Se aprobó un protocolo para detectar casos de trata de personas en buques pesqueros extranjeros

“Los buques pesqueros extranjeros que operan cerca de la Zona Económica Exclusiva argentina presentan tripulaciones que podrían considerarse en situación de vulnerabilidad”, advierte el texto que se publicó esta medianoche en el Boletín Oficial. Así, el Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Patricia Bullrich, aprobó formalmente un nuevo instrumento orientado a combatir la trata de personas en el ámbito marítimo.

Según pudo saber Infobae, se trata del “Protocolo para la Prevención y Detección del Delito de Trata de Personas a bordo de Buques Pesqueros Extranjeros”, que regirá en forma exclusiva para las actuaciones de la Prefectura Naval y que fue acompañado por un anexo clasificado como reservado, denominado “Guía para las Preguntas Exploratorias”.

“La idea es tener siempre a la víctima como centro o eje del protocolo, su protección. Por eso, una vez que se la preserva, y consultado el juzgado interviniente; puede pedir ayuda, asilo o volver a su país”, explicó Martín Verrier, secretario de Lucha Contra el Narcotráfico y Crimen Organizado del Ministerio de Seguridad Nacional, a este medio.

La medida tiene como objetivo reforzar las capacidades operativas de los agentes en contacto con tripulaciones de buques de bandera extranjera que naveguen dentro de aguas jurisdiccionales argentinas o en alta mar.

La resolución cita como fundamento la necesidad de prevenir y sancionar la trata de personas, especialmente en escenarios de difícil acceso y escasa fiscalización.

El documento aprobado reconoce que la trata de personas constituye una violación grave de los derechos humanos, en tanto “ataca los valores y principios fundamentales de nuestra Constitución Nacional” y supone “la cosificación y sometimiento del ser humano”, afectando directamente su libertad y dignidad.

En ese contexto, se sostiene que el Estado tiene la obligación de intervenir tanto en la persecución penal de los autores como en la protección de las víctimas. Hay que recordar que hasta las 12 millas es territorio nacional y hasta la milla 200 rige para la explotación de recursos naturales y la regulación de la pesca.

“En ese contexto, se ha visto un incremento de la actividad económica de pesqueros extranjeros y donde se han dado casos de trata y explotación de personas: en altamar es trata laboral”, amplió el funcionario. Y agregó: “El interés va más allá de perseguir la pesca ilegal”.

El protocolo fue estructurado a partir de una amplia base normativa, como la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos complementarios, la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas, y el Convenio sobre el Trabajo en el Sector Pesquero, entre otras.

En los considerandos se destaca que los buques pesqueros extranjeros que operan cerca de la Zona Económica Exclusiva argentina constituyen un ámbito propicio para la explotación de personas debido a múltiples factores: desde las condiciones de aislamiento y la lejanía respecto del control estatal, hasta las barreras idiomáticas y los métodos de contratación mediante agencias que podrían ofrecer empleos engañosos.

La situación, según indica el documento, expone a las tripulaciones a riesgos crecientes de explotación laboral y delitos conexos, como la trata de personas.

En ese sentido, el nuevo protocolo incorpora herramientas específicas para la detección temprana de posibles víctimas en altamar. Se indica que el contenido aprobado será aplicado por personal de la Prefectura Naval en el ejercicio de sus funciones de control y fiscalización. Ya tenía un marco de acción en canales fluviales y marítimos, así como un protocolo de actuación para el rescate de víctimas.

Uno de los puntos salientes del texto es la referencia al carácter reservado del Anexo I, el cual contiene las preguntas exploratorias que deberá utilizar el personal interviniente para identificar situaciones sospechosas.

Aunque su contenido no fue difundido públicamente, el documento subraya que no se trata de una modificación de lo ya reglamentado, sino de una expansión complementaria que permitirá intervenciones más eficaces sin alterar los protocolos existentes.

Además de sus facultades en materia de seguridad de la navegación y jurisdicción administrativa, la Prefectura es también parte del Sistema de Búsqueda y Salvamento (SAR), lo que le permite actuar de forma inmediata ante emergencias.

Según indica la resolución, en la actualidad, esta fuerza da respuesta a más del 99% de los casos de auxilio en el mar, incluyendo aeroevacuaciones sanitarias de tripulantes en buques pesqueros de diversas nacionalidades.

A nivel mundial, según Global Fishing Watch, hay 128 mil casos de explotación laboral en el mundo. En nuestra región, no hay estadísticas. Pero lo que ha pasado en el puerto de Montevideo encendió las alertas, por la cercanía.

Por caso, en julio de 2023, un caso causó conmoción: una mujer que caminaba por la costa de Sauce de Portezuelo, cerca del Aeropuerto de Laguna del Sauce y de las playas de Punta del Este, encontró una botella que contenía un mensaje. Estaba escrito en un idioma que no entendía, pero había unas letras que reconocía: “SOS”.

La mujer entendió que se trataba de un pedido de auxilio y enseguida dio aviso a las autoridades de la prefectura de Maldonado, que derivaron el asunto a la Fiscalía. Hubo que recurrir a un traductor para entender lo que el texto decía: “Hola, soy tripulante del buque Lu Qing Yuan Yu 765, me encerraron en la compañía. Cuando veas este papel, por favor ayudame a llamar a la policía! Socorro-Socorro”.

No fue el único. En 2019, la organización OceanoSanos reveló nuevos datos sobre la situación en el principal puerto de Uruguay: en menos de dos meses “pesqueros extranjeros descargaron tres tripulantes fallecidos en el Puerto de Montevideo, dos de estos barcos son reincidentes”, aseguraron.