La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firmes las condenas contra seis miembros de la Prefectura Naval Argentina por los delitos de tortura, privación ilegítima de la libertad, lesiones leves y robo agravado cometidos en 2016 contra dos jóvenes en la villa Zavaleta, en el barrio porteño de Barracas.
El fallo del máximo tribunal desestimó por inadmisible el recurso de queja presentado por la defensa de uno de los condenados, el ex prefecto Leandro Adolfo Antúnez, y puso punto final al intento por revertir las sentencias.
El hecho que dio origen al expediente ocurrió en septiembre de 2016, cuando Iván Navarro y Ezequiel Villanueva Moya, vecinos de la villa 21-24 e integrantes del colectivo La Garganta Poderosa, fueron interceptados primero por agentes de la Policía Federal Argentina y, posteriormente, por personal de Prefectura, que los retuvo durante varias horas.
Durante ese tiempo, según declararon las víctimas, fueron sometidos a una serie de vejámenes en distintos puntos del barrio y en un descampado a la vera del Riachuelo, donde incluso se les realizó un simulacro de fusilamiento.
En sus redes sociales, Navarro relató: “Nos detuvieron, nos pegaron, nos secuestraron y nos llevaron hasta la vera del Riachuelo, junto a mi amigo Ezequiel, donde nos torturaron de las maneras más perversas. Incluso con un simulacro de fusilamiento”.
De acuerdo con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que actuó como querellante durante el proceso judicial, los jóvenes fueron golpeados dentro de una garita y luego trasladados a otro lugar, donde continuaron las agresiones y fueron despojados de sus pertenencias.
El juicio oral se desarrolló en 2018 ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°9 de la Capital Federal, que condenó a Leandro Antúnez, Orlando Benítez y Osvaldo Ertel a 10 años y seis meses de prisión, mientras que Eduardo Sandoval, Yamil Marsilli y Ramón F. Falcón recibieron penas de 8 años y 11 meses.
Los jueces consideraron probada la responsabilidad penal de todos los imputados por su participación en los hechos, y dispusieron que quedaran inhabilitados de forma permanente para ejercer cargos públicos.
En 2022, la Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional ratificó los fallos. La defensa de Antúnez, asistida por el defensor público oficial y el abogado particular Mariano Patricio, presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, cuya denegación dio lugar a la queja resuelta esta semana.
Los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron inadmisible la presentación y ordenaron el archivo de la causa.
De esta manera, quedaron agotadas las vías de apelación ordinarias y extraordinarias, lo que consolidó la validez de las condenas dictadas en primera instancia.
Según el CELS, la visibilidad pública del caso fue clave para que el proceso judicial pudiera avanzar. La organización destacó que muchas situaciones similares no llegan a judicializarse por temor de las víctimas o falta de pruebas.
Durante la instrucción del caso, se documentaron actos de intimidación contra los jóvenes y los abogados querellantes. Incluso, durante una inspección ocular realizada en el predio lindero al Camino de Sirga, donde ocurrieron los hechos, se hizo presente un grupo de prefectos armados, actitud que fue interpretada como intimidatoria por parte de funcionarios judiciales.
Los hechos que derivaron en las condenas ocurrieron en un contexto de fuerte presencia de fuerzas federales en barrios vulnerables de la ciudad, a partir del despliegue del llamado “cinturón sur”, un operativo especial de control en asentamientos dispuesto por el Ministerio de Seguridad de la Nación. La cartera había dispuesto la baja de los seis prefectos en octubre de 2016, tras la denuncia penal.
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