$115 millones en cheques sin fondos: los acusados de la megaestafa Induplack se negaron a responder las preguntas de la Justicia

Desde el año 2012, según la acusación en su contra, la empresa Induplack operó en el creciente mercado inmobiliario porteño, con ofertas de obras de pozo con cuotas pesificadas que resultaban tentadoras para pequeños inversores, personas que tras años de ahorro deseaban tener su casa. Induplack, regenteada por el patriarca Vito Antonio L’Abbate, sus hijos Emanuel Andrés L´Abbate, Santiago L´Abbate, Juan Ignacio L’Abbate y su apoderado Patricio Gastón Flores, operaba con dos brazos. Primero, con Induplack misma, la firma inmobiliaria. En paralelo, Induplack Fiduciaria SA actuaba en carácter, precisamente, de fiduciaria y administraba los fideicomisos. Ofrecieron, por lo menos, 13 obras en su esquema, a lo largo de diversos barrios porteños, en calles como Caaguazú, Ruiz Huidobro, la avenida Rivadavia.

Con el tiempo, las demandas y causas judiciales comenzaron a apilarse. Induplack no entregaba. En el fuero civil, sus compradores los enfrentaban por daños y perjuicios y escrituración. En redes sociales, directamente, los escrachaban. Infobae reveló el caso a fines de diciembre pasado, investigado por la fiscal Mónica Cuñarro, con una causa bajo la firma del Juzgado N°40.

En su expediente, Cuñarro acumuló 34 denuncias en el fuero criminal porteño, presentadas entre 2024 y 2025, con 40 damnificados, varios de ellos constituidos en diversas querellas, para formar una megacausa bajo las figuras de asociación ilícita y estafa. El 8 de octubre último, la Sala VII de la Cámara Criminal y Correccional integrada por Juan Esteban Cicciaro y Ricardo Matías Pinto confirmó los procesamientos de los acusados, con un embargo colectivo que superó los $700 millones. La fiscal, por otra parte, sumó dos nuevos imputados al expediente, dos nuevos imputados vinculados a una inmobiliaria porteña.

Induplack Fiduciaria, mientras tanto, sangraba por la herida. Datos del Banco Central revelaban que la firma había emitido 61 cheques sin fondo durante los últimos dos años por más de $115 millones. Con el tiempo, parte de esa deuda fue cancelada. Vito L’Abbate, de 65 años, según las mismas fuentes, se encuentra vinculado a otros nueve millones de pesos en cheques sin fondos en el mismo período.

Entre el 20 de febrero y el 10 de marzo último, al menos cinco de los acusados se presentaron a la cita en Tribunales. La reticencia a responder preguntas fue notable. Según documentos judiciales a los que accedió Infobae, Flores, Santiago, Emanuel y Vito L’Abbate se negaron a responder preguntas. Todos ellos ofrecieron realizar un descargo por escrito; Santiago L’Abbate presentó el suyo en el acto.

La fiscal Cuñarro no quedó satisfecha con esto. El 27 de marzo último, la fiscal pidió al Juzgado N°40 que se amplíen las indagatorias y se inhabiliten los CUIT de los acusados. Además, sumó a dos imputados nuevos, parientes entre sí, vinculados a una inmobiliaria de Villa Crespo que, según denuncias de las víctimas, operó con Induplack. Los damnificados apuntaron en sus relatos directamente a ellos; aseguraron haberles realizado pagos en dólares para departamentos que nunca recibieron e incluso reunirse con Flores en sus oficinas. Cuñarro pidió el procesamiento para estos dos nuevos acusados.

Un documento judicial del caso detalla la acusación:

“Una vez firmado el boleto de compraventa, los compradores/damnificados comenzaban a pagar las cuotas. Esos aportes, que se ponían a disposición de la fiduciaria, debían ser destinados a la financiación y conclusión de las obras integrantes de los diferentes encargos fiduciarios”.

“Sin embargo, cuando se cumplía el plazo para la entrega y escrituración, en algunos casos las obras no habían concluido, otras ni siquiera habían comenzado, seguían en pozo y en otros, restaba los trámites registrales para su escrituración”, aseguró Cuñarro: “Es así que cuando los damnificados solicitaron explicaciones, se les respondía con evasivas para dilatar los plazos. Tal es así, que enviaban cartas documentos que no eran respondidas, muchas veces asumían su incumplimiento y se les informaba que había sido vendida a otra persona e, incluso, algunos damnificados se constituían en la unidad funcional con un escribano y constataban que ya se encontraba ocupado”.