Una contadora de la ciudad de La Plata fue detenida tras ser acusada de liderar una organización involucrada en la emisión de facturas truchas por un monto superior a los 4 mil millones de pesos. Según la investigación llevada a cabo por la Dirección General Impositiva (ARCA-DGI) y Gendarmería Nacional, la red operaba desde hacía cuatro años y habría conectado con más de 100 empresas.
La sospechosa fue identificada como Natalia Romina Foresio, de 48 años. Su detención se produjo en el marco de una extensa investigación iniciada en mayo del año pasado luego de una denuncia de la DGI.
La contadora, presuntamente al frente de la organización, se encuentra acusada de asociación ilícita fiscal y es investigada por actividades como intermediación financiera no autorizada y lavado de activos. Se sospecha que desde 2020 hasta 2024, Foresio facilitó la creación de facturas falsas y reales para inflar gastos y créditos fiscales de empresas, principalmente ligadas al rubro de la construcción.
De acuerdo con las autoridades, las maniobras fraudulentas impactaron en tributos como el IVA y el Impuesto a las Ganancias, y constituyeron así una evasión fiscal a gran escala.
En el caso, además, hay grupos empresarios dedicados a la obra pública bajo sospecha. Según los investigadores, estos habrían utilizado el esquema para incrementar el costo de licitaciones, lo que conlleva una posible defraudación a la administración pública.
A través de un comunicado, las autoridades subrayaron la amplitud de la operación y su dispersión territorial en ciudades como Mar del Plata, Trelew, Esquel, Rawson y Córdoba, además de Buenos Aires. Por ello, no se descarta la participación de otros integrantes que pudieron haber colaborado en la logística y coordinación de tareas de las actividades delictivas.
Lo concreto es que la investigación que destapó lo que parece ser un complejo entramado delictivo, derivó en una serie de allanamientos ordenados por el Juzgado Federal N°3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak.
Los operativos se llevaron a cabo en domicilios de la capital bonaerense y de la Ciudad de Buenos Aires. Como resultado, se secuestraron documentos contables, archivos digitales y una gran suma de dinero en diversas divisas. Se encontraron $186.900.000, USD 348.000, un millón de pesos uruguayos, monedas en euros, 5.161 reales y 3.100 libras esterlinas.
Parte del dinero incautado fue hallado en una propiedad utilizada por una firma sospechada de realizar actividades financieras irregulares.
Los datos oficiales muestran que Foresio ingresó al sector de la construcción a mediados de 2018, cuando junto a su pareja estableció una sociedad de responsabilidad limitada.
Ahora, mientras el expediente avanza, se encuentra a la espera de ser citada a indagatoria.
Una condena reciente
El mes pasado, la Justicia Federal condenó a un abogado y un analista de sistemas por su involucramiento en una organización ilícita que facilitó la evasión de impuestos para 39 empresas mediante la venta de facturas falsas.
Adalberto Hugo Ceriotti, abogado, y Mario Daniel Hosain, analista de sistemas, recibieron una sentencia de tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 de San Martín determinó que, entre 2005 y 2010, ambos realizaron las maniobras que causaron un perjuicio multimillonario a las arcas públicas.
Básicamente, encabezaban una red de prestanombres que manipulaba impuestos, permitiéndoles a las empresas reducir su carga impositiva. Ceriotti, desde su estudio jurídico, se encargaba de la creación de sociedades ficticias, mientras que Hosain actuaba como enlace tecnológico, ofreciendo “soluciones impositivas” a través de correos electrónicos.
Según el tribunal, las operaciones fraudulentas provocaron un perjuicio fiscal calculado en 50 millones de pesos de la época. Al ajustar a valores actuales mediante el índice de la inflación, el daño económico supera los 22.605 millones de pesos.
Los jueces tuvieron en cuenta la ausencia de antecedentes penales de los acusados, por lo que finalmente aplicaron el mínimo legal previsto para este delito.
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