A partir de los incidentes ocurridos durante la última marcha de los jubilados, el Gobierno estableció una serie de medidas en contra de los barras bravas que participaron. Además de pedir el allanamiento y detención de 29 personas, también se les prohibió el ingreso a las canchas. Ahora, se ofrece una recompensa de 10 millones de pesos para quien aporte datos que permita identificar a quienes promovieron los disturbios en el Congreso.
Este miércoles a la medianoche se publicó la Resolución 357/2025 en el Boletín Oficial, donde se estableció la recompensa por datos que permitan identificar a los barras bravas que generaron distintos hechos de violencia, que van desde enfrentamiento contra la policía a la quema de contenedores y patrulleros.
En el artículo 1 de la resolución se estableció: “Ofrécese como recompensa, dentro del territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA, la suma de PESOS DIEZ MILLONES ($10.000.000), destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles, precisos y concretos que permitan identificar y lograr la captura de los autores y responsables de haber promovido disturbios y delitos en la zona del Congreso Nacional el 12 de marzo de 2025″.
En la resolución se aclaró que aquellas personas que cuenten con información podrán comunicarse telefónicamente con la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los poderes judiciales y los ministerios públicos.
En cuanto a la medida tomada, la resolución que lleva la firma de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich sostiene que durante la marcha ocurrida el pasado 12 de marzo, “grupos organizados y “barras bravas” de diferentes parcialidades futbolísticas, con la excusa de apoyar una manifestación de personas jubiladas, promovieron disturbios con fines desestabilizadores en la zona del Congreso Nacional".
Al respecto, aclaró que dichos grupos “nada tenían que ver con una convocatoria de personas mayores de edad jubiladas, una vez que arribaron a la zona del Congreso Nacional, comenzaron a agredir a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales con empujones, golpes, piedras, armas blancas y armas de fuego".
La necesidad de establecer una recompensa para identificar a los agresores se debe a que “los precitados grupos violentos, incendiaron una moto policial y un patrullero, pertenecientes a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, dañaron bienes públicos -entre los cuales se cuentan NUEVE (9) vehículos- y lesionaron a más de una docena de efectivos policiales”.
Por tal motivo, se consideró que es “claro y evidente que los referidos grupos ejercieron actos de violencia de extrema gravedad, de forma premeditada y organizada, puesto que arribaron a la zona del Palacio del Congreso de la Nación munidos de instrumentos contundentes, armas blancas, armas de fuego, clavos de tipo “miguelito”, elementos para iniciar incendios, entre otros objetos inequívocamente destinados a agredir, a causar daños y a lesionar", sostuvo Bullrich en la resolución.
Tras detallar la modalidad y elementos usados contra las fuerzas de seguridad, se reafirmó que se trató de “una movilización organizada con el objetivo de impedir el ejercicio de las facultades del Poder Ejecutivo Nacional, según lo tipificado en el artículo 226 del Código Penal de la Nación”.
Bajo dicho marco legal, se planteó que el accionar de los barras bravas corresponde a una concentración que “constituyó una “reunión de personas armadas” que, bajo el pretexto de atribuirse derechos del pueblo y peticionar en su nombre, buscó impedir que las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales ejercieran sus funciones, en concordancia con los artículos 229 y 230 del Código Penal".
Ante la situación presentada, se remarcó que es necesario y urgente identificar a los autores de los delitos mencionados dado que se trata de “un caso de gravedad institucional con trascendencia a nivel nacional e internacional” con impacto en la seguridad nacional. Por ende, se indicó que es de vital importancia para el Poder Ejecutivo “garantizar el orden público y estabilidad institucional”.
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