En el marco de una investigación internacional contra la explotación sexual de niños y adolescentes, en las últimas horas realizaron 48 allanamientos en distintos puntos del país que resultaron en la detención de seis personas por delitos relacionados con la tenencia, producción y distribución de material de abuso sexual infantil. Los procedimientos estuvieron coordinados por la Unidad Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (UFEDyCI), que conduce la fiscal Daniela Dupuy, y la Fiscalía PCyF Nº17 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Tomás Vaccarezza.
El operativo, que se extiende más allá de las fronteras argentinas bajo el nombre “Aliados por la Infancia IV”, incluye acciones simultáneas en Panamá, República Dominicana, Perú, Puerto Rico y Costa Rica. En Argentina, además de la Ciudad de Buenos Aires, se realizaron intervenciones en 14 provincias, entre ellas Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán y Buenos Aires.
La operación se apoya en tecnologías avanzadas como las plataformas Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System (ICACCOPS) y Sistema de Protección de la Infancia (CPS), dos sistemas estadounidenses que permiten rastrear a usuarios de redes P2P involucrados en la distribución de material ilegal.
A través de un comunicado, además, desde el Ministerio Público Fiscal porteño, a cargo del fiscal general Juan Bautista Mahiques, resaltaron el valor de los reportes de la ONG National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) para identificar direcciones IP vinculadas al tráfico de este tipo de contenido, facilitando la identificación de los responsables.
En ese sentido, señalaron que el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del MPF de la Ciudad llevó a cabo un seguimiento de más de 100 reportes NCMEC y usuarios de redes P2P, tanto en Argentina como en los otros países involucrados.
Mediante la información recabada se llegó así a numerosos usuarios y las ubicaciones desde donde se realizaban las conexiones, derivando estos datos a las jurisdicciones correspondientes.
En los allanamientos a domicilios ubicados en territorio porteño participaron efectivos de la División Delitos Informáticos contra Niños, Niñas y Adolescentes de la Policía de la Ciudad, la División Delitos Cibernéticos contra la Niñez y Adolescencia de la Policía Federal, el Escuadrón de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Buenos Aires” de Gendarmería Nacional y la División Investigaciones de Ciberdelitos de Prefectura Naval Argentina.
Los dispositivos electrónicos secuestrados en los operativos serán analizados próximamente.
Antecedente
Recientemente, en la provincia de Buenos Aires se desarrolló otro megaoperativo contra redes de explotación sexual infantil en línea en el que 70 menores de edad fueron rescatados. En total, 20 personas resultaron detenidas, mientras que 112 individuos quedaron imputados tras realizarse 115 allanamientos en 65 ciudades bonaerenses.
Del aquel procedimiento, denominado “Operación Protección de las Infancias IV,” participaron la Policía Federal Argentina y las fuerzas policiales de la provincia y ciudad de Buenos Aires, bajo la coordinación del Ministerio Público bonaerense. Fueron más de 1.140 los efectivos que se desplegaron para desarticular redes que operaban en la producción y distribución de material de abuso sexual infantil. La operación concluyó con la incautación de cientos de dispositivos de almacenamiento, teléfonos y armas de fuego en múltiples localidades.
Uno de los lugares allanados fue la cárcel de Florencio Varela, donde la policía descubrió que dos celdas habían sido acondicionadas como “búnkeres” para almacenar y distribuir imágenes de abuso sexual infantil. Allí, los oficiales hallaron varios celulares y una computadora que los internos utilizaban para gestionar el tráfico de contenido ilegal. Los investigadores señalaron que los integrantes de esta red habían instalado una aplicación que simulaba ser una calculadora, pero en realidad permitía el acceso a carpetas ocultas donde almacenaban las imágenes y videos.
Según fuentes judiciales, los internos solicitaban a sus víctimas –todas menores de edad– que enviaran material de abuso, con el cual luego extorsionaban a las víctimas a cambio de no divulgar el contenido. A su vez, los detenidos compartían este material con otros presos y usuarios externos mediante la misma aplicación.
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