Vendían departamentos de pozo y nunca los terminaban: así operaba el clan de empresarios presos por la estafa inmobiliaria de Induplack

En su página web tenían más de 30 proyectos publicados. Eran todos edificios “en desarrollo” cuyos departamentos ya estaban a la venta para quienes quisieran comprarlos de pozo. “12 años de trayectoria y 800 unidades entregadas”, se lee todavía en el sitio web de la inmobiliaria Induplack, cuyos dueños ahora están procesados con prisión preventiva por estafar a sus clientes.

Se trata de Vito Antonio L’Abbate, Emanuel Andrés L’Abbate, Juan Ignacio L’Abbate, Santiago David L’Abbate y Patricio Gastón Flores, una familia de empresarios que -según determinó la Justicia- se dedicaba a cometer fraude con la venta de inmuebles en la ciudad de Buenos Aires.

Esta semana, la jueza Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 40, Paula González, los procesó a todos por integrar una asociación ilícita. Están acusados de recibir pagos anticipados y cuotas de los compradores, sin concluir las obras ni realizar los trámites de las escrituras.

Según se constató en la investigación impulsada por la fiscal Mónica Cuñarro, el modus operandi siempre era el mismo. Comenzaba con la firma del boleto de compraventa, a partir del cual los compradores/damnificados comenzaban a pagar las cuotas que debían ser destinados a la financiación y conclusión de las obras. Pero en realidad, quedaban a disposición de los dueños del negocio.

“Cuando se cumplía el plazo para la entrega y escrituración, en algunos casos las obras no habían concluido, otras ni siquiera habían comenzado, seguían en pozo, y, en otros, restaban los trámites registrales para su escrituración", se concluyó en un documento judicial.

Cuando los damnificados solicitaban explicaciones, los encargados de la inmobiliaria les respondían con evasivas para dilatar los plazos, por lo que la mayoría asumía su incumplimiento. Cuando comenzaban a indagar, se enteraban de que su misma unidad había sido vendida a otra persona.

En la causa se presentaron más de 40 víctimas de los L’Abbate. En Instagram, donde la inmobiliaria tenía más de 15 mil seguidores y publicaba fotos de sus unidades “en obra”, los damnificados crearon cuentas como “estafados por Induplack” o “Induplack miente” para exponer lo sucedido.

Las maniobras se habrían extendido entre 2012 y junio de 2024, de acuerdo a lo que determinó la Justicia, que dispuso la prisión preventiva para los acusados, la inhibición general de sus bienes y el embargo de uno de ellos por un monto de 905 millones de pesos.

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 16, conducida por Mónica Cuñarro, con la intervención de la auxiliar fiscal Andrea Martínez. Para la Justicia, los imputados habrían organizado e integrado una asociación ilícita, “económicamente sofisticada y jerárquicamente organizada”.

Para la fiscalía, el esquema evidenció un “plan de negocios destinado a generar ganancias ilícitas”, en el cual los fondos recibidos eran desviados en beneficio de los imputados o terceros, en perjuicio de los compradores.

Los procesados son Vito Antonio L’Abbate, Emanuel Andrés L’Abbate, Juan Ignacio L’Abbate, Santiago David L’Abbate y Patricio Gastón Flores. Cuatro de los imputados eran representantes legales y el restante, su apoderado y a su vez presidente de Icons Tech S.A.- “administraban supuestos fideicomisos para la construcción de inmuebles de propiedad horizontal”.

Tres de los procesados ya habían sido investigados y embargados en 2023 por maniobras similares, en causas donde se les imputaron hechos de “desbaratamiento de derechos acordados y estafa reiterada”, señaló el MPF. Además, se detectó que los involucrados habrían constituido al menos veinte sociedades adicionales del rubro de la construcción tras las primeras denuncias.

En ese sentido, señalaron que desde diciembre de 2024, más de cien nuevas causas se sumaron en el mismo juzgado contra los imputados. Para el Ministerio Público es muestra se llevaban adelante una operatoria persistente y deliberada, con el objetivo de eludir a la Justicia y continuar con las maniobras fraudulentas.

La jueza González consideró probado que se trató de una organización jerárquica y estructurada con el propósito de “desplegar conductas delictivas de manera sistemática y prolongada en el tiempo”. Por ello, los procesó por asociación ilícita —uno de ellos como jefe— y como coautores del delito de estafa reiterado.

Les imputó “haber organizado y tomado parte en una asociación o estructura criminal signada por el propósito colectivo de desplegar conductas delictivas de manera sistemática y prolongada en el tiempo”.

“Con esas preventas, Induplack Fiduciaria S.A. se aseguró la rentabilidad de cada proyecto, atrayendo a los compradores; quienes utilizaban sus ahorros para aprovechar los planes de pago en cuotas que les eran ofrecidos para la adquisición de alguna de las unidades resultantes de la concreción de esos proyectos inmobiliarios”, agregó la magistrada.

“Sin embargo, no obstante haber recibido los fondos suficientes como para cubrir el costo de la construcción; los imputados desviaron el dinero recibido en su propio beneficio y/o de terceros, perjudicando los derechos de los beneficiarios, que nunca pudieron tomar posesión ni escriturar en término las unidades funcionales que habían comprado”, indicó la jueza.