La muerte de Liam Payne: elevaron a juicio la causa contra los dos imputados

La Justicia argentina decidió elevar a juicio en las últimas horas la causa por la muerte de Liam Payne en la que están imputados el camarero Braian Nahuel Paiz y Ezequiel Pereyra, el ex empleado del Hotel CasaSur del barrio de Palermo, en Buenos Aires, por haberle vendido cocaína al cantante.

En ese hotel porteño, el pasado 16 de octubre, el ex One Direction falleció al caer del balcón de su habitación ubicada en el tercer piso, en una supuesta crisis de salud mental provocada por el consumo de grandes cantidades de cocaína -inhalada y fumada- y alcohol, combinados con sertralina, un potente antidepresivo.

Paiz y Pereyra están detenidos con prisión preventiva, acusado de haberle provisto al ex One Direction drogas en dos oportunidades: estaban procesados por el delito de suministro de estupefacientes a título oneroso, que prevé de 4 a 15 años de prisión.

Paiz conoció al cantante fallecido cuando era camarero de un restaurante del barrio porteño de Puerto Madero, una de las zonas más lujosas de Buenos Aires. Pereyra, en cambio, era empleado del hotel CasaSur donde murió Payne.

La investigación se originó a partir de dos episodios registrados el 14 de octubre de 2024, donde Paiz habría entregado estupefacientes al mencionado Payne. Según el requerimiento fiscal, la primera entrega se produjo a las 3:24 de la madrugada en el hotel ubicado en Costa Rica 6032, donde el imputado acompañó al extranjero hasta la habitación 310 y permaneció allí junto a él hasta las 8:15.

Más tarde, ese mismo día, entre las 10:03 y las 10:44, Payne se habría trasladado en taxi hasta el domicilio de Paiz, donde presuntamente recibió una nueva entrega de droga para su consumo.

El abogado de Paiz, Fernando Madeo Facente, intentó probar que su defendido no le vendió los estupefacientes al cantante. Incluso, el detenido declaró que le regaló la cocaína, algo que le bajaría la pena y lo dejaba en libertad. Pero la jueza Laura Bruniard, del Juzgado Criminal y Correccional N°34, no consideró que fuera así.

Por su parte, a Pereyra, de 21 años, se le atribuyen dos entregas similares: una el 15 de octubre a las 3:25 y otra el 16 de octubre entre las 15:30 y las 16:00, ambas en el mismo hotel. En todos los casos, el suministro habría sido a cambio de dinero y con el objetivo de que las sustancias fueran consumidas por Payne.

“Recibió 100 dólares y en el chat del día de la muerte, el fallecido le pidió: ‘7 gramos más de lo que me diste ayer’. Luego, le hace entrega trabando la puerta del ascensor en el subsuelo y eso está en video”, apuntaron las fuentes de la causa.

“Encontrándose firme la resolución de incompetencia del 20 de mayo de 2025, cúmplase con la remisión de la presente causa a la Sala de Sorteos de la Excma. Cámara en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de que sortee el Juzgado de ese fuero que va a intervenir en la presente causa", reza la resolución a la que accedió Infobae.

Es que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 30 de la Capital Federal resolvió declararse incompetente para continuar interviniendo en la causa. La resolución, firmada el 20 de mayo, por el juez de Cámara Sergio Adrián Paduczak, ordenó remitir las actuaciones a la Cámara en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de que se sortee el juzgado competente de ese fuero.

El expediente había sido inicialmente tramitado por el Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 37, que el 6 de noviembre de 2024 se declaró incompetente por razón de la materia y remitió el caso a la Cámara en lo Penal, Contravencional y de Faltas de CABA.

No obstante, la Cámara en lo Criminal y Correccional revocó esa decisión el 3 de diciembre de 2024, señalando que la declinación resultaba prematura, ya que la plataforma fáctica aún no se encontraba consolidada. Según el tribunal, era necesario esperar a que se estableciera con mayor precisión la figura penal atribuida a los imputados antes de decidir la competencia.

La Cámara advirtió que ni siquiera se había dictado un auto de mérito que delimitara la situación procesal de los acusados respecto de un delito concreto.

Con el avance del expediente y tras el requerimiento de elevación a juicio por parte del Ministerio Público Fiscal, la plataforma fáctica quedó, a juicio del TOC Nº 30, “perfectamente delimitada y de manera estable”, lo que habilitó a resolver la cuestión de competencia. El tribunal reafirmó que los delitos atribuidos a Pereyra y Paiz, previstos en el artículo 5, inciso e) de la Ley 23.737, están incluidos en el régimen de transferencia de competencias penales a la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo establece la Ley Nacional 26.702.

En ese sentido, el juez Paduczak sostuvo que la infracción atribuida —suministro oneroso de estupefacientes— se encuentra contemplada en el capítulo “Delitos vinculados a materia de competencia pública local” de la legislación correspondiente, lo que impone, por imperio del artículo 35 del Código Procesal Penal de la Nación, declarar la incompetencia del fuero nacional y remitir el caso al ámbito judicial porteño.

Por disposición del tribunal, se notificará al lugar donde los imputados se encuentren alojados que cesará su vinculación con el TOC Nº30 y que quedarán bajo la jurisdicción del nuevo juzgado que resulte designado por sorteo en el fuero penal Contravencional y de faltas de la Ciudad.

El pasado 3 de abril se conoció que el empresario Rogelio Nortes, quien fue acusado de la muerte de Payne, había sido sobreseído en la causa en la que había sido imputado del homicidio culposo del ex cantante de One Direction por el fiscal del caso, Andrés Madrea.

La defensa de Nores, a cargo de Rafael Cúneo Libarona, apuntó que el empresario no tenía un vínculo comercial comprobado con el cantante -como, por ejemplo, ser su manager-, a pesar de que era el principal contacto del ex One Direction en Argentina tras acompañarlo en su tratamiento de desintoxicación en Miami.

El sobreseimiento también alcanzó a Esteban Grassi y Gilda Martín, los gerentes del CasaSur también acusados de la muerte del cantante.