En el marco de la investigación por el desvío de fondos para combustibles que se viene llevando a cabo en Rosario desde hace meses y que salió a la luz en los últimos días, se conoció que la semana próxima imputarán a los 20 detenidos, dentro de los cuales se encuentran tres jefes de la fuerza.
En la causa, iniciada por el fiscal José Luis Caterina, de la Oficina de Violencia Institucional del Ministerio Público de la Acusación, colaboraron la Subsecretaría de Control del Ministerio de Justicia y Seguridad santafesino. Todo comenzó a mediados del año pasado a raíz de una denuncia anónima por correo postal. Al respecto, Caterina explicó: “Pudimos ver una malversación de fondos de mucha consideración. Estimamos alrededor de 45 millones de pesos que se sustraen lisa y llanamente de la corrupción. Se roba al Estado hablando mal y pronto”.
Está previsto que entre el lunes y el martes de la próxima semana Caterina presente las imputaciones contra los involucrados, dentro de los cuales se destacan subinspectores del Cuerpo Guardia de Infantería, del Comando Radioeléctrico, del Grupo Táctico Multipropósito y de División Logística; un comisario de Brigada de Orden Urbano; un inspector de Brigada Motorizada; una empleada de División Personal y un inspector de Policía de Investigaciones.
Ellos fueron identificados de la siguiente manera: J.A., F.T., S.L., R.S., J.P., J.V., el F.C., N.P., J.D., G.B. y F.C. En esta misma posición se encuentran varios jefes de Logística, Habilitación, Secretaría Privada, Garage de distribución de combustible, y Caballería y Perros, según la información del portal local La Capital.
A comienzo de esta semana, el Gobierno provincial intervino la Policía de Rosario, luego de haber ejecutado 38 allanamientos durante la mañana, incluyendo la estación de servicio, la vivienda de un abogado, entre otros domicilios particulares. El ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, detalló en conferencia de prensa que los operativos incluyeron el despacho del entonces jefe de la Unidad Regional II, Daniel Acosta, y de otros altos mandos. Si bien Acosta fue removido del cargo, no figura entre los sospechados y en su lugar, asumió como interventor el comisario retirado Claudio Romano, quien había comandado previamente la fuerza rosarina. Estará al frente de la unidad por un período inicial de tres meses, que podría extenderse en el caso de ser necesario. También se confiscaron teléfonos celulares como parte de las pruebas.
Además de los efectivos policiales, hay cuatro personas vinculadas a la estación de servicio Puma ubicada en Ovidio Lagos al 3900, señalada como epicentro de las maniobras irregulares, a través de la cual la empresa Gas Auto Tiferno operaba de manera fraudulenta. De acuerdo con lo indicado por el fiscal, a medida que el gobierno reforzaba con más móviles a la Policía de Rosario, se incrementaba la demanda y, por consiguiente, las partidas para combustibles. Así, “parte de la carga de móviles se concentró en una estación de servicio, cuyos propietarios están comprometidos”.
“Más allá de la magnitud económica, esto es una red de varias secciones policiales que tendieron a lucrar con algo tan sensible como la seguridad pública. La investigación sigue, aunque ahora se hizo un corte. Quiero reconocer al fiscal Caterina, al regional Matías Merlo y a la fiscal general Marías Cecilia Vranicich”, sostuvo el titular de la cartera de Seguridad.
Por su parte, el jefe de fiscales de Rosario, Matías Merlo, sostuvo que “hubo un perjuicio a la administración pública a través de diferentes maniobras, donde el personal se apropió de dinero con la carga de combustible”. Merlo remarcó que se trata de “un tipo de organización dentro de la estructura policial que usó sus atribuciones para perjudicar al Estado”. “Hubo un perjuicio a la administración pública a través de diferentes maniobras, donde el personal se apropió de dinero con la carga de combustible”, finalizó.
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