Laura Salinas Videla es mendocina y en los tribunales provinciales de justicia todos la conocen como “la estafadora serial”. Tras haber sido condenada por 47 hechos de estafa y cumplido casi dos años de cárcel, lejos de reinsertarse, volvió a delinquir. Primero fue beneficiada con prisión domiciliaria, pero al comprobarse que continuó con su accionar delictivo, la Justicia ordenó su traslado al penal.
En 2020, en plena pandemia, Salinas fue detenida en el marco de casi medio centenar de causas por estafa. Se presentaba como funcionaria del Gobierno provincial y ofrecía falsos beneficios de acceso a viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). A cambio, solicitaba pagos en efectivo. Según publicó Diario Uno, en 2021 fue condenada formalmente por 47 fraudes y cumplió pena en prisión.
Sin embargo, tras recuperar la libertad, retomó sus maniobras. En mayo de 2022 contactó vía WhatsApp a una emprendedora que ofrecía prendas tejidas en redes sociales. Usó el alias “Carolina”, aseguró ser abogada y trabajadora del Poder Judicial.
Le encargó tres sweaters por un valor total de $150.000, con la promesa de pagar en efectivo en el microcentro mendocino. Se llevó la mercadería con la excusa de que no tenía señal para hacer una transferencia. El pago jamás se concretó.
En octubre de 2024, fue detenida por este nuevo hecho y alojada en la Comisaría Cuarta. Pero ni siquiera el encierro momentáneo detuvo sus prácticas. Desde el calabozo contactó a otra mujer detenida, consiguió su número de teléfono y más tarde la llamó por videollamada.
Le dijo que había salido en libertad gracias a un contacto judicial que le había “limpiado” los antecedentes, algo falso: sólo se le había otorgado prisión domiciliaria. Le ofreció el mismo “servicio” a la otra interna a través de una supuesta gestora llamada Aldana. La víctima terminó transfiriendo $400.000 para lograr una excarcelación que nunca llegó. Al notar el engaño, radicó la denuncia.
Otro expediente reciente sostiene que en julio de 2024, Salinas contactó a una mujer que ofrecía el servicio de mesas dulces en Facebook. Esta vez se presentó como médica obstetra y esposa del fiscal Flavio D’Amore, especializado en delitos económicos.
Inicialmente. contrató un servicio para el cumpleaños de su hija y pagó. Pero en septiembre volvió a requerir el servicio, esta vez para un encuentro de amigas médicas, y no lo abonó. Luego convenció a la víctima de que podía facilitarle un tratamiento de fertilidad gratuito, pero debía pagar $1 millón para estudios previos.
La mujer accedió, fue citada a una clínica para un supuesto turno médico, que terminó siendo postergado una y otra vez. Tras varios intentos fallidos, la emprendedora presentó otra denuncia.
Por este último hecho, el 5 de mayo pasado la Justicia revocó la prisión domiciliaria de Salinas. El jueves siguiente, la jueza Mariana Gardey hizo lugar al pedido del fiscal Juan Ticheli y le dictó prisión preventiva.
Ahora, Salinas Videla permanecerá detenida mientras avanza el proceso judicial por los tres hechos más recientes. Su historial penal, sumado al riesgo de fuga y reiteración delictiva, fundamentaron la decisión de alojarla nuevamente en una cárcel de Mendoza. Las causas en curso podrían ampliar aún más su prontuario.
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