de ellos sufrían hipertensión pulmonar y los otros dos hiperlapsia prostática.

“La droga, cuyo principio activo es el sildenafil, se indica en casos de hipertensión pulmonar, amén de sus efectos en la sexualidad masculina. Y existe una droga más benigna, el tadalafilo, que también tiene efecto en la sexualidad pero se indica para la hiperplasia prostática benigna”, amplió Salari, tras señalarse que en 2025 solo serían tres los presos que requerirían de la medicación denunciada.