
A mediados de febrero, la Policía de Córdoba desbarató una banda dedicada a realizar estafas millonarias a la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross). Ahora, el número de detenidos e imputados escaló a 37 con la captura de un policía retirado.
El avance de la investigación judicial sobre la defraudación a la obra social provincial Apross permitió identificar una compleja red de maniobras fraudulentas que, según fuentes de la causa, involucran la falsificación de recetas médicas y la utilización de documentos de identidad adulterados para retirar medicamentos de alto costo, como insulina y tratamientos oncológicos, en distintas farmacias.
En este contexto, la Fiscalía de Instrucción del Distrito 1, Turno 6, bajo la dirección de José Bringas, ordenó la detención de un policía retirado, quien se desempeñó como tesorero de la Mutual Policial 16 de Noviembre entre 2016 y 2021, y lo imputó por los delitos de Defraudación Calificada y Falsificación de Documento Privado en perjuicio de la entidad.
De acuerdo con lo publicado por el Ministerio Público Fiscal, el uniformado (RE), cuya identidad no fue revelada oficialmente, habría estado vinculado a maniobras de facturación de consultas médicas inexistentes.

La detención se produjo en el marco de una investigación de largo alcance sobre maniobras fraudulentas que afectan al sistema de salud provincial. De esta manera, con este nuevo arresto, ya suman 37 las personas detenidas e imputadas en la causa, lo que refleja la magnitud de la red delictiva bajo análisis.
La causa, que se inició al menos desde mediados de 2019 bajo la órbita del fiscal José Mana y que actualmente continúa bajo la dirección de José Bringas, avanzó mediante la realización de múltiples allanamientos y la adopción de diversas medidas probatorias. Estas acciones permitieron individualizar a los presuntos responsables de las maniobras, las cuales se habrían ejecutado a través de instituciones médicas y mutuales relacionadas con personal policial.
Desde el Ministerio Público Fiscal no descartaron la posibilidad de nuevas detenciones a medida que se profundice la recolección de pruebas y se logre identificar a otros posibles partícipes en los hechos investigados. Los agentes judiciales sostienen que existen entre 40 y 50 líneas de investigación abiertas.
La mecánica delictiva habría consistido en la obtención de datos de afiliados empadronados en Apross. Los sospechosos, haciéndose pasar por los titulares de los beneficios, gestionaron la confección de recetas médicas tanto físicas como electrónicas, utilizando firmas y sellos médicos falsificados. Posteriormente, se presentaban en distintas farmacias —variando los establecimientos para evitar levantar sospechas— y retiraban medicamentos de alto costo, como insulina, tiras reactivas y fármacos oncológicos.
Los implicados habrían utilizado documentos de identidad adulterados, en particular modificando las fotografías originales por las de los estafadores, para concretar el retiro de los medicamentos. Esta modalidad se asemeja a otras defraudaciones perpetradas contra casas de electrodomésticos o entidades crediticias, donde la alteración de la imagen en el DNI permite consumar la estafa.
Además, la investigación judicial analiza no solo el rol de los detenidos y los vínculos entre ellos, sino también la posible participación de las farmacias que entregaron los medicamentos. Por esto, analizan si estos comercios formaron parte activa de las maniobras, cuya cuantía defraudatoria se estima en varios millones (la cifra rondaría los 500 millones de pesos), ya que los medicamentos retirados habrían sido comercializados en el mercado ilegal.

Durante los procedimientos realizados en febrero, las autoridades confiscaron una serie de elementos fundamentales para el caso, entre ellos teléfonos celulares, impresoras, computadoras, documentos de identidad falsificados, sellos apócrifos, dinero en efectivo, una gran cantidad de medicamentos y recetarios fraudulentos. En total, solo en los procedimientos, incautaron 12 millones de pesos.
Desde el inicio de las actuaciones judiciales, la Justicia desplegó operativos permanentes para identificar y detener a los involucrados en estas maniobras que afectan directamente a los recursos destinados a los afiliados de Apross.
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