La Corte Suprema de Justicia de la Nación dio por cerrada la causa por el homicidio de Gastón Duffau, al desestimar los recursos extraordinarios presentados por las defensas de los cinco policías condenados por el hecho ocurrido el 23 de febrero de 2008 en Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires. Con esa decisión, las penas de prisión perpetua que les impuso la justicia penal bonaerense quedaron firmes.
Duffau tenía 34 años cuando fue detenido por la Policía Bonaerense luego de que protagonizara un altercado menor en el interior de un local de comidas rápidas.
Según los registros del expediente, los efectivos lo redujeron y lo subieron por la fuerza a una camioneta policial. Horas después, su cuerpo fue hallado sin vida, boca abajo en la caja del mismo vehículo, semidesnudo, con los pies atados y esposado con dos juegos de esposas.
Las pericias indicaron que había sido golpeado. El recorrido incluyó una comisaría de Ramos Mejía y el Hospital de Haedo, aunque los informes oficiales no explicaron con claridad el traslado ni el tiempo que transcurrió entre los hechos.
El proceso judicial se inició con la elevación a juicio de cinco efectivos: Mauro Adrián Ponti, Luis Alberto Acuña, Rubén Darío Steingruber, Natalio Hernán De Nardis y Leonardo Ezequiel Brandan. Sin embargo, en un primer fallo dictado el 6 de mayo de 2009, el Tribunal en lo Criminal N.º 5 de La Matanza los absolvió de los cargos por tortura seguida de muerte.
Aquella decisión fue recurrida tanto por la Fiscalía como por la querella, lo que derivó en la intervención de la Sala II del Tribunal de Casación Penal, que anuló el fallo absolutorio y ordenó la realización de un nuevo juicio oral. La causa fue remitida, entonces, al Tribunal en lo Criminal N.º 4 de la misma jurisdicción.
No obstante, el 21 de mayo de 2013, ese segundo tribunal volvió a absolver a todos los imputados. De nuevo, el Ministerio Público y los representantes de la familia de Duffau apelaron la decisión mediante sendos recursos de casación. Esta vez, el resultado sería diferente.
El 14 de julio de 2016, la Sala VI del Tribunal de Casación hizo lugar parcialmente a los planteos de los acusadores y condenó a Ponti, Acuña y Steingruber como coautores penalmente responsables del delito de tortura seguida de muerte, y les impuso la pena de prisión perpetua con inhabilitación absoluta y perpetua. Por su parte, De Nardis y Brandan recibieron la misma pena, aunque como partícipes necesarios.
Las defensas presentaron entonces recursos de apelación ante el Tribunal de Casación y la Corte bonaerense, que fueron rechazados. En consecuencia, el expediente llegó finalmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante recursos de queja interpuestos por los abogados de los policías condenados.
El 28 de junio de 2023, el máximo tribunal intimó a los recurrentes a cumplir con los requisitos establecidos: presentación del último domicilio real y número de documento, bajo apercibimiento de tener por no presentado el recurso.
En respuesta, la defensa de Acuña, Ponti y Steingruber informó que los tres se encontraban alojados en la Comisaría Distrital Oeste 3ra. de Villa Luzuriaga, ubicada en Garibaldi 2388, en la provincia de Buenos Aires. También aportó los datos requeridos.
Sin embargo, el 3 de agosto de 2023, el tribunal resolvió tener por no presentado el recurso de queja, al considerar que los letrados no habían cumplido debidamente con lo dispuesto en la intimación. Ante esa resolución, los abogados defensores intentaron una revocatoria.
La Corte Suprema, con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó el planteo al señalar que sus decisiones no son, en principio, susceptibles de recurso alguno. De ese modo, las condenas impuestas por la justicia penal bonaerense adquirieron carácter definitivo.
Desde el inicio del caso hasta la resolución definitiva transcurrieron más de 17 años, marcados por absoluciones, anulaciones, nuevos debates y condenas. El expediente judicial, iniciado por una muerte ocurrida tras una detención por disturbios menores, terminó consolidando un fallo por tortura seguida de muerte, con prisión perpetua para los cinco policías involucrados. La resolución de la Corte Suprema puso punto final a un extenso proceso judicial.
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