Cuatro integrantes del Escuadrón 21 de la Gendarmería Nacional fueron imputados y cumplen prisión preventiva por el crimen de Ivo Rodrigo Torres, el joven de 22 años asesinado durante una persecución en La Quiaca, Jujuy. La fiscalía los acusa de homicidio doblemente agravado por alevosía y por haber sido cometido por miembros de una fuerza de seguridad.
El fiscal federal Sebastián Jure formalizó la imputación el 9 de febrero pasado ante la jueza de Garantías Nº 2 de Jujuy, Carina Gregoraschuk, quien ordenó la prisión preventiva de los acusados por cuatro meses.
El caso quedó luego en manos del fiscal Federico Zurueta, de la Unidad de Investigación y Litigio de Casos Complejos.
Torres, quien residía en el paraje Campo Grande, en el departamento de Susques, ingresó en motocicleta a La Quiaca en la mañana del 6 de febrero pasado. Los gendarmes iniciaron la persecución contra la víctima luego de que presuntamente desoyera la voz de alto.
La reconstrucción del caso indica que el joven recorrió aproximadamente 2,5 kilómetros antes de ser alcanzado en el barrio Praderas del Norte.
Según los informes oficiales, los agentes efectuaron disparos al aire como advertencia, pero la fiscalía sostiene que los disparos que impactaron en Torres fueron efectuados directamente contra él. Cuando el personal médico llegó al lugar, Torres ya había fallecido.
La autopsia reveló que los impactos de bala se localizaron en la espalda y en la pierna izquierda. Peritos judiciales secuestraron las armas de los cuatro gendarmes, los cargadores y vainas servidas encontradas en la escena, además de realizar pruebas para detectar residuos de pólvora en los uniformados.
Los efectivos acusados son el subalférez Alexander Gunther, el sargento Walter Daniel Álvarez y los cabos Juliana Carina Enciso y Marcos Wisniewski. La fiscalía considera a Álvarez como el principal responsable, ya que su arma presentaba menos proyectiles en el cargador en comparación con las del resto de los gendarmes.
En la audiencia de formalización, la fiscalía argumentó que las pruebas recabadas incriminan directamente a los imputados, por lo que solicitó la prisión preventiva, medida que fue confirmada el 19 de febrero pasado por la Sala I de revisión judicial. Entre los elementos considerados, se destacó la gravedad del delito, el riesgo de fuga y el entorpecimiento de la investigación.
La causa está actualmente en manos del fiscal federal Federico Zurueta. Dos de los gendarmes imputados, Gunther y Enciso, solicitaron ampliar su declaración y aportaron nuevos elementos. Se espera que el sargento Álvarez también declare en los próximos días.
El expediente continúa en etapa de instrucción y las próximas semanas serán clave para determinar la responsabilidad penal de los imputados. La fiscalía podría solicitar nuevas medidas de prueba, incluyendo peritajes sobre las cámaras de seguridad cercanas al lugar del hecho.
El debate también incluye la legalidad del procedimiento. Aunque el ingreso de mercadería sin declarar al país constituye contrabando, no hay pruebas de que Torres haya cruzado por un paso no habilitado, ni de que los gendarmes lo hubieran visto hacerlo.
Quién era Ivo Rodrigo Torres
De acuerdo con lo informado por medios locales, Torres vivía en el paraje Campo Grande y pertenecía a la comunidad del pueblo kolla de San Juan de Quillacas, en el departamento Susques.
“La población (a la que pertenece Ivo) es parte de una comunidad aborigen. Es una zona muy dura, muy castigada. Por lo que sabemos, estudiaba Turismo e iba entregando pueblo por pueblo. Con eso, aparentemente, bancaba sus estudios”, aseguraron las fuentes consultadas.
En diálogo con Jujuy Dice, su tía, Aurora Choque, había declarado que el joven había viajado a La Quiaca para adquirir hojas de coca, un producto de consumo habitual en su comunidad.
Según una alta fuente judicial citada por Infobae, Torres "no era ningún Pablo Escobar“, en referencia a que el joven no tenía vínculos con el narcotráfico.
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