Tres mujeres que eran víctimas de explotación sexual fueron rescatadas por la Policía Federal Argentina (PFA) en una vivienda del centro de La Plata. La intervención fue realizada por el Departamento Trata de Personas, en el marco de una investigación judicial impulsada a partir de una denuncia presentada por vecinos. El procedimiento se desarrolló bajo la coordinación del Ministerio de Seguridad de la Nación y permitió desarticular un caso de trata de personas con fines de explotación sexual.
Según la información proporcionada por fuentes policiales a Infobae, las tres víctimas —dos de nacionalidad paraguaya y una ciudadana argentina— eran privadas de su libertad y obligadas a ejercer la prostitución. Las responsables del hecho, dos mujeres también paraguayas de 38 y 42 años, captaban a sus víctimas mediante engaños. Les ofrecían falsos empleos como acompañantes de adultos mayores, y una vez en el país, las forzaban a realizar servicios sexuales bajo condiciones coercitivas.

Las tareas de vigilancia permitieron confirmar la llegada constante de vehículos de alta gama al domicilio, cuyos ocupantes eran recibidos por mujeres en ropa interior. Con estos elementos de prueba, el Juzgado de Garantías N° 2, a cargo del juez Eduardo Silva Pelossi, autorizó el allanamiento de la vivienda. Durante el procedimiento se detuvo a las dos imputadas y se secuestraron cuatro teléfonos celulares, utilizados exclusivamente para coordinar encuentros con los clientes.
Las tres mujeres rescatadas recibieron asistencia y contención por parte del equipo profesional del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación.

El operativo fue coordinado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, en conjunto con la Unidad Fiscal de Instrucción N° 3 del Departamento Judicial La Plata, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic y la secretaria Laura Inés Romano.
Las detenidas quedaron a disposición del magistrado interviniente por presunta infracción a la ley 26.364 de “prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas”. La causa continúa bajo investigación.
Desbarataron una red de explotación sexual en Tucumán

Un total de siete mujeres fueron rescatadas la semana pasada por la tarde de un prostíbulo ubicado en la zona sur de Tucumán y por el hecho quedó detenida una mujer, señalada como la presunta dueña del lugar.
La investigación sobre la red de trata y explotación sexual inició en diciembre del año pasado y contó con la participación de la Fundación María de los Ángeles -en memoria de Marita Verón, quien salió de su casa el 3 de abril de 2002 y no volvió nunca más-. El abogado de la organización, Antonio Lucena, relató que todo comenzó a raíz de una denuncia formal ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
La acción, que incluyó allanamientos y una serie de investigaciones previas, culminó con la detención de una pareja acusada de regentear un domicilio que funcionaba como un espacio encubierto. Durante el operativo, también se rescató a una víctima de la organización, quien fue asistida de inmediato por el Programa de Asistencia a Víctimas de Trata de Personas del Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán.
La investigación comenzó hace cuatro meses y estuvo basada en diversas tácticas investigativas, como tareas de campo, escuchas telefónicas y el análisis de información relevante, lo que permitió identificar a los responsables de administrar un domicilio utilizado. De acuerdo con los informes oficiales, la pareja detenida utilizaba un portal web relacionado con la prostitución para publicar anuncios clasificados, facilitando el acceso de los clientes al lugar.
La mujer detenida desempeñaba un rol clave dentro de la red delictiva. Además de captar a otras mujeres para que participaran en las actividades ilegales, se encargaba de organizar los encuentros con los clientes y supervisar el funcionamiento del domicilio mediante cámaras de vigilancia. Los hombres que acudían al lugar contrataban los servicios a través de mensajes de texto y luego se presentaban en el inmueble.
En el marco del allanamiento, se incautaron diversos elementos esenciales para la investigación, tales como celulares, computadoras, dispositivos de almacenamiento de las cámaras de vigilancia, dinero en efectivo y varios vehículos, incluyendo dos camionetas y dos motos. La investigación continúa bajo la supervisión de la Fiscalía Federal N° 2, dirigida por Agustín Chit, y el Juzgado Federal N° 1, a cargo de Guillermo Díaz Martínez por subrogancia legal.
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