La investigación por la desaparición de Paula Perassi continúa abierta. La mujer fue vista por última vez el 18 de septiembre de 2011 cuando salió de su casa en San Lorenzo, tras recibir un llamado telefónico. Al día siguiente su pareja realizó la denuncia dado que no tenían novedades de la mujer, que para ese entonces estaba cursando un embarazo. Este miércoles, los investigadores recibieron una alerta por posibles rastros de la joven desaparecida en un domicilio de la localidad santafecina de Ricardone.
Según indicó el portal Rosario 3, el operativo se llevó a cabo durante la mañana en la calle Villate al 200, en una vivienda que pertenece al ex comisario Adolfo Daniel Puyol, uno de los cinco uniformados que estuvo imputado en la causa, por presunto encubrimiento. Se utilizó un radar de geolocalización y de movimiento de suelos, que en principio no arrojó datos reveladores. Sin embargo, el fiscal a cargo del caso, el Dr. Aquiles Balbis, determinó que la información obtenida sea analizada con un software especial para obtener conclusiones más precisas.
En 2019, la Cámara de Apelaciones de Rosario condenó al empresario Gabriel Strumia, a 17 años de prisión, y a su esposa, a 7, como partícipe secundaria. Lo consideró penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad coactiva, agravada por tratarse la víctima de una mujer embarazada. Perassi y Strumia mantenían una relación sentimental, cuyo fruto habría sido el bebé que estaba por nacer antes de la desaparición de la mujer. En 2020, un tribunal integrado por José Luis Mascali, Bibiana Alonso y Gabriela Sansó confirmó la sentencia.
En septiembre de 2011, la desaparición de Paula Perassi, una mujer de 34 años de la localidad santafesina de San Lorenzo, conmocionó a la comunidad. Según se descubrió durante la investigación, Perassi mantenía una relación clandestina con Gabriel Strumia, un empresario de Puerto San Martín, quien se presume era el padre del hijo que ella esperaba. La última vez que se la vio fue cuando salió de su casa y desde entonces su paradero es desconocido.
La investigación judicial reveló que Paula no tenía intenciones de abortar, como lo expresó en una conversación privada en Facebook con un amigo de Strumia: “No voy a poner en riesgo mi vida para dejar felices a otros.” Sin embargo, los fiscales Ramón Moscetta y Donato Trotta acusaron a Strumia y a otras ocho personas de haber planeado su secuestro para forzarla a abortar, lo que habría resultado en su presunta muerte y la desaparición de su cuerpo.
Entre los acusados se encontraban Roxana Michl, esposa de Strumia, un empleado llamado Antonio Díaz, y la partera Mirta Rusñisky. Además, cinco efectivos policiales fueron implicados por encubrimiento y destrucción de pruebas: Gabriel Godoy, Aldo Gómez, María Galtelli, Jorge Krenz, y el ex jefe de la Agrupación Cuerpos, Adolfo Daniel Puyol. Todos enfrentaron juicio bajo prisión preventiva.
Un tribunal de Rosario confirmó en 2020 la condena al matrimonio Strumia. “Habiendo tomado contacto directo con la actividad probatoria, estamos en condiciones de decir que a lo largo de las audiencias que el Estado no logró a través de sus fiscales y de la querella, probar con la certeza necesaria en esta etapa que las personas acusadas son culpables de los delitos que se les atribuyen,” dijo la jueza a cargo del caso, respecto al empleado, la partera y los efectivos policiales, quienes fueron absueltos.
El caso de Paula Perassi se complicó aún más debido a la falta de pruebas concluyentes sobre la paternidad del bebé, ya que su cuerpo nunca fue encontrado. Sin embargo, los registros de llamadas telefónicas y mensajes de texto sugieren que Strumia podría haber sido el padre. La acusación formal incluyó cargos de aborto no consentido, seguido de muerte y privación ilegítima de la libertad, mientras que los policías enfrentaron cargos de encubrimiento y falsedad ideológica.
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